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La reforma previsional sigue avanzando con temas que no generan mayor discusión, como el aumento del techo de cotización, el seguro contra las brechas previsionales y un mecanismo simplificado para los independientes, entre otros. Parece una decisión acertada empezar por los puntos sobre los que podría haber mayor consenso.
Sin embargo, las otras cuestiones deberían analizarse en breve. Uno de ellos será la fórmula de un “préstamo solidario” del 2% de los puntos de aportación adicionales. Estos fondos se utilizarán para pagar beneficios al actual sector pasivo y se señala que se devolverían con una tasa de interés de UF más 2% anual. Estos recursos, extraídos de los aportes de los trabajadores, permitirían al Estado financiar diversas prestaciones a los actuales pensionados, generando la llamada “solidaridad contributiva”. Hoy nuestro sistema ya es solidario, pero con una solidaridad que no se financia con cotizaciones.
¿Las condiciones que se pretende imponer por ley son justas para el sector activo, que verá disminuido su ahorro personal en estos dos puntos?
Desde el punto de vista del Estado todo parece muy conveniente. Un préstamo se obtendría necesariamente en condiciones que no están disponibles en el mercado, y el Tesoro se ahorraría los intereses que pagaría si se financiara con un crédito común. A cualquiera le gustaría acceder a grandes recursos en estas condiciones.
En la otra cara de la moneda, desde el punto de vista del aportante al que necesariamente se le descuentan estos dos puntos, la rentabilidad ofrecida no compensa la pérdida de rentabilidad. Según el informe a agosto de 2024 de la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad real del Fondo C, de 2002 a 2024, es de 4,12%; mientras que el acumulado este año es del 4,17%. Es decir, todos los trabajadores a los que se les desconten esos dos puntos, y luego se los devuelvan con un exiguo 2%, se les privará de la diferencia entre esa cifra y la rentabilidad real del sistema, lo que equivale a decir que esa diferencia será “ expropiados” para financiar políticas sociales.
El préstamo apunta a dotar al Tesoro de recursos de bajo costo, que se restarán de los aportes de los trabajadores formales, a quienes se les dará un retorno muy inferior al que habrían obtenido si los hubieran invertido en sus cuentas individuales. Si ya es dudosa la justicia de forzar la solidaridad de los contribuyentes hacia los pensionistas de hoy, hay aún más dudas que ofrece un “descuento solidario” de los contribuyentes al Tesoro. Además, claramente, la propuesta no es equilibrada, si el único que paga esta solidaridad es el sector activo formalizado, es decir, poco más del 70% de los trabajadores actuales.
Para colmo, no existe mayor seguridad en la devolución de ese préstamo a los aportantes, sentimiento que se creía superado luego de que se descartara la idea de las “cuentas nocionales” del proyecto original por su falta. de apoyo político y, por la misma razón, una cosa del pasado.
Parece que, por ahora, no hay manera mejor y más justa de financiar la solidaridad que hacerlo juntos, a partir de los impuestos generales.