Economia
Propuesta de norma de la subcomisión de Derechos Económicos protege el derecho de propiedad
Si bien a la medianoche de este viernes venció el plazo para ingresar la propuesta de reglamento que será analizada y votada en general por el Pleno de la Comisión Pericial, las subcomisiones ya enviaron sus respectivas iniciativas a la Secretaría en un extenso documento de 152 páginas. En este contexto, es particularmente interesante la propuesta de la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, acordado por los integrantes del organismo encabezado por la Comisionada Alejandra Kraussa la que tuvo acceso Diario Financiero.
El texto de nueve páginas contiene un único artículo que hace referencia al Capítulo II del anteproyecto del nuevo texto constitucional sobre “Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales” y es producto de una larga negociación entre los integrantes de la instancia que requirió un esfuerzo especial para llegar a acuerdos con miras a elaborar un texto que aspire a orientar los destinos de Chile durante varias décadas.
Para uno de los miembros del subcomité, el representante del RN Jaime Arancibia El resultado de las negociaciones que dieron origen a esta propuesta “es un muy buen acuerdo que sienta las bases para el desarrollo socioeconómico del país durante las próximas décadas. Consigue compatibilizar las demandas ciudadanas en materia de salud, trabajo, educación y seguridad social con las libertades, derechos y seguridades jurídicas imprescindibles para el crecimiento económico que permita satisfacerlas”.
Rol del Estado y derechos de propiedad
En este sentido, la propuesta, que está sujeta a mejoras y/o modificaciones en plenaria, no modifica sustancialmente la Carta Fundamental vigente, incluso reforzando -en opinión de algunos- el principio de subsidiariedadya que en cuanto al papel del Estado en el campo económico, la propuesta establece que Tanto el Estado como sus organismos podrán realizar actividades empresariales o participar en ellas sólo si lo autoriza una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio.. No obstante, estas actividades estarán sujetas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que, por causas justificadas, establezca una ley del mismo quórum.
El texto establece, entre otras cosas, la libertad para adquirir la propiedad de toda clase de bienes, salvo las que la naturaleza haya hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a toda la Nación y así lo declare la ley. Y que una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, cuando así lo exija el interés nacional, podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
Además, protege los derechos de propiedad en sus diversas clases sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y, en este sentido, establece que el dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por garantía constitucional y que el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público.
Incluso va más allá, estableciendo que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos conforme a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellas.
competición libre
Por otra parte, este capítulo establece que el El Estado reconoce el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier clase y se garantiza, además, la propiedad industrial sobre patentes de invención, marcas, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones similares, por el tiempo que establezca la ley.
Y no menos importante, establece la deber del Estado de promover y defender la libre competencia en las actividades económicas y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, el orden público o la seguridad de la Nación, de conformidad con la ley.
Seguridad Social
El documento también establece claramente la derecho a la seguridad social y que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones básicas y uniformes establecidos por la ley, protegiendo a las personas de las contingencias de vejez, invalidez, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, desempleo, seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio de las demás contingencias que establezca la ley. Además, el legislador podrá establecer contribuciones obligatorias.
Y es categórico en eso los recursos con que se financia la seguridad social sólo podrán ser utilizados para financiar y administrar sus prestaciones, siendo deber del Estado supervisar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Y las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio.
En materia laboral, la propuesta asegura la libertad de asociación, que incluye el derecho a sindicalizarse, a la negociación colectiva y a la huelga. Además establece que nadie puede ser obligado a unirse o desafiliarse de organización sindical y que la Constitución garantiza a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus intereses, el cual será ejercido en el marco de la negociación colectiva en el marco de las leyes que la reglamenten. Aunque aclara que quienes integran la Policía y las Fuerzas Armadas no podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho de huelga.
Por otra parte, limita este derecho únicamente respecto de las personas que laboran en sociedades o empresas que presten servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause daños graves a la salud, la vida y la seguridad de las personas.
Libre elección en salud
En materia de salud, la ley podrá establecer contribuciones obligatorias y las personas podrán elegir el régimen de salud al que se suscriben ya sea estatal o privada.
también se reconoce derecho y deber prioritario de las familias a elegir la educación de sus hijos o alumnos, sirviendo a su mejor interés. Corresponderá al Estado otorgar protección especial al ejercicio de este derecho. Y la enseñanza técnica superior y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad con la ley, sin perjuicio de otras formas de financiación y que la asignación de los recursos públicos deberá seguir criterios de calidad, respeto a la libertad de enseñanza y razonabilidad, respetando la autonomía de los superiores. instituciones educativas.
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