Hernán Cheyre
La Agenda de Productividad difundida recientemente por el Ejecutivo se enmarca en una línea que mantiene lo esencial de lo planteado por los sucesivos gobiernos sobre la materia, lo cual es positivo, porque da cuenta de una relativa continuidad en general. En este caso, no se advierte un enfoque rupturista o refundacional. Las más de 40 medidas contenidas en esta nueva Agenda abordan de manera efectiva temas que desde hace mucho tiempo frenan el desarrollo productivo del país.
Cierto es que faltaron otros, como manifestaron dirigentes sindicales que participaron en las mesas de trabajo convocadas por el Gobierno para tratar estos temas. Pero esto no debe ser óbice para que, evaluados por sus propios méritos, puedan incorporarse oportunamente, más aún considerando que se trata de una carta de navegación de corto, mediano y largo plazo, que en esencia no puede ser estática, sino que debe tener la capacidad de adaptación para enfrentar los desafíos y emergencias que se presentan con el tiempo.
Pero dicho lo anterior, y considerando la urgente necesidad de dar señales concretas que permitan que la confianza de los inversores empiece a recuperarse, la Agenda adolece precisamente del problema contrario: muchas medidas, que abarcan un amplio espectro, lo que nos impide centrarnos adecuadamente en lo que requiere una solución más urgente en el corto plazo, y que es fundamental como señal para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos.
Por lo tanto, sería recomendable que el Gobierno, en conjunto con los principales actores productivos, defina una lista más reducida a la que pueda otorgar un carácter de vía rápida para lograr su implementación efectiva en plazos predefinidos, única forma de darle a este conjunto de propuestas la sentido de urgencia que se merecen. Vale recordar, a modo de ejemplo, que las medidas propuestas incluyen la liberación del cabotaje marítimo y la modernización del sistema notarial, ambas ya propuestas durante la primera administración del presidente Piñera, cuyo proceso legislativo continúa estancado por la falta de voluntad política para avanzar y/o por la influencia que ejercen grupos de presión con capacidad para frenar iniciativas de esta naturaleza.
En consecuencia, no hay nada nuevo en propuestas de este tipo, siendo el principal reto lograr un compromiso efectivo de las diferentes fuerzas políticas para desbloquear estos proyectos. Si el Gobierno lo consigue, sería un gran paso adelante, pero proyectos de este tipo avanzan a ritmos diferentes.
¿Qué se debe priorizar? En definitiva, todo lo que permita agilizar la aprobación de proyectos de inversión, tanto en términos de plazos y seguridad jurídica respecto de la vigencia de lo que se está aprobando en las distintas instancias, como de medidas concretas para mejorar la competencia en los distintos mercados. -factor clave para promover la innovación, al facilitar que los nuevos entrantes “desafíen” a los titulares.
¿Y cuál es el gran ausente en esta nueva Agenda? La más ingrata: una reforma al aparato estatal que permita un mejor aprovechamiento de los cuantiosos recursos que recibe anualmente para la ejecución de los distintos programas, cuyas carencias son conocidas. Ahí sí que hay mucho por avanzar en términos de productividad, pero ¿estará dispuesto el Gobierno a ponerle el cascabel al gato?
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