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Un importante obstáculo superó este martes el proyecto del Ejecutivo que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, también conocido como iniciativa antievasión y elusión, que busca recaudar el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen.
La Cámara del Senado aprobó los principales artículos de la propuesta, que fueron resultado de un acuerdo entre los senadores de la Comisión de Hacienda y el ministro del ramo, Mario Marcel, y que implicó cambios en el secreto bancario, el denunciante anónimo, la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII) y a la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA).
Se emitieron normas como la exigencia de que los bancos inicien actividades para otorgar préstamos a empresas; que se requiere un certificado que acredite la adquisición de bienes de vendedores habituales de bienes; las normas relativas a los denunciantes anónimos; y el 92 ter, que establece nuevos controles del SII sobre operaciones de alto valor.
Así, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite a realizarse este miércoles, enfrentando un escenario complejo por la falta de consenso al interior del propio oficialismo y las críticas de la oposición al acuerdo alcanzado en la Cámara Alta. De ser rechazados los artículos aprobados por el Senado, se formará una comisión mixta para dirimir las diferencias entre ambas cámaras.
El despacho de este proyecto es de primer orden para el Ejecutivo, ya que si el proceso no se completa antes del próximo lunes 30 de septiembre, los nuevos recursos que ingresarán al Tesoro el próximo año no podrán ser considerados en la ley de Presupuesto 2025. , que precisamente el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados a más tardar el próximo lunes.
Lo primero que se debe enviar
Después de unas tres horas de discusión por parte de los senadores sobre el fondo del proyecto, se votaron primero las normas que no fueron objeto de indicaciones ni votaciones separadas.
Aquí se vio parte importante de la iniciativa como es el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), permitiéndole, por ejemplo, representar legalmente a los contribuyentes en procesos ante el SII y también ante la Aduana y la Tesorería General de la República. .
También recibió luz verde la modernización de la Hacienda y de los Tribunales Fiscales y Aduaneros (TTA). Los nuevos controles a las operaciones donde intervienen precios de transferencia también obtuvieron votos favorables; la definición y supervisión de grupos empresariales; las nuevas condiciones para que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) accedan a mejores condiciones para acuerdos de pago de deuda tributaria; y el nuevo procedimiento para agilizar el levantamiento del secreto bancario, manteniendo como criterio que el SII debe acudir a un juez, pero con excepciones en casos más graves donde el banco no informará al contribuyente del proceso.
Los artículos polémicos
A pesar del progreso inicial, todavía quedaba un largo camino por recorrer para el proyecto, ya que los senadores solicitaron una serie de votaciones por separado sobre los artículos relevantes.
Por ejemplo, una serie de aspectos relacionados con la aplicación de la NGA debieron ser sometidos a la aprobación del Tribunal, que seguirá estando en los tribunales. Es decir, será un juez fiscal quien definirá si un caso es esquivo o no, y no directamente por el SII como planteaba el proyecto original del Ejecutivo.
A pesar del mayor debate, la Corte finalmente emitió los artículos que permiten aplicar la NGA.
Luego fue el turno del comité ejecutivo dentro del SII, integrado por el director nacional y los subdirectores de Supervisión, Normatividad y Asuntos Jurídicos y que debe tomar decisiones sobre asuntos institucionales claves, como denuncias, condonaciones y recompensa del denunciante anónimo, por ejemplo. Las reglas fueron apoyadas por el Tribunal.
Posteriormente, los senadores dieron su visto bueno a la creación del consejo tributario, integrado por expertos ajenos al SII y quienes se pronunciarán sobre la legalidad de algunas circulares emitidas por el servicio y opinarán sobre el plan de fiscalización del organismo.
Pese a los intentos de los democristianos de cambiar la composición de esta entidad, la Cámara Alta la aprobó.
Posteriormente se dictaron normas polémicas, como la exigencia de iniciar actividades para que los bancos otorguen préstamos a empresas; que se requiere un certificado que acredite la adquisición de bienes de vendedores habituales de bienes; las normas relativas a los denunciantes anónimos; y 92 ter, que establece nuevos controles del SII para operaciones de alto valor, donde se solicita identificar al comprador en operaciones entre 50 U y 135 UF.
Al cierre de esta edición continuaba el despacho de las principales normas, quedando pendientes temas como cambios en los impuestos sobre herencias y donaciones.