“Razones políticas”: ex abogados de Interior demandan al Estado y acusan haber sido perseguidos por su rol en el estallido

Uno de los episodios que relatan seis abogados, que fueron despedidos de la División Jurídica del Ministerio del Interior, para retratar el acoso laboral que acusan de haber vivido por parte de funcionarios del gobierno de Gabriel Boric es que mientras ellos seguían haciendo denuncias, compareciendo en audiencias telemáticas, solicitando carpetas de investigación a los fiscales, a su jefe, Camila Barros, entrevistó a quienes luego los reemplazarían en sus puestos de trabajo en la misma oficina que compartían. “Los días siguientes estuvieron marcados por el distanciamiento con el nuevo jefe, de quien no recibimos instrucciones directas -sino a través de WhatsApp- ni saludos, ni asignación de nuevos puestos de trabajo”, se lee en la demanda de amparo laboral que los profesionales presentaron ante la justicia y que pide una indemnización por haber sido víctima de discriminación política.

En el libelo, al que tuvo acceso la tercera tarde, se hace un detalle detallado del trabajo que realizaron durante el tiempo que laboraron en el área judicial de esa división, algunos de los cuales han laborado en ese lugar pasando por los dos gobiernos de Michelle Bachelet y los otros dos de Sebastián Piñera. . Sin embargo, esbozan, creen que fue el papel que les correspondió al presentar denuncias contra los llamados “prisioneros del estallido social” y por “el conflicto mapuche” en la pasada administración lo que finalmente les valió su abrupta salida en los últimos días de marzo.

“La motivación de los hechos denunciados radica en las críticas políticas expresadas por las nuevas autoridades a la estrategia judicial ejecutada por el equipo de abogados del área judicial de la División Jurídica de la Subsecretaría de Gobernación, bajo instrucciones del gobierno anterior, en la persecución penal de delitos relacionados con la conflictividad social y el conflicto mapuche”, dicen. Junto a ello, adjuntan opiniones en Redes Sociales que el actual Jefe de Estado dio en el pasado cuando era diputado y que apuntaban a cuestionamientos sobre la persecución penal y la invocación, en algunos casos, de la Ley de Seguridad del Estado. En la demanda ponen como ejemplo un tuit de Boric del 8 de enero de 2020: “Respecto a la nueva amenaza de aplicar la ley de seguridad interior (antes era para torniquetes), el gobierno repite una estrategia que ha fracasado una y otra vez durante los últimos años. últimos meses en Chile. Atacar las consecuencias de la crisis social y no sus causas”.

“Que se acoja la presente denuncia, a fin de inhibir este tipo de conductas y evitar que la alternancia en el poder, en el marco de un régimen democrático, se asocie al despido masivo de trabajadores, como en este caso”.

Extracto de la demanda.

Los ex abogados del Ejecutivo sostienen que ellos no tomaron las decisiones de demandar o no, ni de invocar -por ejemplo- a la LSE, pues esas eran atribuciones de la autoridad política. Pese a ello, sostienen, al realizar estos despidos masivos en la zona: “en definitiva, se excluía a la gente de sus puestos de trabajo por las opiniones políticas del patrón”. A su juicio, esto “constituye un trato desigual en el empleo y por tanto una discriminación, ya que el trabajo que realizan los actores Es una prestación de servicios que perfectamente puede ser realizada por personas que trabajaron bajo órdenes judiciales y estrategias de otro gobierno.dado que nada nos ha impedido ejecutar las nuevas instrucciones, como quedó demostrado con el retiro inmediato de las denuncias que los mismos actores interpusimos el primer día de la toma de posesión de las nuevas autoridades”.

Hacen especial énfasis en la demanda, que luego de insultarlos, ya que su dirigencia no les habló y entrevistó a sus reemplazos frente a ellos, “el Ministerio del Interior y Seguridad Pública contrató la misma cantidad de abogados que los actores inmediatamente después”. el despido de ellos, y que el proceso de reclutamiento se llevó a cabo mientras aún estaban sirviendo”. Todo esto, dicen, está prohibido por la ley y por eso piden que se acepte la injuria acusatoria. “Los elementos aportados permiten concluir que, a pesar de que los actores fueron seleccionados oportunamente para su ingreso y, en su caso, promovidos en función de su desempeño, y además contaban con un sistema de control permanente de su gestión a través de informes mensuales de actividades, así como así como a través de la renovación anual de sus contratos, a ellos tambien los despidieron sin darles ninguna razon”, dice el documento.

También señalan que una de las personas que vino a asesorar es Javiera Corbalán Schindler, quien, dicen, “llegó como la nueva Coordinadora Judicial, cuyo nombramiento tuvo amplia cobertura en la prensa por cuestionamientos sobre su falta de experiencia profesional”. El abogado prestó juramento como tal en 2019.

La acción judicial de tutela fue radicada este jueves y próximamente será notificada al Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representará al Gobierno durante el juicio. Los querellantes son el excoordinador del área penal, quien estuvo más de 17 años en esa división, el abogado Carlos Floresy quienes formaban parte de su equipo: Sofía Hamilton, Ignacio Zúñiga, Débora Muñoz, Gabriel Arias y Ramón García.

Quienes desempeñaron funciones dentro de esa división afirman no haber sido cargos de confianza, sino tener un perfil técnico. También señalan que la única persona que se “salvó” de la exoneración masiva fue uno de los integrantes del equipo que, según una nota de La Tercera, fue maltratado por la nueva sede, episodio que, al publicarse, en de cierta manera, lo protegió. Agregan que la decisión de destituirlos “fue adoptada apenas 18 días después de la fecha de toma de posesión del nuevo Gobierno y su dirección directa, lo cual sólo puede ser considerado caprichoso, ya que dicho plazo es claramente insuficiente para evaluar el desempeño de cualquier persona. Todo lo anterior demuestra que la destitución de los actores debe ser calificada, en primer orden de consideración, como innecesario, desproporcionado e inapropiado a la luz de sus poderes. Pero el problema es mucho más que eso.

Los ex abogados de Interior sostienen ante el tribunal que hay serios indicios de todo lo que acusan en la demanda y que esto va “desde las opiniones ventiladas por la prensa, los compromisos del Gobierno, la presión de organizaciones civiles y familiares de los involucrados ( presos del brote), y la anunciada primera medida del gobierno entrante para el retiro de 139 denuncias por Ley de Seguridad Interior del Estado, que fue calificada como “el primer “gesto” a los presos del brote”. Junto a ello, califican de arbitraria y desproporcionada la decisión, que además fue temprana e inoportuna y engloba a la mitad de un grupo de trabajo muy numeroso y no ha sido replicada, hasta el momento, en ningún otro departamento de La Moneda. “No consta que se haya verificado el desarme de un equipo en el mismo Ministerio, u otro, con motivo del cambio de autoridades”ellos dicen

Señalan que todo lo relacionado les lleva a “concluir inequívocamente” que lo que subyace a su desvinculación es una discriminación por motivos políticos. “Lo anterior se refuerza porque no es lógico y es contrario a la experiencia, que seis abogados profesionales de la misma área sean despedidos, sin ninguna explicación, en el contexto de tiempo y circunstancias ya altamente expuestas”, leyó.

En la demanda, los profesionales también revelan que la actual Jefa Jurídica, Camila Barros, ya había trabajado antes en esa división, y también fue despedida en la administración anterior, como les sucede hoy. Luego, finalmente, afirman que esta exoneración masiva concuerda con una publicación periodística que señaló que uno de ellos, Carlos Flores, “para este gobierno encarna las denuncias del estallido social, un tema sensible para esta administración”.

Ante ello, solicitan al tribunal que acoja la denuncia con las más altas medidas reparatorias y/o multas que establece la ley, dada la gravedad e inusualidad de los hechos. “A fin de inhibir este tipo de comportamientos y evitar que la alternancia en el poder, en el marco de un régimen democrático, se asocie con el despido masivo de trabajadores, como en este caso”sentenciaron.