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Este jueves, la Cámara Baja del Congreso despachó el proyecto de ley abreviado que amplía la Pensión Universal Garantizada (PGU), extendiendo su cobertura al 90% de la población más vulnerable.
Sin embargo, ayer se dio a conocer un informe sobre los efectos de la iniciativa por parte del Consejo Consultivo de Pensiones (CCP), que cuestionó la actuación del Ejecutivo respecto a no entregar la información sobre la iniciativa en tiempo y forma.
“El texto legal que se propone para su debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el texto preliminar que nos fue enviado en su oportunidad para realizar el análisis que, de acuerdo al mandato legal, debemos realizar. “
Consejo Asesor de Pensiones
El informe señala que “sin conocimiento de este consejo, el proyecto de ley fue presentado al Congreso el 29 de diciembre. Además, el texto legal que se propone para debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el anteproyecto que nos fue enviado. en el momento oportuno para realizar el análisis que debemos realizar de acuerdo al mandato legal y requerimiento de las autoridades.” .
Agregaron que “es importante resaltar que los dictámenes que debe emitir el Consejo están relacionados con ‘asesorar oportunamente sobre propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario y PGU’. Lo anterior significa que el consejo deberá pronunciarse en los plazos establecidos sobre los textos definitivos que serán sometidos a discusión en las Cortes Generales”.
votación de la PGU
A pesar de ello, la ampliación de la PGU fue aprobada por la Cámara en general y en particular casi por unanimidad con 131 votos a favor y una abstención.
El texto propone “ampliar el universo de focalización de la PGU del subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, con un umbral de corte mayor el beneficio alcanzará al 90% de los jubilados, corrigiendo lo anterior metodología que dejó fuera a muchos eventuales ganadores.
La iniciativa también establece que el Instituto de Bienestar Social (IPS) verificará el cumplimiento de los requisitos de quienes, habiendo postulado, no accedieron a la PGU o de quienes no postularon, teniendo derecho a hacerlo.
La fluidez de la votación no significa que no hubo debate, pues un grupo de diputados de RN -Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum- más la diputada independiente Pamela Jiles insistieron en volver a ingresar a la Cámara, indicio que establecía que las mujeres comenzaría a pagar la PGU a partir de los 60 años, cuya procedencia fue rechazada.
La titular del Trabajo, Jeannette Jara, espera que con esta ley se incorporen 76.000 nuevos beneficiarios con un gasto fiscal de $147.000 millones, en un proceso en el que el Gobierno quiere alcanzar la universalidad.
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