La reforma constitucional que acaba de enviar el gobierno para incorporar a la Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y establecer explícitamente la supresión de asociaciones de funcionarios en su seno, es un paso relevante no sólo porque va en la dirección de especializar las funciones de esta institución, sino también porque apunta a mejorar su funcionamiento institucional.
Entre los cambios propuestos, la reforma contempla que Gendarmería cambie su actual dependencia del Ministerio de Justicia para pasar a depender del Ministerio de Seguridad Pública, lo que es consistente con la noción de que el sistema penitenciario es parte de las instituciones creadas especialmente para garantizar la seguridad del país. También se define que las tareas de reintegración pasarán a manos de un nuevo servicio que seguirá dependiendo del Ministerio de Justicia.
Pero sin duda uno de los cambios más relevantes tiene que ver con el fin de las asociaciones sindicales al interior de Gendarmería, siendo significativo que un cambio de esta naturaleza esté siendo impulsado por un militante del Partido Comunista, como es el caso del Ministro de Justicia. En efecto, en las instituciones que constitucionalmente tienen a su cargo el orden y la seguridad no puede haber sindicatos al interior de ellas, como es el caso de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Al ser entidades armadas, es importante mantenerlas lo más alejadas posible de la cooptación política o de roles deliberativos, así como de la posibilidad de utilizar las huelgas como herramienta de presión, que es precisamente a lo que hoy está expuesta la Gendarmería. Actualmente existen ocho gremiales, una cifra inédita para una entidad que cuenta con alrededor de 20 mil funcionarios, lo que revela que detrás de esta atomización hay tramas de poder que velan por sus propios intereses.
Ilustrativo de lo que significa estar estructurados en sindicatos y además muy dispersos entre sí es que mientras algunas asociaciones apoyan la reforma gubernamental, otras, en cambio, la rechazan de plano, lo que ya prevé tensiones y resistencias durante su tramitación, existiendo el riesgo de que algunos de estos sindicatos intenten ejercer presión sobre los parlamentarios, especialmente aquellos que representan las regiones de la zona centro-sur del país, donde hay núcleos de votantes estrechamente vinculados al mundo de la Gendarmería. Será un desafío para el Congreso superar cualquier posible presión que reciba, y también para el futuro gobierno, ya que le corresponderá a dicha administración llevar adelante esta iniciativa.
La Gendarmería es una pieza fundamental dentro de las instituciones dedicadas al orden y la seguridad, y por eso han generado tanta preocupación los casos de irregularidades masivas detectadas en el último tiempo, donde decenas de funcionarios aparecen imputados en investigaciones adelantadas por el Ministerio Público por presuntos vínculos con el crimen organizado. Es posible que esta reforma constitucional por sí sola no impida que los casos de corrupción se multipliquen, pero asegurar un mejor funcionamiento de la institución debería ser razón suficiente para avanzar en estos cambios. En este sentido, la clave no es limitarse a aprobar la reforma, sino que con igual celo se deben tramitar posteriormente las leyes que hagan operativos los cambios.