SAG afianza las exigencias para autorizar parcelaciones rurales y desmienten que procesos estén suspendidos

Luego de que el tribunal suspendiera temporalmente las instrucciones del Ministerio de Agricultura que ordenaban al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar los loteos, la disputa entre el gobierno y los terratenientes se ha vuelto rutinaria.

El sindicato Chile Rural, cuya denuncia motivó la paralización de la circular del Ejecutivo, ha acusado reiteradamente que funcionarios de la SAG siguen aplicando el documento a las solicitudes de loteo. Las autoridades respondieron rápidamente entregando los documentos al juzgado para acreditar la suspensión de las instrucciones y defender sus acciones.

Este ir y venir de documentos en los juzgados ha dejado una cosa clara: el sistema de fraccionamiento de la propiedad rural tuvo un antes y un después con los episodios vividos en 2022 y el Estado será cada vez más minucioso para aprobar los fraccionamientos.

Esta actitud se puede ver en los documentos presentados por la SAG ante los tribunales en los que, si bien no rechaza de plano las solicitudes de algunos agentes inmobiliarios, se ve que el servicio exige más información para dar el visto bueno. En estas respuestas, hay casos en los que se les pide a las empresas que demuestren que el proyecto no se superpone con los parques nacionales, que las subdivisiones no afectarían el bosque nativo o que los caminos para llegar al lote se pueden construir sin perturbar el medio ambiente.

la nueva linea

Así lo sostuvo la propia SAG en una circular emitida a fines de 2022, para responder a las acusaciones del gremio de paqueteros. La institución indicó que, si bien las instrucciones fueron suspendidas, su finalidad era “unidar criterios de actuación respecto de las facultades preexistentes y legalmente consagradas”.

El oficio agregaba que las autoridades administrativas siempre tendrían la posibilidad de solicitar informes a otros órganos para mejorar sus resoluciones y prevenir conflictos.

Fuentes especializadas señalan que efectivamente la SAG siempre tuvo la facultad de exigir más información, solo que nunca había existido una preocupación por los fraccionamientos.

Eso, hasta que las solicitudes empezaron a aumentar explosivamente. Según el propio servicio, en 2022 se aprobaron más de 16 mil fraccionamientos; en 2021, ese número había superado los 19.000; y, en 2019, la cifra aún no llegaba a las 10.000 autorizaciones. La pandemia y la posibilidad de teletrabajar fueron algunos de los grandes factores que impulsaron esta migración ciudad-campo.

Con esto, un abogado en la materia sostiene que si el endurecimiento de los criterios hubiera sido una instrucción interna entre los funcionarios de la SAG, quizás no hubiera habido problema, sin embargo, al emitir la circular, el Minagri pudo haberle quitado las facultades correspondientes. Congreso, motivo por el cual se suspendió temporalmente la instrucción.

Algunos casos

Ante las acusaciones de Rural Chile, la SAG había entregado a la justicia más de 60 documentos que evidenciaban procesos de certificación que fueron retomados tras la suspensión de la circular. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) explicó que retomar la revisión no significaba autorizar instantáneamente el fraccionamiento.

Por ejemplo, en el caso de una solicitud de la empresa Green Capital SpA en la Región de Aysén, la CDE argumentó que durante 2022 la SAG de Coyhaique tramitó un total de 1.052 solicitudes de fraccionamiento, de unas 22.000 a nivel nacional.

La tramitación “ha llevado el menor tiempo posible, dentro de las capacidades de gestión de la Unidad a cargo, que por lo demás tiene un solo funcionario”, dijo la CDE.

En este caso, además, la empresa estaba obligada a probar que, en el marco de la normativa forestal, el proyecto contaba con las autorizaciones para eliminar las especies que ocupan el espacio del lote o si estas “están afectadas por algún impedimento o prohibición definitiva”. tala u otras restricciones asociadas a la proximidad y/o superposición con el Parque Nacional Laguna San Rafael”.

En otra solicitud, para un inmueble propiedad de Refugio Pollux SpA, la SAG señaló que en las vías del lote “el ancho del derecho de vía proyectado no es suficiente para la libre circulación de vehículos, incluidos los de emergencia”.