La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos a la empresa Enel por no haber descontado -como lo contempla la ley- los montos adicionales de energía que se generan en hogares de pacientes electrodependientesde la Región Metropolitana.
Según informó este viernes la entidad fiscalizadora en un comunicado, en concreto, serían 843 los hogares perjudicados con esta falta, sumando un total de más $53 millones que la empresa debe devolver a los clientes afectados.
El cargo formulado a la distribuidora es “la empresa concesionaria no efectuó el descuento del consumo de energía asociado al funcionamiento de los dispositivos de uso médico de 843 personas electrodependientes por un monto total de $ 53.422.659, en el período comprendido entre el año 2022 a noviembre 2023”.
La SEC explicó que este tema quedó al descubierto luego que el organismo recibiera una serie de reclamos de familias que señalaban que no se estaban aplicando los descuentos comprometidos por la empresa. Realizada la investigación, añaden que se pudo comprobar que, de los 2.861 hogares con pacientes electrodependientes que son clientes de Enel, en 843 de ellos se habría cometido esta falta.
Dentro de este universo, relatan, “hay un cliente a quien no se le descontó el monto correspondiente, por 22 meses seguidos, aunque la mayoría se trata de casos de, entre uno y tres meses, sin aplicar los descuentos”. La SEC recoge que, de acuerdo a la versión de Enel, la “situación ya fue regularizada mediante abonos en las cuentas de suministro por el monto total no descontado”.
Desde la SEC agregaron que estarán atentos al desarrollo de este caso, sobre todo para ver si es que los afectados recibieron el abono en sus boletas de consumo e instaron a que aquellos que tengan dudas con estos cobros se acerquen a sus oficinas o presenten los respectivos reclamos.
En el comunicado, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo: “Pudimos comprobar, luego de la respectiva investigación, que la empresa Enel no habría respetado la legislación vigente, al no descontar una serie de montos a hogares con pacientes electrodependientes, razón por la cual se exponen a las sanciones que contempla la legislación para este tipo de incumplimientos”.
Enel: “Situación ya fue regularizada mediante abonos”
Tras lo informado por la SEC, Enel indicó en una declaración que como compañía siempre han asumido la importancia de contar con un servicio continuo y una atención prioritaria para sus clientes electrodependientes. En esa línea, puntualizó que tienen 2.861 clientes registrados como electrodependientes al cierre de 2023.
“Efectuada una revisión, se identificaron 843 clientes afectados por una incidencia sistémica puntual, que derivó en la no aplicación del descuento en el periodo respectivo en clientes que tuvieron cambios o nuevas modificaciones, situación que ya fue regularizada mediante abonos en las cuentas de suministro por el monto total no descontado que se ven reflejadas en las facturaciones emitidas entre diciembre de 2023 y enero de 2024″, explicó, en línea con lo sostenido por la SEC respecto a la defensa de la firma.
Enel dijo lamentar los inconvenientes que esta situación les haya causado a sus clientes los que “ya fueron contactados a través de correo o teléfono para aclararles lo ocurrido”.
Asimismo, la firma aseguró que han incorporado un “reforzamiento a los controles en el registro de los nuevos clientes que se integran al registro, además de un reporte de verificación de descuentos aplicados en la facturación de los clientes vigentes en el listado de clientes electrodependientes”. Con estas acciones, afirmaron, “buscamos prevenir cualquier desviación del proceso y, ante su ocurrencia, corregirlo a la brevedad”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.