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Tras la decisión de la Comisión Antidistorsiones de establecer medidas provisionales requeridas a las importaciones de barras y bolas por Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), la empresa anunció este domingo que revertirá el plan de suspensión de sus operaciones siderúrgicas, mientras se mantengan vigentes niveles de sobretasas que les permitan “operar en un entorno competitivo y contrarrestar las distorsiones de precios”, dijeron.
Luego de la presentación de recursos de reposición en contra de las resoluciones de la Comisión Antidistorsiones, la referida Comisión estableció un derecho de antidumping provisional del 24,9% para las barras de acero y del 33,5% para las bolas de acero para molienda, en concordancia con las medidas propuestas por la siderúrgica Huachipato.
Con esta decisión de carácter provisorio, por algunos meses -pues aún resta conocer las medidas definitivas-, la compañía decidió continuar con sus operaciones siderúrgicas.
“Es una buena noticia para una industria nacional estratégica para el desarrollo sostenible de Chile. Valoramos la decisión de la Comisión Antidistorsiones, ya que permite eliminar distorsiones, equilibrar el mercado y que los actores nacionales puedan demostrar sus capacidades en proveer el mejor acero para Chile”, destacaron a través de un comunicado. “No obstante, esperamos que esta medida provisoria se confirme con medidas definitivas que nos permitan competir en una cancha pareja. Sólo de esta manera se hace posible la contribución de la Siderúrgica Huachipato al desarrollo del sector minero e industrial de la Región del Biobío y de todo el país”, dijo Julio Bertrand, presidente del directorio de Siderúrgica Huachipato.
“Quiero reconocer el apoyo incondicional de los trabajadores de Huachipato y de toda la comunidad del Biobío. También quiero reconocer el trabajo serio desplegado por las autoridades, en la revisión de los recursos presentados”, enfatizó el directivo.
Además, la compañía indicó que para darle mayor estabilidad al mercado considera indispensable avanzar hacia una modernización de la institucionalidad, que suponga medidas por plazos más extensos para que este tipo de derechos antidumping se establezcan por un plazo de cinco años, y entregue mayores facultades a la Comisión, al igual que como ocurre en otros países como Estados Unidos, Australia, México, India y Europa.
Adicionalmente, la institucionalidad debiera desarrollar un sistema de monitoreo continuo y proactivo del mercado, de manera tal de corregir tempranamente eventuales distorsiones, prevenir y sancionar conductas elusivas a estas medidas, que terminen generado un costo económico y social para Chile.
En el comunicado, la empresa del Grupo CAP destacó que es un polo de desarrollo del Biobío, donde genera más de 20.000 empleos y oportunidades para más de 1.000 PYME.
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