SII pide a los directorios involucrarse más en la política tributaria de las empresas y revelar si hacen buen uso de exenciones fiscales

El nivel de cumplimiento de las empresas chilenas y de la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y México) fue el tema principal de conversación de un seminario organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y Centro Contribuye, que tuvo como telón de fondo el informe que reveló un alto nivel de compliance de las corporaciones chilenas, pero que aún están al debe en distintos ámbitos.

Dos de ellos se relacionan con el nivel de involucramiento de los directorios en el diseño y aplicación de la política impositiva de la empresa, así como la escasa información que entregan las compañías sobre el uso que le dan a los incentivos fiscales.

Temas sobre los cuales el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, recogió el guante, haciendo un llamado a los gobiernos corporativos a participar más proactivamente en las políticas tributarias de las compañías, con foco en el cumplimiento de buenas prácticas en materia impositiva.

“Vemos que el elemento más débil es el de sostenibilidad tributaria, donde hay dos elementos que son claves: uno, que el problema tributario o la política tributaria no está sentada en los directorios de las empresas. Creo que ese es un punto de partida muy relevante, porque finalmente el representante del contribuyente es la junta directiva o el directorio de esa empresa. Y si ahí no está instalado el problema tributario, obviamente para la administración tributaria la relación con esa empresa parte con un puntapié inicial más dificultoso”, comenzó señalando la autoridad.

Lo segundo, continuó, es el componente de gasto tributario, donde el Fisco renuncia a recaudación, proponiendo por esa vía un incentivo para aquellas empresas que van a contar transitoriamente con un conjunto de recursos adicional. Ahí, Frigolett señaló que es “deseable” que esos datos estén “claramente evidenciados frente a sus accionistas y frente al público en general, que haga uso de esos recursos”.

“Si no, caemos en una situación en la cual la política pública finalmente no genera el impacto que queremos en el crecimiento y lo que tenemos es un impacto meramente rentista. Y obviamente la política pública no está orientada a eso”, planteó.

“Tener esa información desde los dos lados, nosotros como administración tributaria computamos cuál es el gasto tributario en el que se incurre, asociado a una cierta política pública; por otro lado de las empresas que reciben, que den cuenta de lo que están recibiendo como recursos y finalmente cuál es el uso que están haciendo de esos recursos. Porque la apuesta es cuando uno hace una política pública en la que renuncia a recaudación en el momento presente, está apostando a que esa recaudación va a compensarse en el futuro por la vía del incentivo al crecimiento que supone esta renta adicional que reciben las empresas por esa vía”, agregó el titular del SII.

Entonces, dijo, ese elemento sería “muy importante que efectivamente las empresas donde buena parte de estas políticas públicas tienen eco, se reporte cuál es el uso que se está haciendo de eso. Y vemos que la mayor parte de las empresas no hacen ese tipo de reporte”.   

Los ejes para este año

Frigolett adelantó que la sustentabilidad tributaria será uno de los principales focos del plan anual del servicio para el actual ejercicio, donde se espera avanzar en la firma de convenios de cumplimiento tributario con sectores y grupos económicos.

“Para nosotros, contar con un índice de estas características, que está haciendo un barrido y un índice desde una perspectiva de integridad en el cumplimiento tributario, es crucial”, señaló el economista.

En esta línea, lamentó que si bien el nivel de complicante sube respecto al 2021, “lo que nos entrega el índice es que el nivel de cumplimiento transversalmente en América Latina para el mismo tipo de empresa es relativamente bajo”.

Frigolett también abordó el cumplimiento a nivel de compromiso (o engagement), señalando que esperaría una relación “más franca” de la empresas con la administración tributaria.

“Un acuerdo de colaboración en el ámbito tributario supone cumplir un protocolo de transparencia, que no solamente tiene que verse en términos de las cifras que están asociadas al cumplimiento tributario, sino que asociada a la política tributaria de la empresa se tenga una relación cercana con la administración tributaria, de modo que se dialogue y se conversen algunas decisiones estratégicas que están tomando las empresas y que tiene una vertiente tributaria y, desde esa perspectiva, asegurar por la vía de estos protocolos que cualquier cambio que se está observando en la estructura tributaria está amparado en una razón de fondo. Para nosotros ese es un elemento deseable para este conjunto de empresas por la relevancia que tienen para asegurar un piso de recaudación”, señaló.

De hecho, Frigolett reveló que en Chile existen cerca de 3.000 grupos económicos, con 18.000 empresas, las cuales explican el 70% de la recaudación anual de impuestos.

El evento también contó con la participación de la directora y el fundador del Centro Contribuye, Constanza Vera y Ricardo Guerrero, respectivamente; así como la investigadora del think tank Valentina Crovetto; del head de Investor Relations de ENEL Américas, Rafael de la Haza Casarrubio; la profesora de Derecho Tributario de la Universidad Austral, Patricia Toledo; y el profesor del Instituto de Economía de la UC, Juan Pablo Montero.