Sube tensión en conflicto por tarifas de Transbank: Suprema solicita informes a ministros del TDLC tras arremetida de la FNE


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Una nueva disputa entre autoridades está generando el esquema de tarifas Transbank. Los ministros Nicolás Rojas, Daniela Gorab y María de la Luz Domper, quienes integran el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberán entregar una serie de antecedentes a la Corte Suprema, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentara un recurso de queja.

Esto sucedió luego de que el TDLC decidiera en noviembre aceptar -en parte- las pretensiones de Transbank y remitir los antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que este organismo público fije la fórmula final de cobro de la empresa.

Según los documentos expuestos de la causa, los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Diego Simpertigue; y los abogados colegiados Ricardo Alcalde y Pedro Águila, resolvió que “sin perjuicio de lo que en su momento se resuelva sobre la admisibilidad del recurso de apelación”, los ministros del TDLC deberán presentar los antecedentes en un plazo de ocho días hábiles.

El recurso de queja interpuesto por la FNE fue denunciado ante la Corte Suprema el 15 de noviembre. En la acción, la Fiscalía criticó que los ministros del TDLC “Han incurrido en una serie de faltas o abusos graves”.

El organismo consideró que los ministros en cuestión desconocían la sentencia del Tribunal Supremo y que declinaron “el ejercicio de su poder de imperio en contravención de sus deberes constitucionales y legales”.

Esto se habría dejado a juicio del perseguidor económico al remitir el caso a la CMF “desconociendo las facultades de su poder judicial y de la FNE para la ejecución de decisiones en materia de competencia”.

La FNE indicó que la resolución del TDLC “afecta las garantías de tutela judicial efectiva, economía procesal y seguridad jurídica del debido proceso, renunciando a la tutela efectiva y oportuna de la libre competencia”.

Intentos de regulación

La Fiscalía hizo ver a la Corte Suprema que previamente, a través de un análisis técnico, se solicitó al TDLC que las tarifas que Transbank debía cobrar a sus negocios fueran descuento comercial sólo el 0,4%. Este esquema fue rechazado por la empresa en primera instancia y luego el Juzgado había dado un plazo de 15 días hábiles en octubre para su aplicación.

A principios de noviembre, Transbank interpuso un recurso con el que finalmente logró revertir la decisión del TDLC y que los antecedentes para liquidar el cuadro tarifario fueran enviados a la CMF.

En este contexto, la FNE indicó que “trató de hacer cumplir, sin que el TDLC le diera lugar”.

Mencionaron que el fallo de la Corte trata sobre “una orden clara: la empresa debe aplicar de inmediato un sistema tarifario que sea compatible con la libre competencia en los términos de la misma sentencia” y que “cualquier otro entendimiento implica la persistencia de Transbank en un sistema tarifario que ha sido declarado por la Corte Suprema en dos oportunidades contrario a la libre competencia. Sin embargo, los ministros ignoraron esta obligatoriedad al aceptar el recurso de reposición de Transbank”.

La FNE sostuvo que “La CMF no ha realizado ninguna acción encaminada a cumplir con lo ordenado por la Corte”.

Reuniones con el regulador

Mientras los tribunales buscan la manera de encontrar una salida legal al esquema tarifario de Transbank, la CMF recibió a algunos actores de la industria de medios de pago para atender la situación.

Hace unas semanas, el gerente legal de Transbank, José Miguel Bellagamba, y el gerente de marketing y estrategia de la firma, Ricardo Blumel, llegaron a las oficinas del regulador para reunirse con la presidenta de la CMF, Solange Bernstein.

Según consta en los registros de la Ley de Cabildeo, en la reunión discutieron “los últimos hechos en el proceso del sistema tarifario Transbank y que podrían impactar la cadena de pagos y la estabilidad del sistema financiero”.

Por el lado de la CMF, Berstein estuvo acompañado por el director general de Supervisión Prudencial, Osvaldo Adasme; el director general de Regulación Prudencial, Luis Figueroa; y el director general jurídico, José Antonio Gaspar.

Asunto similar fue abordado por el gerente de país de Visa, Francisco Valdivia; el gerente de relaciones gubernamentales, Alexander Hansen; y el director de compromiso con el gobiernoMauro Williams, con Berstein.

La cita tuvo lugar el jueves de la semana pasada donde mostraron su “preocupación por la situación regulatoria del ecosistema de medios de pago electrónicos, y algunos aspectos puntuales que nos generan incertidumbre”.

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