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La Superintendencia de Salud, mediante una circular emitida este 5 de enero, instruyó a las isapres suspender los cobros en los planes por concepto de cargas nonatas y menores de dos años de edad a partir del mes de marzo.
Esto fue instruido por la Corte Suprema en el fallo por tabla de factores y, en la ley de reajuste público, el Congreso aprobó que esto se adelantara a marzo. De la mano con esto, según aprobaron los parlamentarios, las isapres también podrán hacer un reajuste en la prima de Garantías Explícitas en Salud (GES) para incluir los costos de estas cargas.
“Esta suspensión del cobro rige, según dicha sentencia, desde las cotizaciones que corresponden a la remuneración del mes de diciembre de 2022 y esta medida beneficiará a las personas afiliadas tanto con cargas nonatas y menores de 2 años que se encontraban inscritas en los planes de salud a diciembre de 2022, como a las que se incorporaron con posterioridad a esas fechas”, dijo Víctor Torres, superintendente de Salud.
Las aseguradoras tendrán que notificar a los usuarios en un plazo no superior a 10 días. Respecto a eventuales devoluciones por este concepto, Torres afirmó que serán regulados en una circular posterior.
Devoluciones por alza GES
En paralelo, el superintendente se refirió a las sentencias que comenzó a emitir la entidad respecto a los 153 mil reclamos que recibió por las alzas en la prima GES, luego de que, en agosto pasado, la Corte Suprema ordenara anular dichas subidas de precio.
La Superintendencia ordenó que las isapres devolvieran los cobros en exceso realizados en los meses de septiembre, octubre y noviembre, es decir, antes de que las empresas aplicaran el fallo.
Es esta sentencia de la Corte la que, desde enero, tiene a las compañías con un 12% de menores ingresos promedio, lo que ha llevado al punto más tenso de la crisis del sistema privado.
Según cálculos publicados por DF, los 153 mil reclamos equivaldrían a al menos $ 10.000 millones en devoluciones, sin embargo, esto podría crecer.
Torres comunicó que las devoluciones se pueden seguir exigiendo por un plazo de cinco años, que es el periodo habitual de prescripción.