Suprema alista pronunciamiento por chats de Hermosilla con jueces

Más allá del análisis formal que se hará sobre el vínculo de Hermosilla con algunos jueces, los ministros no esconden que tanto el abogado como su hermano, Juan Pablo, son rostros más que conocidos en tribunales y mantienen relaciones con casi todos. Con algunos por asuntos familiares o de amistad, y con otros por asuntos netamente profesionales.

En la entidad, además, recuerdan que el padre de ambos penalistas también es un conocido abogado: Nurieldín Hermosilla.

Conocida la nueva arista del caso, desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) plantearon de inmediato que el sistema de nombramiento de jueces debe ser modificado.

Mariela Hernández, dirigenta y vocera de la ANMM, manifestó que “la forma como se nombra a jueces requiere de una revisión exhaustiva y sobre todo de una modificación a este sistema, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todos los ciudadanos”.

Ante ello, el senador Pedro Araya comentó a este medio que la fórmula hoy existente, a su juicio, es “bastante buena”, aunque podría tener mejoras. Advirtió, de todas maneras, que no es raro ni necesariamente es ilegal o irregular que, en medio de los procesos fijados, se reciban opiniones respecto de candidatos.

“Este es un sistema en que participan los tres Poderes del Estado. En el Senado hay una norma de transparencia que indica que un senador puede recibir a un candidato a la Corte Suprema, pero eso tiene que quedar registrado en audiencias por Ley de Lobby. Y lo que ocurre con las llamadas de algunos abogados para hacer recomendaciones, es que se deben enmarcar en ese mismo registro. Eso se puede hacer y, a mi juicio, no hay inconveniente legal en la medida en que solo se presente el perfil de algún candidato”, comentó.

Consultado sobre una eventual reforma, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó: “No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general”.

“De lo que hemos visto, no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento sobre el cual hay consenso en hacerlo. Genuinamente, se avanza si uno mantiene políticas de integridad y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con la profesión legal”, agregó.

En el mismo sentido el secretario de Estado hizo presente que “no nos quedamos con la sensación de que con solo modificar la ley vamos a solucionar malas prácticas; implica cambios de conductas, culturales y prácticas de desarrollo institucional que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos visto que algunos se han mantenido”.