Preocupados y 100% atentos a las definiciones que se tomen. Así se declaran los titulares de la Corte Suprema luego de que saliera a la luz que el abogado Luis Hermosilla -imputado en el marco del caso audios y testigo en la polémica que envuelve al exdirector de la PDI Sergio Muñoz- habría tenido influencia en el nombramiento de ministros del Poder Judicial.
En concreto, Ciper publicó la versión de los ministros Jean Pierre Matus y Antonio Ulloa en la que reconocen contactos con Hermosilla durante su postulación al Poder Judicial en 2021. Aquello, según el citado medio, quedó plasmado en una serie de conversaciones de WhatsApp que la Fiscalía Metropolitana Oriente revisa.
Por lo mismo, las alarmas se encendieron de inmediato en el edificio ubicado en calle Compañía de Jesús, en Santiago Centro, y varios magistrados -de acuerdo con antecedentes recopilados por La Tercera– pidieron al presidente Ricardo Blanco que la materia se incorpore de manera extraordinaria como primer punto de la tabla del pleno que celebrarán a partir de las 14.30 horas de este lunes.
Cita en la que no estará presente el ministro Matus, ya que desde la entidad confirmaron que se encuentra con permiso.
Según transmitieron en privado algunos de los jueces, es de suma relevancia que el organismo defina una postura al respecto y no titubee. Por eso, se acordó que el tema será abordado esta jornada. Luego de eso los titulares definirán si se emite o no una resolución o si habrá una vocería de Blanco.
Ahí se recordará que la Corte Suprema ya ha manifestado su interés de que se realicen modificaciones al sistema de nombramientos del Poder Judicial. Lo plantearon así, de hecho, durante los dos procesos constitucionales que tuvieron lugar en 2022 y 2023.
Por ejemplo, en el análisis que presentaron ante el Consejo Constitucional el año pasado, valoraron la enmienda que suprimía el carácter “judicial” del desempeño con que la Comisión de Nombramientos calificará a los jueces y juezas.
Además, algunos ministros hacen presente que, en medio de la comunicación que se realice, en ningún caso se deben hacer defensas corporativas de las designaciones hoy cuestionadas.
La cautela responde a que aún se desconoce el contenido total de las conversaciones que mantuvo Hermosilla con los jueces, por lo que son de la idea de no tomar posturas previas. Esto, al menos hasta que la investigación del Ministerio Público muestre mayores resultados.
Asimismo, la mayoría de los integrantes del máximo tribunal son de la idea de hacer presente sus reparos a las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, durante el desarrollo del caso.
Y es que si bien el secretario de Estado no hizo mención a las eventuales conversaciones de jueces con Hermosilla, sino que a la información extra que podía tener el penalista por los vínculos con Sergio Muñoz, en los pasillos de tribunales no cayó nada de bien que indicara en entrevista con The Clinic que “muchos (abogados) probablemente se preguntarán si acaso en los casos que enfrentaron, teniendo de contraparte a Luis Hermosilla, no fueron triunfos ilegítimos por este tipo de ventajas”.
Más allá del análisis formal que se hará sobre el vínculo de Hermosilla con algunos jueces, los ministros no esconden que tanto el abogado como su hermano, Juan Pablo, son rostros más que conocidos en tribunales y mantienen relaciones con casi todos. Con algunos por asuntos familiares o de amistad, y con otros por asuntos netamente profesionales.
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En la entidad, además, recuerdan que el padre de ambos penalistas también es un conocido abogado: Nurieldín Hermosilla.
Conocida la nueva arista del caso, desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) plantearon de inmediato que el sistema de nombramiento de jueces debe ser modificado.
Mariela Hernández, dirigenta y vocera de la ANMM, manifestó que “la forma como se nombra a jueces requiere de una revisión exhaustiva y sobre todo de una modificación a este sistema, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todos los ciudadanos”.
Ante ello, el senador Pedro Araya comentó a este medio que la fórmula hoy existente, a su juicio, es “bastante buena”, aunque podría tener mejoras. Advirtió, de todas maneras, que no es raro ni necesariamente es ilegal o irregular que, en medio de los procesos fijados, se reciban opiniones respecto de candidatos.
“Este es un sistema en que participan los tres Poderes del Estado. En el Senado hay una norma de transparencia que indica que un senador puede recibir a un candidato a la Corte Suprema, pero eso tiene que quedar registrado en audiencias por Ley de Lobby. Y lo que ocurre con las llamadas de algunos abogados para hacer recomendaciones, es que se deben enmarcar en ese mismo registro. Eso se puede hacer y, a mi juicio, no hay inconveniente legal en la medida en que solo se presente el perfil de algún candidato”, comentó.
Consultado sobre una eventual reforma, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó: “No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general”.
“De lo que hemos visto, no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento sobre el cual hay consenso en hacerlo. Genuinamente, se avanza si uno mantiene políticas de integridad y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino también con la profesión legal”, agregó.
En el mismo sentido el secretario de Estado hizo presente que “no nos quedamos con la sensación de que con solo modificar la ley vamos a solucionar malas prácticas; implica cambios de conductas, culturales y prácticas de desarrollo institucional que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, hemos visto que algunos se han mantenido”.
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