Tras estrategia judicial de Colmena, Super de Salud dice que ya no está en sus manos dar certezas por tabla de factores y que solo puede lograrlo la vía legislativa

Escaló al Congreso la demanda anunciada por isapre Colmena contra los afiliados que han demandado para dejar sin efecto la tabla de factores. En concreto, este martes los senadores de la Comisión de Salud convocaron a una sesión donde se colocó este asunto en la parte alta de la mesa, para lo cual invitaron al Superintendente de Salud, Víctor Torres, y al presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

Este último no llegó y se excusó por medio de una carta donde señaló que el sindicato representa a seis isapres, por lo que no puede referirse a medidas que un asociado adopta de manera independiente. El senador Francisco Chahuán, presidente de dicha Comisión, no ocultó su molestia: “Es una lástima que la Asociación de Isapres se haya excusado (…) Esa es la peor manera de poder encarar e iniciar esta conversación: ausentarse de el debate”, señaló el senador.

Así, sobre este punto de la tabla, solo se refirió el Superintendente de Salud, donde reveló más detalles de la polémica. En ese sentido, la autoridad dijo que el pasado 9 de julio supieron que Colmena decidió iniciar acciones judiciales contra los afiliados, luego de la entrevista que le dio el gerente general de la isapre, Felipe Galleguillos.

Pero Torres agregó: “Para estar en lo cierto también en cuanto al relato de los hechos, el día anterior habíamos sido notificados formalmente (por la isapre), que fue un viernes, entonces, nos enteramos después de la notificación formal, y nos enteramos por los medios”.

El superintendente recordó que solicitaron a la isapre, a través de un oficio, informarles “aquellos asuntos relevantes a aclarar, porque cuando uno hace un anuncio de esta magnitud, nunca antes había habido, al menos que recordemos, una acción de las isapres en contra de sus afiliados… Me pareció relevante que las isapre nos pudieran dar algunos datos”.

Torres comentó que recibieron una primera respuesta de Colmena el 14 de julio, donde les informaron que en esa fecha la junta directiva aceptó la renuncia del gerente general de la isapre.

Y luego, Colmena respondió al oficio en cuestión, donde, “en resumen, finalmente nos dicen que no continuarían, o por lo menos suspenderían los juicios (…) que estarían suspendiendo en virtud de lo público”. requerimientos hechos por la autoridad antes de la presentación de estas demandas por parte de Colmena, la notificación y trámite de dichas demandas, hasta que se pueda analizar esta situación con las autoridades competentes, así lo dice la parte final del oficio”, dijo el superintendente.

Explicó que hay que diferenciar las demandas que interpuso Colmena para la judicialización por las mesas factoriales, de la judicialización más masiva que existe en la industria de las isapres por el aumento de planes.

El superintendente comenzó recordando que en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) se refiere al concepto de tabla de factores y su aplicación, y en su sentencia deroga los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 199 del DFL 1 de 2005, “ pero guarda el resto de los artículos. Los artículos 1, 2, 3 y 4 permitieron la construcción de las diferentes tablas de factores de riesgo, por decirlo de manera sencilla, sin embargo, mantiene el resto de los artículos, por lo tanto, lo que sucede en el DFL 1 en términos concretos es que La tabla de factores de riesgo todavía existe, pero sin estos números, y de hecho, hay varios temas u otros artículos que hablan precisamente de cómo se deben aplicar estos riesgos”.

Torres también señaló que la Ley 21.350, de 2021, “reconoce la existencia de factores (…) por lo que entendemos que esto sigue siendo parte de la legislación”. Por ello, el regulador señaló a los senadores que, cuando los tribunales han solicitado la opinión de la Superintendencia, han dicho a los tribunales del país que “No se han derogado las disposiciones legales relativas a la existencia de una tabla de factores. Asimismo, diversas disposiciones legales y demás normas emitidas por este organismo y vinculantes para las isapres, así lo demuestran”.

Al respecto, Torres comentó que “hay una acción que es de carácter general, que es lo que reglamenta la Superintendencia a través de su circular, pero otra cosa es que los tribunales de manera particular puedan hacer una evaluación caso por caso y tener un criterio”. que es diferente. Ante esta situación, obviamente se plantea la cuestión de si es suficiente una norma administrativa, como una circular, o si se podría avanzar hacia una modificación desde el punto de vista legal”.

Y continuó diciendo: “Si usted me pregunta señor Presidente, yo creo que obviamente, tener una reforma de por medio no implica que haya un cambio inmediato, y eso significa que debe haber claridad, tanto para los usuarios como para el sistema. , sobre si habrá o no tablas de factores y en qué condiciones podrían existir. Ahora bien, creo que el marco legal ha dejado claras varias cosas, que me parece importante considerar a la hora de eventualmente establecer un cambio legislativo, una de ellas es que el mismo TC ha establecido que no puede haber discriminación injustificada, o discriminación por sexo, edad, etc. Y una serie de otros elementos que deben ser considerados, también se prohíbe que si entra una carga, esta carga tenga un factor que sea mayor al cotizante principal que está pagando el plan.

Así, el superintendente explicó que “hay una serie de elementos que hoy son parte de la construcción que se ha hecho, luego de la sentencia del TC, donde ha intervenido administrativamente la Superintendencia, todo esto ha ocurrido incluso antes de que yo fuera superintendente, por lo que Estoy haciendo un acercamiento institucional a cómo ha actuado la Superintendencia, y en ese sentido he tratado de ordenar, pero no ha sido suficiente que los tribunales apliquen, en las facultades que obviamente tienen, un criterio diferente de interpretación de lo que ocurre en el marco normativo, legislativo”.

Concluyó señalando que “Por eso, creo que la única mayor certeza que se puede dar ya no está en manos de la Superintendencia, sino en la vía legislativa”. El Senado de Chahuán respondió: “Estamos disponibles para tramitar los proyectos que se traten”.