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A inicios de noviembre de 2023, la Dirección del Trabajo (DT) conformó una comisión para reflexionar sobre el trabajo y misión histórica de la institución. El evento estuvo presidido por el exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, y la subdirectora de Trabajo, Laura Vásquez, además de estar integrado por exautoridades del servicio y otros actores del mercado laboral. .
Un trabajo que finalizó en 2024, y que dio como resultado el Informe Centenario de la Dirección del Trabajo, documento que contiene diversas propuestas para mejorar el desempeño y rol del órgano de control.
La comisión -en la que participaron los exdirectores de Trabajo Patricia Silva, Marcelo Albornoz, Cecilia Sánchez, Christian Melis, Mauricio Peñaloza y Lilia Jerez- propone una serie de medidas, como incluir el uso de inteligencia artificial (IA). y modificaciones en las sanciones, entre otros.
Como primer eje, el informe dice que las sanciones son un elemento central en el sistema de inspección del trabajo, ya que de ellas depende la credibilidad del sistema, cuya misión es garantizar la aplicación normativa.
Sin embargo, a juicio de la comisión, a pesar de su relevancia, las transformaciones en el mundo del trabajo han limitado el efecto disuasorio de las sanciones, “especialmente las pecuniarias (pago de una multa al Estado por incumplimiento), que en muchos casos no logran modificar el comportamiento de las empresas, particularmente de las más grandes”.
Por ello, el grupo propone revisar la normativa sobre sanciones generales, e incorporar elementos proporcionales a la gravedad de las infracciones, el número de trabajadores, la gravedad de los daños causados y un nuevo sistema de clasificación de empresas basado en criterios adecuados. . con la realidad actual.
También se propone otorgar al DT la facultad de remitir directamente al Poder Judicial los casos graves o de incumplimiento persistente, como una herramienta adicional para fortalecer la efectividad del sistema sancionador.
“La IA ofrece oportunidades únicas para analizar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y predecir posibles incumplimientos, mejorando así la eficacia y eficiencia de las inspecciones laborales”, menciona el informe.
En esta línea, añade que un número creciente de países lo han ido incorporando a sus sistemas de inspección, como Brasil, Albania y España.
El informe afirma que a pesar de los persistentes esfuerzos realizados por diversas administraciones para implementar la normativa y, en consecuencia, mejorar la calidad del empleo, “esto no ha sido posible debido a la limitación de competencias”.
A partir de este diagnóstico, el informe menciona que para ser cumplidos, las normas laborales requieren necesariamente imperatividad y la posibilidad efectiva de ser monitoreadas. “De lo contrario, se desnaturalizan en simples mandatos morales, al alcance de quien tenga el poder de decisión”, señala el texto, y agrega que es imprescindible que “la legislación reconozca expresamente la facultad de la Dirección del Trabajo de declarar la relación de trabajo cuando exista informalidad, subterfugios laborales, triangulaciones, entre otros. La decisión siempre estará sujeta a revisión por los tribunales de justicia”.
Otro de los problemas que aborda la comisión es la legislación laboral que ha entrado en vigor recientemente y que ha supuesto una mayor carga de trabajo para el servicio. Cambios que, a juicio del grupo, implican una mayor necesidad de formación y un mayor despliegue operativo. “Sin embargo, estas nuevas regulaciones no siempre van acompañadas de una partida presupuestaria, tecnológica o de capacidad humana, lo que ha implicado una sobrecarga de trabajo que afecta la capacidad de abordar de manera óptima las leyes emergentes y diversas”, advierte el grupo.
Así, y para garantizar que los órganos de control cuenten con los recursos necesarios para funcionar eficazmente, el grupo propone que es imprescindible introducir, como buena práctica legislativa laboral, el elemento presupuestario que permita discutir específicamente cuál será el impacto en la Carga de los funcionarios y Qué refuerzos se deben realizar para lograr la vigencia efectiva de las nuevas leyes.
Continuar mejorando el apoyo a los servicios para las micro y pequeñas empresas es otro aspecto que aborda el grupo.
Al respecto, se propone que el DT haga el esfuerzo de poner a disposición mecanismos para la celebración de contratos 100% digitales, permitiendo también la gestión de anexos posteriores.
Para el colectivo, esto tendría dos ventajas: la primera, que al contar con una herramienta útil para formalizar de forma expedita y rápida, se incluirían todos los elementos mínimos que debe contener un contrato de trabajo. Y, a su vez, para el DT podría implicar obtener un volumen importante de información actualizada, promoviendo el conocimiento de un segmento que presenta importantes vacíos en el Registro Laboral Electrónico actual.
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