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Vallejo: gobierno no comparte que Andrade sea preso político

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Tras el primer comité político del 2024, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, efectuó su habitual punto de prensa, donde abordó la carta que el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade (ex RD), escribió desde la cárcel, y que fue publicada por su familia en sus redes sociales la tarde del pasado domingo.

En la declaración, Andrade calificó su situación como una “injusticia”, y que esta “no quedará acá. La impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras”.

Asimismo, agradeció lasmuestras de cariño, su preocupación, sus rabias frente a esta injusticia. Sus palabras son un bálsamo en esta prisión política, son mi mayor luz y esperanza entre estas celdas y murallas”.

“Me han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, este fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir a mí”, agregó.

Además, señaló que es “dueño de mis silencios y preso de mis palabras, hasta ahora he elegido el silencio, esperando que ‘las instituciones funcionen’, pero con tanta presión política creo que hay que salir a defenderse”.

En particular, Vallejo, fue consultada por el concepto utilizado por Andrade en el que dice ser un preso político. Al respecto, la ministra afirmó que “obviamente no lo compartimos, pero tampoco es nuestra intención polemizar con una persona que hoy día está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel”.

“Lo que sí nosotros podemos reiterar e insistir es que la justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y la justicia está avanzando. Y eso siempre va a ser saludable, pero no es de nuestro interés polemizar en ningún caso por la prensa, producto de una carta que se emite, pero, evidentemente, en juicio político, del concepto que se utiliza, evidentemente que el Ejecutivo no lo comparte”.

En la ocasión, la ministra fue consultada por la acusación constitucional que presentó la oposición contra el titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su eventual responsabilidad en los traspasos de recursos desde su ministerio a fundaciones que están siendo investigados por la justicia en el caso denominado líos de platas.

Al respecto, Vallejo reiteró el respaldo al ministro y afirmó que desde el gobierno “tenemos hoy día un convencimiento que sigue firme y en pie, que es que esta acusación constitucional, que en primera instancia fue una amenaza, que luego se concretó en un texto que deja mucho que desear, no tiene ningún fundamento jurídico”.

Asimismo, aseguró que el ministro “no solamente tiene una buena defensa jurídica, sino que también una buena defensa política desde el gobierno, porque tenemos un convencimiento político de que aquí el ministro no incumplió ninguna ley ni la Constitución, a la cual está obligado a respetar como ministro de Estado”.

En esa línea, afirmó que desde el Ejecutivo acompañarán al ministro el jueves, día en que la Cámara está mandatada a votar la acusación constitucional.

“Vamos a acompañar al ministro Carlos Montes. Nosotros esperaríamos que después de haber leído no solo la acusación constitucional, sino que el informe de la comisión revisora, las y los parlamentarios, independientemente de si oficialista u oposición, desestimen los fundamentos de esta acusación constitucional”, sostuvo.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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