El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro denunció este martes la existencia de supuestos vínculos entre el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y organizaciones que nutren la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre el país sudamericano por las protestas de 2017 en las que murieron 120 personas.
Según un comunicado difundido por el gobierno venezolano, que no da detalles, existirían “vínculos comprobados entre la fiscalía de la CPI y organizaciones no gubernamentales que han brindado información en contra de las autoridades nacionales en este asunto”.
que pone en “duda de la debida imparcialidad y objetividad de dicho tribunal”, según el mensaje de denuncia.
Los cuestionamientos de Venezuela a la CPI, con sede en La Haya, se produjeron justo el día en que vence el plazo para que el país presente sus alegatos contra la investigación formal abierta en noviembre de 2021.
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó en noviembre pasado la reapertura de su investigación sobre denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la policía y la Guardia Nacional venezolana bajo Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017. Seis meses antes de la solicitud de reapertura de la investigación, Venezuela había pedido a la CPI que aplazara la investigación contra las autoridades venezolanas.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
Si bien la Corte ha reconocido que las autoridades venezolanas han emprendido reformas legales, consideró que “siguen teniendo un alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en procesos potencialmente relevantes”.
El gobierno venezolano, por su parte, sostuvo que su sistema judicial está permanentemente activado para garantizar la justicia de su competencia y rechazó las acusaciones sobre la falta de pasos concretos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos como “gratuitos e inverosímiles”.
Caracas habla de “las falacias de agresión mediática y geopolítica” que apuntan a Venezuela de delitos que supongan un atentado contra los derechos humanos fundamentales. Algo que “nunca ha pasado”, destaca el comunicado.
El Gobierno atribuye el proceso ante el Tribunal de La Haya a una estrategia de “cambio de régimen” impulsada por Washington, en alusión a que Venezuela ha aportado “abundante información que demuestra el carácter político” de la investigación.
El proceso contra Venezuela se centra, entre otros delitos, en en la muerte de más de un centenar de personas durante las multitudinarias protestas de 2017. Los juicios y condenas han recaído sobre los autores de algunos de estos delitos, en su mayoría agentes de las fuerzas de seguridad; pero hasta el momento no han establecido responsabilidades en la cadena de mando, según denuncias de opositores y activistas de derechos humanos.
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