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No hay duda de que social y económicamente es necesario o deseable contar con mecanismos de evaluación de proyectos que permitan equilibrar la necesidad de grandes inversiones con otros requerimientos, como el cuidado del medio ambiente, el patrimonio cultural o las comunidades. Como cualquier sistema de contrapeso, si es demasiado restrictivo o demasiado laxo, no cumplirá adecuadamente su función.
En Chile existe la sensación de que las demandas sobre los grandes proyectos son tan grandes que simplemente están limitando la inversión a un punto pernicioso. Un ejemplo llamativo fue la portada del Diario Financiero de septiembre de 2024, que destacaba cómo una empresa frenó un gran proyecto de inversión en Chile, y el caso de otra empresa que decidió invertir en otro país.
Para comprobar si el permiso realmente está afectando la inversión, es posible inspeccionar -a modo de ejemplo, dado que hay muchas dimensiones en las que se debe evaluar la onerosa de los permisos- la valiosa base de datos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). De estos datos se desprenden algunas verdades que me parecen incómodas.
La primera es que La duración media anual de tramitación de los proyectos ha aumentado casi un 89% en los últimos 30 años. pasando de 208.9 a 395.6 días promedio (esto incluye todos los proyectos; aprobados, rechazados, abandonados, entre otros). Si miramos el cambio en los últimos 20 años, el aumento es del 76%. Por lo demás, hay plazos legales que no siempre se cumplen, lo que evidentemente genera más incertidumbre a los inversores.
La segunda verdad incómoda es que El porcentaje de proyectos aprobados ha disminuido constantemente. Hace 30 años se aprobaba cerca del 100% y esto ha disminuido a aproximadamente el 60% de todos los proyectos. Esto contrasta con el porcentaje de proyectos abandonados o abandonados, que aumentó de casi cero a alrededor del 20% de los proyectos.
La tercera verdad incómoda es que La inversión total de los proyectos que han tenido que pasar por el proceso SEIA se mantiene casi en los mismos niveles que hace 20 años. Este no fue siempre el caso. Hubo un gran pico en 2012 y 2013 (también uno más pequeño en 2007), pero luego comenzó a disminuir hasta alcanzar una cantidad mucho menor. Esto es consistente con la “década perdida” de la economía chilena.
De hecho, es imposible poner obstáculos a la inversión y que ésta no se vea afectada. Si los trámites son más largos y la incertidumbre de la aprobación es mayor, entonces la evaluación de cada proyecto se vuelve menos atractiva y, en consecuencia, se realizan menos inversiones totales. Potenciales inversiones que en una situación ideal estarían entre realizarse y no realizarse, terminan no realizándose, dadas las condiciones actuales. Por eso a los permisos se les ha llamado “impuesto” a la inversión, porque tiene el mismo efecto que un impuesto a la evaluación de proyectos de inversión.
Obviamente, las razones por las que la inversión sufre son multicausales. La incertidumbre política de los últimos años o la pandemia, y sus consecuencias económicas en todo el mundo, no ayudaron en nada. Pese a ello, es evidente que existen problemas administrativos que deben resolverse.
La inversión es clave para generar empleo y crecimiento, ya que permite la creación de nuevas oportunidades laborales y estimula la economía. La inversión implica mayor productividad y bienestar en general, ya que implica la adquisición de tecnologías y recursos que mejoran la eficiencia y la calidad de vida. Además, la inversión en infraestructura, educación y salud puede tener un impacto significativo y directo.
Además, la inversión puede ser un elemento clave en tareas como revertir o detener el cambio climático. Por ejemplo, invertir en energías renovables, como la solar y la eólica, ayuda a reducir las emisiones. También puede impulsar la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles, que pueden generar nuevas oportunidades económicas y cuidar el medio ambiente.
¿Por qué no le damos a la solución de este problema la prioridad que merece? Propuestas y diagnósticos sobran, pero políticamente parece más rentable preocuparse por impulsar políticas públicas que -supuestamente- beneficien directamente a los electores. El problema de los permisos es visto como un tema aburrido y un problema para los grandes empresarios (y debemos recordar que algunos políticos chilenos han tratado de hacernos creer que los empresarios son una especie de enemigo). La “miopía” política nos impide ver que resolver este problema no sólo beneficia a los empresarios, sino que nos beneficia a todos.
Es hora de liderazgos diferentes, que sean capaces de impulsar lo que directamente no da votos, pero sí beneficia a los chilenos. ¿Quién lleva la gineta?