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La cadena de supermercados Walmart se sumó al conflicto constitucional respecto de las instrucciones impartidas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de las condiciones para el mercado de tarjetas que revisa el Tribunal Constitucional (TC), tras la entrada de un recurso de inaplicabilidad como inconstitucional presentada por Mastercard.
La multinacional estadounidense ingresó una carta en la que señaló que la potestad reglamentaria del TDLC es un ejercicio de larga data y cuenta con el respaldo de la Corte Suprema.
Enfatizó que esta facultad que tiene el TDLC “forma parte de su propósito de promover la libre competencia, toda vez que especifican los criterios y parámetros de conducta que tienden a evitar violaciones a las reglas, particularmente en mercados donde -por sus características y estructura- existen riesgos de conductas anticompetitivas”.
Walmart señaló que las acciones iniciadas por Mastercard son más sobre “un último y desesperado intento de eludir las normas pertinentes y proporcionales que el TDLC ha impuesto en el ejercicio de sus facultades, siguiendo el patrón de conducta de Mastercard en otras jurisdicciones”.
La empresa ejemplificó que Mastercard enfrenta una investigación en los Estados Unidos por violaciones de las regulaciones de tarjetas de pago y estatutos de protección al consumidor, así como demandas colectivas interpuestas por empresas en relación con la fijación de tipos de cambio.
La marca de tarjetas fue demandada en Reino Unido por fijar tarifas de intercambio, y tanto en Israel como en Australia hay litigios por infracciones a la libre competencia.
Walmart informó al TC que Mastercard “Participó activamente en el proceso público y transparente que culminó con la emisión de las instrucciones de carácter general, sin haber cuestionado la constitucionalidad”.
En este contexto, la empresa solicitó al TC que rechace el recurso de Mastercard y teniendo en cuenta además que la Corte Suprema es la sede para conocer el asunto.
Asimismo, Walmart aseguró que “No hay vulneración del derecho de propiedad o de desarrollar cualquier actividad económica lícita” como alega Mastercard, porque el TDLC “tiene facultades legales para regular y limitar los derechos patrimoniales”.
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