Altos costos, falta de usuarios disponibles y sin atractivo comercial. Estos fueron los argumentos que usó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de WOM, Eduardo Jara, para solicitar al Tribunal de Quiebras de Delaware, en Estados Unidos, una autorización para que la empresa renuncie a la banda 26 GHz, una de las cuatro concesiones que le otorgó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a la empresa en 2021.
A inicios de abril, la firma ligada al fondo de inversión Novator Partners solicitó una reorganización de sus operaciones bajo el Capítulo 11, luego de registrar pasivos por US$ 1.600 millones. Ahora, WOM se está preparando para exponer el 22 de mayo todas las razones que analizaron para tomar la decisión.
De hecho, un requisito de los procesos de reestructuración en Estados Unidos es que las compañías están obligadas a reportar o pedir autorizaciones de todas sus estrategias. Un ejemplo, fue cuando la jueza Karen B. Owens dio el visto bueno para que JPMorgan otorgue un crédito por US$ 210 millones, pese a que la empresa ya tenía el acuerdo con el banco de inversión.
Una tecnología “obsoleta”
La exsubsecretaria Pamela Gidi armó en 2021 un concurso 5G con cuatro macrobandas: 700 MHz, AWS, 3,5 GHz y 26 GHz. La idea era presentar un portafolio con diferentes capacidades técnicas que permitiera a Chile dar un salto tecnológico a futuro.
Con esta carta de presentación, WOM participó por todas las frecuencias y se adjudicó un bloque en cada una de ellas. Según el relato que Jara presentó en la Corte, WOM buscó obtener las licencias de la banda milimétrica en “previsión” de su éxito comercial y rentabilidad.
“Lamentablemente, la tecnología de 26 GHz se ha quedado obsoleta en todo el mercado de las telecomunicaciones. Desde 2021, la tecnología aplicable ha evolucionado y la demanda del espectro de 26 GHz para 5G ha disminuido vertiginosamente”, contó en su escrito.
“WOM y sus representantes, quedarían descalificados para licitar en cualquier contrato público para el mismo tipo de servicio por un período de cinco años”.
La macrobanda milimétrica es una frecuencia alta que requiere de una gran capilaridad de radiobases para funcionar, y la exsubsecretaria Gidi lo incluyó en el concurso como una forma de adelantarse a las necesidades de conectividad. Sin embargo, a tres años de la licitación no hay usos comerciales desarrollados, excepto algunos experimentos satelitales a nivel militar, según comentó una fuente.
“En ninguna parte, los negocios u operaciones pasadas, actuales o futuras de WOM dependen de la operación de las licencias de 26 GHz. Los deudores actualmente no tienen clientes que utilicen la banda de frecuencia de 26 GHz ya que las licencias de 26 GHz nunca se utilizaron debido a la falta de tecnología o atractivo comercial”, expresó WOM en la audiencia.
De acuerdo a los cálculos de la operadora, para echar a andar esta tecnología se requiere de US$ 10 millones como mínimo. “La solicitud de renuncia a concesiones sin uso en la banda 26 GHz, se debe a que esta tecnología es aún muy preliminar para este negocio y a nivel mundial está frecuencia no ha sido explotada. Es importante aclarar que no existen servicios operativos, en consecuencia, tampoco clientes que la utilicen”, sostuvo la empresa de telecomunicaciones.
Eduardo Jara, VP de Asuntos Corporativos de WOM.
Los riesgos de continuar
La operadora advierte que debe renunciar a las concesiones lo antes posible. ¿La razón? pronto partirá la presión de Subtel por la activación de la banda 26 GHz de WOM.
El proceso de encendido se hace mediante una solicitud en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y en un plazo de 45 días la autoridad debe dar el visto bueno para que se prendan las antenas. Sin embargo, la empresa explica que, por contrato, deben presentar esta petición el 23 de mayo, porque la fecha límite de la primera concesión es el 29 de julio. Y desde ese período en adelante, WOM debe tener listas 16 regiones.
Según Eduardo Jara, la operadora se enfrenta a serios riesgos en el caso de continuar con el bloque de 26 GHz. Los problemas parten en sanciones económicas, pero el más grave es la cancelación de la compañía como oferente en licitaciones durante un lapso.
“WOM y sus representantes, también quedarían descalificados para licitar en cualquier contrato público para el mismo tipo de servicio por un período de cinco años”, indicó el ejecutivo.
Jara afirmó que una medida en favor de “abandonar y entregar las licencias de 26 GHz es un ejercicio razonable del juicio comercial de los deudores y en el mejor interés de los deudores, sus patrimonios y sus acreedores”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.