El legislador socialista Juan Santana integra la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y desde esa plataforma analiza la polémica suscitada respecto a una eventual condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) a días de la penúltima Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, calificando de “mezquinos” a quienes atribuyen que el tema se haya levantado ahora con fines electorales.
Por otro lado, en esta conversación con Diario Financiero, recuerda que no existe un proyecto aún, que en la fórmula que elija el Gobierno para avanzar en la condonación del CAE deberá priorizar y que deberá dejar un proceso iniciado para que otras administraciones tomen la posta.
– ¿Qué le parece que se haya generado esta polémica a raíz de un proyecto para condonar el CAE que no ha ingresado?
Creo que es una discusión más semántica que de contenido, porque se llama condonación u organizar la deuda educativa, y me parece que en el fondo del debate eso no es lo relevante.
– A su juicio, ¿qué es lo relevante?
– Lo relevante es que se busque una solución a los problemas económicos que sufren muchas familias, dado que fueron sometidas, por acceder a un crédito como el Crédito con Aval del Estado, a una deuda gigantesca, y que hasta el día de hoy pagan sus consecuencias. Estamos hablando de la principal deuda no hipotecaria de los hogares chilenos. Y la respuesta debe ser una política pública que se haga cargo del problema. Creo que esta es una polémica artificial porque, además, ha sido el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha señalado que el financiamiento de la iniciativa que va a ingresar el mes de septiembre no está vinculado a los proyectos de ley que forman parte del pacto fiscal y va a ser una iniciativa autofinanciada.
– ¿Cómo se entiende que sea una política autofinanciada, si finalmente esos recursos tienen que salir de algún lado?
– Lo que pasa es que hoy día el Estado ya destina una cantidad importante de recursos por conceptos de intereses y mora a la banca, por efectos del CAE. Hay que recordar que la cifra que se nos entrega a fines del 2022 es que el Estado chileno ha invertido sobre los $ 8 billones y me parece que eso habla de que la discusión, más que estar centrada en cuanto destina el Estado, es cómo administra el Estado los recursos que finalmente terminan orientándose hacia educación superior. Si queremos mantener la lógica de los bancos dentro de las instituciones de educación superior o queremos cambiar aquello. Esta es una discusión legítima, pero que no va al caso.
– ¿Usted estaría disponible para, más que condonar, buscar una fórmula que facilite el pago de la deuda?
– Yo soy cauteloso en esto, porque no conocemos la propuesta del Gobierno todavía. Lo que sí tengo claro, más allá de las herramientas que se utilicen, es cuáles son los segmentos que deben ser prioritarios.
– ¿Y cuáles serían?
-Hay una cifra que es importante dar, porque se intenta decir muchas veces de que esta es una política pública o un anuncio que se hace de forma populista y, particularmente, para sectores privilegiados, pero el 56% de los estudiantes que accedieron al Crédito con Aval del Estado tiene una renta inferior a los $750 mil. Nadie podría pensar que esa la renta de un trabajador privilegiado en nuestro país. Más aún si se considera que de ese ingreso hay una parte que se tiene que destinar precisamente al pago del CAE. Entonces, para mí, más que la discusión acerca de la herramienta, que hoy día no es algo que tengamos claro porque el Gobierno está y sigue preparando el proyecto que va a presentar, lo importante es delinear el universo prioritario al cual el proyecto va a beneficiar en esta primera etapa.
– ¿Cuál debiera ser ese universo?
– Para mí son las personas que tienen menores ingresos, sin lugar a dudas. Pero también creo que es legítimo reconocer la responsabilidad que tuvieron aquellos estudiantes que han estado saldando esta deuda durante todo este tiempo de forma responsable.
– Le insisto en la herramienta, porque sectores del propio oficialismo plantean que la condonación del CAE es uno de los principales compromisos de campaña y que era universal.
– Claro, lo que pasa es que nosotros los políticos debemos tener la capacidad de ser dúctiles y adaptarnos a que los compromisos programáticos también están sujetos a los desafíos que se presentan en los años de gobierno. Eso no significa, bajo ningún punto de vista, abandonar los compromisos, muchas veces se debe priorizar; como ha pasado durante este periodo, por ejemplo, con el tema de la seguridad, que no era una prioridad hasta hace algún tiempo y, hoy día, lo es para el país de forma transversal.
– ¿Cómo se conjuga no abandonar los compromisos y priorizar?
– Las políticas públicas que se llevan adelante deben tener un sentido de Estado, iniciando su discusión; en este caso, su implementación durante este periodo, pero también teniendo la capacidad de proyectarlo a futuro. De esta forma ocurrió con la gratuidad. Y de esa forma creo que se debe mirar también la discusión acerca de la condenación del CAE. Porque es urgente y, en eso no tenemos ninguna duda, ninguna discusión, hay que buscar una solución para los casos más apremiantes de deuda. Y se debe hacer durante este periodo, porque fue un compromiso de campaña. Pero encontrar un nuevo método de financiamiento para la educación superior, para los institutos profesionales, los IFT, las universidades públicas, debe ser parte de una política de Estado que se debe proyectar en las próximas décadas. Esa discusión no termina en este periodo.
“La responsabilidad fiscal siempre es un imperativo”
– En ese sentido, ¿partir por los sectores de más bajos ingresos sería la solución?
– No es una solución, es una decisión de priorizar aquellas situaciones que a ojos de muchos, son las más prioritarias. Esto no es nuevo en Chile. Yo puse el caso de la gratuidad, como hay muchos casos de políticas públicas que no se terminan de implementar durante un determinado periodo, y que para iniciar su implementación tienen que priorizar o tienen que optar. Y lo que el Gobierno tiene que hacer ahora, que fue uno de los compromisos de campaña, es iniciar un proceso de condonación, que apunte necesariamente, dada la situación del país y que hay muchas prioridades, a los sectores más vulnerables.
– Entonces, ¿es importante mantener la responsabilidad fiscal en estas políticas públicas?
– La responsabilidad fiscal siempre es un imperativo no sólo para este Gobierno, sino para cualquier administración. Por eso es que también, gracias a la responsabilidad fiscal que ha tenido esta administración, hemos tenido las noticias que hemos tenido en materia económica durante las últimas semanas. Eso no es algo que se genere por casualidad, ni es fruto de la suerte; muy por el contrario, ha sido el resultado de decisiones que muchas veces son difíciles, que no dejan contentos a todos, pero que tienen como propósito final mejorar la economía que es la que termina repercutiendo en la vida de todos los chilenos y chilenas.
Ahora, el que exista creatividad en la herramienta que eventualmente se va a crear para poder determinar un nuevo método de financiamiento de la educación superior, es una buena noticia.
Y también es una buena noticia es que el Estado chileno decida no seguir destinando la misma cantidad de recursos a la cual hacía mención recién, de forma periódica a la banca, y reorientarlos justamente para fortalecer las posibilidades de que más estudiantes ingresen a la educación superior.
– ¿Ese es el debate de fondo?
– El debate de fondo a lo mejor es si algunos están por defender el que la banca siga percibiendo recursos del Estado por concepto de créditos estudiantiles o que esa lógica se acabe y que el Estado asuma un rol mucho más protagónico y central en el futuro de los profesionales, profesional y técnicos, que se están formando en nuestras instituciones.
– Desde la oposición han atribuido este anuncio a que es año electoral y a que es una forma de mantener el respaldo particularmente del Frente Amplio al Gobierno, ¿qué le parece?
– Eso es muy mezquino por parte de la oposición, porque si uno hiciera el mismo ejercicio, podría decir que desde Chile Vamos y el Partido Republicano se vienen oponiendo hace 16 meses a la reforma previsional, justamente para no darle un triunfo al Gobierno. Y yo espero que eso no sea así. El gobierno gobierna, administra, pero también asume compromisos y entrega fechas para responder y concretar estos compromisos. Así que de populismo, de oportunismo, nada.
En medio del auge de nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, el año pasado la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, abrió la discusión en esta materia y creó la Mesa “Legislando sobre Inteligencia Artificial” con el fin de aportar insumos para regulaciones y políticas públicas.
Se crearon cinco submesas de trabajo integradas por más de 100 actores de la academia, industria y sociedad, las que elaboraron un documento con propuestas en ética, industria y desarrollo, políticas públicas, educación y talento, y responsabilidad y sesgos, el que se entregó al ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI).
Para dar continuidad a este trabajo, la Mesa de IA solicitó una reunión con la ministra de CTCI, Aisén Etcheverry. El encuentro se realizó este martes y participaron los 10 chair de las submesas y la senadora Ximena Rincón, quien presidía la comisión Desafíos del Futuro cuando se conformó la mesa.
La senadora calificó la reunión como “positiva” y señaló que hay muchos temas de esta propuesta que se incluyeron en el proyecto de ley de IA del Ejecutivo, y “otras que la idea es que sigan revisándose” y acompañen el proceso legislativo.
Comité y recursos para IA
En la reunión se acordó crear un comité técnico para asesorar al Ejecutivo en temas de IA, el que estará compuesto por los 10 líderes de las submesas y que sesionará una vez al mes.
La senadora Rincón señaló que el objetivo de esta instancia es acompañar la discusión legislativa y de políticas públicas.
“Hay una convicción que no todo requiere ley y que hay muchas cosas que se pueden ir avanzando a través de definiciones y coordinaciones del Gobierno o que se implementen en el sector productivo o educacional”, dijo.
En tanto, la chair de la submesa de Industria y Desarrollo, y CEO de Singularity Chile, Bárbara Silva, comentó que con este comité se busca “que el diálogo continúe, se levanten temas para hacer coordinaciones cruzadas entre los distintos ministerios y detectar oportunidades para la IA desde la política pública”.
Durante la reunión también se acordó poner “especial énfasis” en cómo aplicar IA en todos los ministerios durante la discusión de la próxima Ley de Presupuestos.
La senadora Rincón señaló que la IA se puede aplicar, por ejemplo, a las listas de espera en salud y en el ámbito de la seguridad y crimen organizado.
“El año pasado tuvimos más de 70 mil personas esperando y creemos que tiene que ver con gestión y no necesariamente de recursos”, dijo.
En noviembre de 2019, menos de un mes después del “estallido social”, el Congreso aprobó un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. El efecto inmediato significó evitar un alza de 9,2% promedio en las cuentas de la luz. Esta fue una de las medidas de la agenda social anunciada por el exPresidente Sebastián Piñera, que benefició a las familias chilenas. Así, las tarifas fueron congeladas para los clientes regulados hasta diciembre de 2020, medida que posteriormente fue extendida, debido a la pandemia.
Se comentó, en su minuto, que esta decisión permitiría, además, adelantar la rebaja de tarifas que se esperaba a partir de 2023, como consecuencia del ingreso de energías renovables y otros contratos más baratos -lo que al parecer no era tal-, como también porque se neutralizaría el efecto del dólar, que en los días posteriores al estallido sufría los efectos del over shooting o sobrerreacción, característica del tipo de cambio.
Con el alza de tarifas eléctricas ha pasado lo que siempre ocurre con los malos acuerdos: nadie quiere pagar las cuentas cuando el momento llega.
No había nadie que no sacara cuentas alegres en noviembre de 2019. Se hablaba del profundo análisis técnico realizado y del diálogo político transversal que había posibilitado que, en menos de tres días de tramitación, se aprobara este gran acuerdo. Pero como siempre pasa con los malos acuerdos, nadie quiere después pagar las cuentas y ahora llegó el momento de hacerlo.
El congelamiento de las tarifas llevó a que las empresas de generación eléctrica registraran una cuenta por cobrar en sus balances. Y como en toda firma -PYME, mediana o grande-, llega el momento de pasar por caja una cuenta por cobrar, aunque uno pueda dar plazo a los clientes. En la actualidad, esa cuenta por cobrar o ese activo que tienen las generadoras alcanza a US$ 6 mil millones, lo que equivale a 2 puntos del PIB. Dado que Chile es un país serio, y como tal tiene una reputación que cuidar, se deben pagar las obligaciones con las empresas generadoras que, además, son extranjeras.
Y, como no hay mal que dure 100 años ni deuda que no se pague, la semana pasada se supo que, a partir de julio de este año, las cuentas de la luz comenzarán a reajustarse para pagar esa deuda. Por esta razón, se registrarán incrementos de hasta 30%, en pleno invierno, cuando el consumo de luz es mayor y donde un alza de esta magnitud afectará sobremanera a las familias más vulnerables. Como mitigación, se aplicarán subsidios para el 1,5 millón de familias en tales condiciones.
Lo extraño es que, ahora, el oficialismo presiona por frenar las alzas, preocupado por su efecto en la inflación, siendo que en su momento fueron las mismas personas las que aprobaron los retiros de los fondos de pensiones que desembocaron en la inflación anual de 14%. Pareciera que si frenamos el aumento de las tarifas eléctricas viviríamos, entonces, en una suerte de país mágico donde los ajustes se postergan para siempre, en una especia de esquema de Ponzi. Pero la realidad es otra; en los juegos de caja los billetes son de papel, pero en la realidad los compromisos que se asumen se respetan y las cuentas se pagan.
#hay #deuda #pague
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JAVIERA CÉSPEDES Socia Mizón Abogados IAN HENRÍQUEZ Doctor en Derecho U. DE Los Andes
JAVIERA CÉSPEDES Y IAN HENRÍQUEZ
La ética no es solo una cuestión de conciencia, sino un pilar fundamental en el actuar de las personas, especialmente de quienes desempeñan funciones públicas. En el contexto del derecho chileno, la obligación de incorporar la ética en la conducta de los funcionarios públicos es clara y está bien establecida. Tanto la Constitución, como la Ley 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, consagran el principio de probidad, definiéndolo como la obligación de observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal, siempre priorizando el interés general sobre el particular. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra una brecha entre la teoría y la práctica.
El último “Reporte sobre principales resultados de auditoría 2022”, de la Contraloría General de la República al servicio público, revela un panorama preocupante: contabiliza 13.178 observaciones, con un monto objetado por más de $ 2.191.776.699.242, equivalente a cerca de 3,4% del presupuesto fiscal de ese año. Estos números reflejan no solo un problema de coherencia en el respeto al principio de probidad, sino una crisis en las instituciones públicas, agravado por la falta confianza de la ciudadanía en las mismas y exacerbado por casos de corrupción y la creciente influencia de la narco-cultura.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU incluyen entre sus propuestas prevenir la corrupción. En ese marco, Chile debiera avanzar tanto en la creación de normas, como en asegurar su cumplimiento.
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos asegurar que el actuar ético sea una constante en la carrera funcionaria? La respuesta podría estar en la educación y en la creación de incentivos. No basta con la existencia de códigos de ética; es imprescindible mejorar la formación ética de los funcionarios, desde su incorporación al servicio público y a lo largo de toda su carrera. Incluso, podría llevarse un registro de las consultas canalizadas donde se destaquen las buenas y las malas prácticas que se han visto en las instituciones, no solo para lograr un adecuado monitoreo de las consultas y denuncias, sino también para lograr un mejor autocontrol y autocrítica por parte de quienes ejercen la función pública.
Implementar un sistema de distinciones y retribuciones, que además de las económicas incluya reconocimientos simbólicos, podría ser una estrategia efectiva para incentivar la ética individual. Esta medida no solo premiaría el desempeño honesto, sino que también construiría una cultura institucional más íntegra para nuestro país. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en el objetivo 16, destaca la importancia de prevenir la corrupción como un camino hacia el desarrollo sostenible. Chile, al integrar la probidad administrativa en esta agenda, debe avanzar no solo en la creación de normas, sino en asegurar su cumplimiento efectivo.
En conclusión, la ética en el servicio público no puede quedarse solo en el ámbito de las buenas intenciones. Requiere de acciones concretas, educación continua y sistemas de incentivos que promuevan y premien el actuar probo. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales y construir una administración pública que sea realmente un reflejo de integridad y servicio al bien común.