Unas cinco horas de retraso las autoridades de la Secretaría de Economía -encabezada por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la subsecretaria Javiera Petersen- en llegan a un acuerdo con los gremios de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyme) sobre el apoyo que se les dará de la mano del proyecto de ley para aumentar el salario mínimopara llegar a $ 400 mil en agosto de este año.
Pasadas las 17:00 horas, el subsecretario Petersen comenzó a leer el documento que reflejaba el acuerdo entre las partes. El texto afirma que El monto que se entregará a las MiPymes estará basado en un subsidio de $22.000 por trabajador que antes de mayo de este año devengaba el salario mínimo.
Este monto se entregará entre los meses de mayo y diciembre de 2022, y entre enero y abril de 2023 se mantendrá el mismo beneficio siempre y cuando el salario mínimo sea de $400.000. Pero, Si el ingreso mínimo se ajusta a $410.000 en el primer mes de 2023 -qué pasaría si la inflación supera el 7%, como acordaron el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)-, el subsidio por trabajador subirá a $32 mil. “Los detalles de este subsidio se especificarán en un documento adjunto de acuerdo con lo discutido entre las partes”, señala el documento firmado por Economía y nueve sindicatos de pymes.
La propuesta anterior, que estaba incluida en el convenio entre el Ministerio de Hacienda y la CUT, consideraba que las empresas serían las responsables del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiaría la diferencia entre ese monto y los $400.000, conocidos como el “aumento real”.
Otro punto clave para las organizaciones de pequeñas empresas fue que el acuerdo de hoy incluía preocupaciones sobre cuestiones estructurales que las afectan a largo plazo.
Por ello, la Secretaría de Economía se comprometió a “seguir impulsando un diálogo constante y fluido para la generación consensuada de políticas públicas que afecten a las MIPYMES, con sus representantes, siendo el Consejo Consultivo de las MIPYMES el principal espacio de trabajo para estos fines”.
En este espacio -que comenzará el viernes- temas como “la apuesta por un espacio de trabajo donde las MiPymes sean consideradas en el diseño de la reforma de la reducción de jornada y de lo relacionado con ella, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma de la Ley de Compras Públicas, como así como las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”, en particular, las líneas de crédito de subsidio de Corfo y Sercotec”.
Fogape también fue un punto de preocupación para las organizaciones empresariales más pequeñas, y el gobierno se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento para estos préstamos adquiridos durante la pandemia.
“Por otro lado, existen otros problemas de especial sensibilidad para las MiPymes que deben ser abordados de manera conjunta con las MiPymes y con otros organismos públicos relevantes”, señala el convenio, que especifica las deudas previsionales y tributarias.
El documento establece que “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconoce la difícil situación económica que atraviesan actualmente las MIPYMES de nuestro país, las cuales se han visto especialmente afectadas por las dificultades económicas del 2020 derivadas de la pandemia y los desequilibrios macroeconómicos de los últimos tiempos”. Y agrega que “en este contexto, es necesario impulsar una agenda de corto y largo plazo para acompañar y fortalecer su rol en la economía de nuestro país, haciéndose cargo de los problemas coyunturales y estructurales que enfrentan”.
Además del Ministro Grau y el Subsecretario Petersen, firmaron el convenio la Asociación de Empresarios de Chile (Asech), la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (Conupia), Conapyme, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) , la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, la Asociación de Exportadores Manufactureros (Asexma), la Convergencia Nacional de Sindicatos Pymes y Cooperativas de Chile, la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme), la Asociación Nacional de Eventos y Empresas Turismo (Aneet Chile), y MIPYMES AG
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.