Unas cinco horas de retraso las autoridades de la Secretaría de Economía -encabezada por el titular de la cartera, Nicolás Grau, y la subsecretaria Javiera Petersen- en llegan a un acuerdo con los gremios de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyme) sobre el apoyo que se les dará de la mano del proyecto de ley para aumentar el salario mínimopara llegar a $ 400 mil en agosto de este año.
Pasadas las 17:00 horas, el subsecretario Petersen comenzó a leer el documento que reflejaba el acuerdo entre las partes. El texto afirma que El monto que se entregará a las MiPymes estará basado en un subsidio de $22.000 por trabajador que antes de mayo de este año devengaba el salario mínimo.
Este monto se entregará entre los meses de mayo y diciembre de 2022, y entre enero y abril de 2023 se mantendrá el mismo beneficio siempre y cuando el salario mínimo sea de $400.000. Pero, Si el ingreso mínimo se ajusta a $410.000 en el primer mes de 2023 -qué pasaría si la inflación supera el 7%, como acordaron el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)-, el subsidio por trabajador subirá a $32 mil. “Los detalles de este subsidio se especificarán en un documento adjunto de acuerdo con lo discutido entre las partes”, señala el documento firmado por Economía y nueve sindicatos de pymes.
La propuesta anterior, que estaba incluida en el convenio entre el Ministerio de Hacienda y la CUT, consideraba que las empresas serían las responsables del aumento equivalente a la inflación, y que el gobierno subsidiaría la diferencia entre ese monto y los $400.000, conocidos como el “aumento real”.
Otro punto clave para las organizaciones de pequeñas empresas fue que el acuerdo de hoy incluía preocupaciones sobre cuestiones estructurales que las afectan a largo plazo.
Por ello, la Secretaría de Economía se comprometió a “seguir impulsando un diálogo constante y fluido para la generación consensuada de políticas públicas que afecten a las MIPYMES, con sus representantes, siendo el Consejo Consultivo de las MIPYMES el principal espacio de trabajo para estos fines”.
En este espacio -que comenzará el viernes- temas como “la apuesta por un espacio de trabajo donde las MiPymes sean consideradas en el diseño de la reforma de la reducción de jornada y de lo relacionado con ella, la modificación de la Ley de Pago a 30 días, la reforma de la Ley de Compras Públicas, como así como las medidas anunciadas en el plan “Chile Apoya”, en particular, las líneas de crédito de subsidio de Corfo y Sercotec”.
Fogape también fue un punto de preocupación para las organizaciones empresariales más pequeñas, y el gobierno se comprometió a estudiar alternativas de refinanciamiento para estos préstamos adquiridos durante la pandemia.
“Por otro lado, existen otros problemas de especial sensibilidad para las MiPymes que deben ser abordados de manera conjunta con las MiPymes y con otros organismos públicos relevantes”, señala el convenio, que especifica las deudas previsionales y tributarias.
El documento establece que “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reconoce la difícil situación económica que atraviesan actualmente las MIPYMES de nuestro país, las cuales se han visto especialmente afectadas por las dificultades económicas del 2020 derivadas de la pandemia y los desequilibrios macroeconómicos de los últimos tiempos”. Y agrega que “en este contexto, es necesario impulsar una agenda de corto y largo plazo para acompañar y fortalecer su rol en la economía de nuestro país, haciéndose cargo de los problemas coyunturales y estructurales que enfrentan”.
Además del Ministro Grau y el Subsecretario Petersen, firmaron el convenio la Asociación de Empresarios de Chile (Asech), la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía de Chile (Conupia), Conapyme, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) , la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, la Asociación de Exportadores Manufactureros (Asexma), la Convergencia Nacional de Sindicatos Pymes y Cooperativas de Chile, la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme), la Asociación Nacional de Eventos y Empresas Turismo (Aneet Chile), y MIPYMES AG
Respecto a dos episodios relacionados con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -los casos de Dominga y Fundamenta, con grandes inversiones-, se ha hablado mucho en los últimos días de que necesitamos “más técnica y menos política”. Pero la tensión que muestra nuestra institucionalidad demuestra que hoy es precisamente cuando necesitamos más de esto último. Hay varios ejemplos que lo demuestran. Por mencionar solo tres: Actualmente cuando el “impacto ambiental cero” no es más que una utopía, debemos definir como un país qué impactos y, lo más importante, en qué lugares será aceptado y en cuáles no. Asimismo, se requiere mayor claridad sobre los requisitos impuestos por la autoridad a través de guías, instructivos, criterios y su aplicabilidad a los proyectos en trámite. En resumen, es inaceptable que cada proceso de impugnación, en teoría con solo unos pocos pasos procesales, fácilmente lleve más de tres años. En resumen: debemos modernizar nuestro sistema. Para ello se debe llegar a un acuerdo transversal similar al que existía en 2009 cuando se aprobó la “nueva institucionalidad ambiental”. Hoy entonces. más política. Podemos dejar la técnica para más adelante.
Pablo Méndez Académico, Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado
En Chile, la industria de la tecnología de la información (TI) está dominada en gran medida por hombres. Según el último informe del Servicio Nacional de Formación y Empleo, de las 10.358 personas con perfiles vinculados a este mundo, solo el 16% son mujeres.
Ante este escenario, tres mujeres profesionales vinculadas a esta industria comentaron a DF las principales barreras a las que se han enfrentado, los retos que implica el desempeño de estos trabajos y cómo avanzar hacia una mayor igualdad de género en este ámbito.
Principales barreras
Alejandra Pinto se desempeña como líder del equipo de operaciones de TI de Acid Labs, encargada de brindar servicios de soporte y monitoreo y mantener la continuidad operativa a los clientes.
Describe su experiencia en esta industria como “agradable”, de constante aprendizaje y sin discriminación por su género.
Aunque admite que el porcentaje de mujeres en TI es bajo, y que él mismo lo ha podido comprobar, no cree que eso se deba a menos oportunidades, sino que lo vincula a una “barrera social o cultural, lo cual encasilla que tenemos que trabajar en ciertas áreas y no esto (TI)”, señala.
A pesar de ello, comenta que no hay diferencia en capacidad técnica o profesional entre un hombre y una mujer, y destaca que las mujeres tienen aún mayor habilidad en ciertos aspectos.
“Nos cuestionan más que a los hombres, suponiendo que ellos tengan la verdad y siempre tenemos que demostrar lo que sabemos innecesariamente”. BARBARITA LARA, DIRECTORA EJECUTIVA DE EMERCOM.
“Es difícil que las mujeres se destaquen más, porque se cuestiona nuestra opinión y los resultados. (…) Las barreras están ligadas a diferentes salarios por hacer el mismo trabajo y al cuestionamiento del saber”. SANDRA REYES, RESPONSABLE DE DISEÑO Y UX DE DESTÁCAME.
“No creo que las mujeres tengamos menos oportunidades, pero hay una barrera social o cultural que nos encasilla en tener que trabajar en ciertas áreas y no en esta (TI)”. ALEJANDRA PINTO, LÍDER DE OPERACIONES DE TI EN ACID LABS.
“Siempre digo que tenemos un sexto sentido, para ser más sensoriales y eso nos permite desarrollar habilidades blandas”, dice la experta.
Barbarita Lara, ingeniera de ejecución informática y CEO de Emercom, firma tecnológica de desarrollo de plataformas, va un paso más allá, quien se define como una “inventora e innovadora” que busca articular las startups con la industria.
Lara señala que, aunque ha sido más independiente en su vida laboral, ha notado aspectos negativos en la industria, principalmente relacionados con las diferencias de salario en comparación con los hombres para el mismo trabajo.
También asegura que habría una “doble validación” para las mujeres.
“Nos cuestionan más que a los hombres, asumiendo que ellos tienen la verdad y siempre tenemos que demostrar lo que sabemos innecesariamente”, dice.
Sumado a eso, dice que la barrera más “básica” es la propia presencia de la mujer en la industria, ya que el hecho de no sentirse en comunidad las pondría en desventaja.
Un diagnóstico similar hace Sandra Reyes, jefa de diseño y UX de la fintech Destácame, quien señala que a las mujeres “les cuesta más destacar, porque se cuestiona nuestra opinión y los resultados”, y agrega que las barreras están ligadas al salario. para realizar el mismo trabajo y el cuestionamiento del saber.
Sin embargo, dice que en su vida laboral tomó estos comentarios como un “reto y aprendizaje” más que como un obstáculo para trabajar en la industria de TI, y que asocia estas barreras con la formación de estudiantes de colegios y, más tarde, universidades.
¿Cómo mejorar?
Para Lara, los aspectos a mejorar para acortar las brechas comenzarían por aspectos básicos, como incentivar a las empresas a tener cuidadores de los hijos de los trabajadores, apoyo psicológico y reforzar el teletrabajo, señalando que la industria TI es una de las que se puede desempeñar a distancia sin mayores. . problemas. “Ha servido para que las mujeres puedan empoderarse para la independencia en el ámbito laboral”, añade.
Avanzar hacia la igualdad de género en los consejos de administración y en los puestos de decisión de las organizaciones también aparece como una recomendación de los tres.
Pinto enfatiza que es importante que más mujeres tengan posiciones de liderazgo para convertirse en mentoras de otros trabajadores, apoyarlas con mentorías y seguir animándolas a seguir una carrera en tecnología.
Mientras que Reyes llama a impulsar instancias como talleres dentro de las empresas, con mujeres que den consejos para motivar y ayudar a retener el talento femenino dentro de las empresas, además de que las empresas “salgan a buscar mujeres y no esperar a que lleguen hojas de vida”, dice.
A fines de 2022, el jefe de la inteligencia nacional alemana, Thomas Haldenwang, lo expresó muy bien: “Rusia es la tormenta”, les dijo a los parlamentarios alemanes. “China es el cambio climático”.
El año pasado también fue la primera vez que la administración estadounidense actuó como si realmente creyera en esa distinción. Aunque la mayor parte de la atención del presidente Joe Biden se centró en Rusia después de su invasión de Ucrania en febrero, sus movimientos más importantes en 2022 se dirigieron a China. La incertidumbre ya no es si se producirá el desacoplamiento entre EE. UU. y China, sino hasta dónde llegará. Gran parte de la respuesta quedará clara en 2023.
“Se sospecha que el imperativo competitivo del presidente Biden hacia China superará su imperativo cooperativo”.
Esto plantea dos preguntas apremiantes. ¿Qué entiende Biden por desacoplamiento? ¿Y podrá Estados Unidos convencer a sus aliados y socios para que se unan a él?
En cuanto a lo primero, la administración estadounidense todavía está probando el terreno. Biden heredó una serie de medidas comerciales punitivas “ad hoc” que la presidencia de Donald Trump impuso a China: aranceles a las exportaciones de acero y aluminio, así como diversos controles de exportación por parte de las empresas de telecomunicaciones chinas, en particular Huawei y ZTE. Ninguno de estos ha sido revocado.
En octubre, Biden llevó al mundo un paso más cerca de la bipolaridad económica total. El Departamento de Comercio de EE. UU. emitió órdenes para cerrar el acceso de China a semiconductores avanzados. Esta medida se tomó sobre la base de que el impulso del líder chino Xi Jinping para lograr la “fusión civil-militar” significaba que el desarrollo económico de China ya no podía disociarse de su alcance militar acelerado.
La realidad es que Biden está improvisando sobre la marcha. Su administración incluye librecambistas clásicos, que continúan creyendo en la globalización de suma positiva, y otros que ven la rivalidad entre Estados Unidos y China como una competencia de suma cero en la que solo puede prevalecer una potencia. La sospecha es que, en lo que respecta a China, el imperativo de competencia de Biden tendrá prioridad sobre el de cooperación.
Si ese es el camino que Biden elige tomar, tendrá que traer consigo aliados y socios comerciales clave de Estados Unidos. Oficialmente, se habla de “friendshoring” (favorecer cadenas de suministro de aliados estratégicos). Esto significaría trasladar las cadenas de suministro centradas en China a países de ideas afines como Vietnam, India y México. Algo de esto ya estaba sucediendo debido a la política ahora abandonada de “cero covid” de China. Por ejemplo, Apple planea producir una cuarta parte de sus iPhones en el sur de la India. Pero el grado de dependencia global de China como proveedor de bienes intermedios en la mayoría de las áreas de producción moderna significa que el objetivo implícito de EE. UU. es casi una bifurcación.
Esto desaceleraría el crecimiento global y agudizaría el dilema para los amigos de Estados Unidos que son altamente interdependientes con China, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Singapur. Ninguno quiere verse obligado a elegir entre EE. UU. y China, y esa elección podría perjudicar a EE. UU.
China y EE. UU. continúan aumentando sus capacidades militares en el Indo-Pacífico. Cualquiera que sea su ritmo este año, la relación entre Estados Unidos y China se dirige en una dirección inquietante. Las empresas, los países, las regiones y el mundo apenas comienzan a absorber las posibles consecuencias.