Economia
Alerta en la construcción: la mitad de las comunas de la Región Metropolitana está modificando sus planes reguladores
La industria inmobiliaria y de la construcción se está enfrentando a un nuevo frente que tiene en alerta a las distintas entidades del rubro.
En la actualidad, 26 de las 52 comunas de la Región Metropolitana están modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), de acuerdo al último levantamiento de datos informado por Marisol Rojas, vicepresidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).
Junto a las implicancias que tiene el desarrollo simultáneo de estos procesos que involucran al 50% de los municipios de la capital, desde la industria añaden el efecto que tienen los prolongados tiempos de tramitación involucrados.
Tres comunas de la capital -Cerrillos, Maipú y Providencia- han congelado la entrega de permisos de construcción.
Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los planes comunales en proceso de modificación iniciaron su evaluación ambiental hace más de cinco años, en promedio, estimando que pueden alcanzar siete u ocho años hasta finalizar la tramitación.
A pesar de que las entidades del rubro -como la CChC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la AOA- ven necesaria esta acción debido a que hay comunas que se rigen por normas de hace 25 años, la magnitud del panorama actual los tiene preocupados. Esto, por cuanto los procesos de modificación de PRC tardan años y, al haber varias comunas en trámite, podría incidir en una baja en el ingreso de nuevos proyectos debido a que la incertidumbre generada por la modificación de esas normativas urbanísticas podría derivar en un estancamiento a nivel regional y, en el peor de los casos, agudizar la crisis habitacional.
“(Esta demora) genera incertidumbre y frena la inversión y el empleo. En suma, aleja la posibilidad de reactivar la economía y volver a crecer. Si no hay certezas, no hay proyecto y si no hay proyecto, no hay empleo”, advirtió Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC.
La vicepresidenta de la AOA añadió que otro foco de preocupación para la industria es que las autoridades comunales de turno han ido haciendo PRC con normativas cada vez más restrictivas dependiendo de las demandas de los habitantes de cada comuna, “en vez de responder realmente al crecimiento urbano de las ciudades, lo cual inhibe aún más el desarrollo futuro”.
Finalmente, desde los gremios de la construcción advierten sobre el efecto multiplicador que podría tener la decisión adoptada en los últimos meses por tres comunas de la RM -Cerrillos, Maipú y Providencia- en cuanto a postergar sus permisos de construcción en el marco de la modificación de los PRC. Este panorama, enfatizaron, puede seguir replicándose en otras zonas de la capital, “dificultando aún más el acceso a la vivienda en el país”.
Llamado de privados
¿Qué factores explican la actual acumulación de reformas a los PRC. Entre diversas razones, los expertos y directivos gremiales consultados destacaron las falencias en materia de capacidad económica y de recursos humanos de los municipios de llevar adelante estos procesos, sumado a que muchos de sus procedimientos no tienen plazos fijos.
A ello agregan un factor político originado en que la toma de decisiones técnicas -en materia de ciudad y desarrollo- no existen los contrapesos suficientes en relación a las opiniones de las comunidades y los vecinos.
Desde el rubro proponen una serie de fórmulas para enfrentar y agilizar su tramitación.
Por ejemplo, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la ADI, enfatizó que estos procesos de modificación del PRC pueden mejorar a través de mecanismos de participación con plazos claros, coordinación intercomunal y énfasis en densificación equilibrada que permita dar respuesta general a problemas comunes a todo el área metropolitana.
Por su parte, Vicuña destacó que es necesario fortalecer a los municipios en materia técnica y que reciban apoyos desde las Seremis de Vivienda y Urbanismo, lo que permitiría que los gobiernos locales puedan llevar de manera más autónoma estos procesos.
En tanto, Marisol Rojas enfatizó la importancia de simplificar los procesos, establecer estándares de ciudad para la formulación de los planes reguladores, no solo comunales, y dar mayor autonomía en la administración de los recursos a las comunas para el financiamiento de estas materias.
“Plan de apoyo”
A diferencia de las entidades privadas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que es una buena noticia que varios municipios estén actualizando sus planes reguladores. Sin embargo, enfatizó que el proceso de actualización requiere “mejoras profundas”.
Para abordar este problema, el Minvu señaló que quieren implementar un Plan de Apoyo para la actualización de los PRC, cuyo objetivo es alcanzar procesos más efectivos y oportunos mediante rediseño de normas y procedimientos; relevar la gobernanza regional y la descentralización, convocando a todos los actores; y priorizar la integración social y urbana, y prevención de riesgo de desastres.
“Las actualizaciones no pueden ser vistas como una amenaza, por el contrario, son una oportunidad para todas las partes”, concluyó la autoridad.
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Economia
Demócratas valoran los cambios al proyecto antievasión, pero proponen 17 aclaraciones al Ejecutivo
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
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