La industria inmobiliaria y de la construcción se está enfrentando a un nuevo frente que tiene en alerta a las distintas entidades del rubro.
En la actualidad, 26 de las 52 comunas de la Región Metropolitana están modificando su Plan Regulador Comunal (PRC), de acuerdo al último levantamiento de datos informado por Marisol Rojas, vicepresidenta de la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).
Junto a las implicancias que tiene el desarrollo simultáneo de estos procesos que involucran al 50% de los municipios de la capital, desde la industria añaden el efecto que tienen los prolongados tiempos de tramitación involucrados.
Tres comunas de la capital -Cerrillos, Maipú y Providencia- han congelado la entrega de permisos de construcción.
Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), los planes comunales en proceso de modificación iniciaron su evaluación ambiental hace más de cinco años, en promedio, estimando que pueden alcanzar siete u ocho años hasta finalizar la tramitación.
A pesar de que las entidades del rubro -como la CChC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la AOA- ven necesaria esta acción debido a que hay comunas que se rigen por normas de hace 25 años, la magnitud del panorama actual los tiene preocupados. Esto, por cuanto los procesos de modificación de PRC tardan años y, al haber varias comunas en trámite, podría incidir en una baja en el ingreso de nuevos proyectos debido a que la incertidumbre generada por la modificación de esas normativas urbanísticas podría derivar en un estancamiento a nivel regional y, en el peor de los casos, agudizar la crisis habitacional.
“(Esta demora) genera incertidumbre y frena la inversión y el empleo. En suma, aleja la posibilidad de reactivar la economía y volver a crecer. Si no hay certezas, no hay proyecto y si no hay proyecto, no hay empleo”, advirtió Juan Armando Vicuña, presidente de la CChC.
La vicepresidenta de la AOA añadió que otro foco de preocupación para la industria es que las autoridades comunales de turno han ido haciendo PRC con normativas cada vez más restrictivas dependiendo de las demandas de los habitantes de cada comuna, “en vez de responder realmente al crecimiento urbano de las ciudades, lo cual inhibe aún más el desarrollo futuro”.
Finalmente, desde los gremios de la construcción advierten sobre el efecto multiplicador que podría tener la decisión adoptada en los últimos meses por tres comunas de la RM -Cerrillos, Maipú y Providencia- en cuanto a postergar sus permisos de construcción en el marco de la modificación de los PRC. Este panorama, enfatizaron, puede seguir replicándose en otras zonas de la capital, “dificultando aún más el acceso a la vivienda en el país”.
Llamado de privados
¿Qué factores explican la actual acumulación de reformas a los PRC. Entre diversas razones, los expertos y directivos gremiales consultados destacaron las falencias en materia de capacidad económica y de recursos humanos de los municipios de llevar adelante estos procesos, sumado a que muchos de sus procedimientos no tienen plazos fijos.
A ello agregan un factor político originado en que la toma de decisiones técnicas -en materia de ciudad y desarrollo- no existen los contrapesos suficientes en relación a las opiniones de las comunidades y los vecinos.
Desde el rubro proponen una serie de fórmulas para enfrentar y agilizar su tramitación.
Por ejemplo, Slaven Razmilic, director ejecutivo de la ADI, enfatizó que estos procesos de modificación del PRC pueden mejorar a través de mecanismos de participación con plazos claros, coordinación intercomunal y énfasis en densificación equilibrada que permita dar respuesta general a problemas comunes a todo el área metropolitana.
Por su parte, Vicuña destacó que es necesario fortalecer a los municipios en materia técnica y que reciban apoyos desde las Seremis de Vivienda y Urbanismo, lo que permitiría que los gobiernos locales puedan llevar de manera más autónoma estos procesos.
En tanto, Marisol Rojas enfatizó la importancia de simplificar los procesos, establecer estándares de ciudad para la formulación de los planes reguladores, no solo comunales, y dar mayor autonomía en la administración de los recursos a las comunas para el financiamiento de estas materias.
“Plan de apoyo”
A diferencia de las entidades privadas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que es una buena noticia que varios municipios estén actualizando sus planes reguladores. Sin embargo, enfatizó que el proceso de actualización requiere “mejoras profundas”.
Para abordar este problema, el Minvu señaló que quieren implementar un Plan de Apoyo para la actualización de los PRC, cuyo objetivo es alcanzar procesos más efectivos y oportunos mediante rediseño de normas y procedimientos; relevar la gobernanza regional y la descentralización, convocando a todos los actores; y priorizar la integración social y urbana, y prevención de riesgo de desastres.
“Las actualizaciones no pueden ser vistas como una amenaza, por el contrario, son una oportunidad para todas las partes”, concluyó la autoridad.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.