La industria de la AFP, con la excepción de uno, se ha mantenido prácticamente fuera del debate público en la última milla de la reforma de las pensiones.
Sin embargo, este martes el Gremio de Aseguradores de los Estados Unidos (Asesores del Consejo Americano de Vida, ACLI, por su nombre en inglés), que reúne a algunas de las empresas que controlan la AFP chilena, como el principal grupo financiero (controlador AFP Cuprum), MetLife (de AFP Provida) y Prudential Financial (propietario de una parte del hábitat de la AFP) criticaron la iniciativa.
A través de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, los ministros de trabajo de trabajo, finanzas, segpres, relaciones extranjeras, entre otras autoridades, el gremio, que agrupan 280 compañías que junta representan el 94% de los activos de esta industria en los Estados Unidos, puso el nota de alerta sobre los efectos de la reforma.
“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile”, dijo el presidente y CEO de ACLI, David C. Chavern.
Sin embargo, advirtió que “la reforma de pensiones propuesta no solo socavó esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera”.
Explicó que las ofertas de las acciones “constituirían una expropiación de importantes inversores de los Estados Unidos en Chile y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.
También criticó que el mecanismo obligaría a los administradores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de inversión y tendría un impacto en las pensiones.
Además, cuestionó la propuesta de permitir que el Instituto de Seguridad Social (IPS) “proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un tratamiento injusto para los titulares que han realizado importantes inversiones en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.
Agregó que “el reciente anuncio de incluir a un inversor público, financiado por el estado, afectaría aún más a los administradores de la pensión titular al crear condiciones de mercado injustas”.
Advirtió que “tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data dañarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura”.
Por lo tanto, argumentó que “las compañías que han realizado y continúan haciendo inversiones significativas en Chile, confían en tener un marco regulatorio de normas y derechos, muchas de las cuales están codificadas en los diversos tratados que Chile se ha comprometido a honrar soberanamente”.
Dijo que “la violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente a los inversores en Chile” y advirtió que “el abuso de los derechos fundamentales de los inversores incluso llevará a los inversores de buena fe a buscar una reparación legal”.
