FRANCISCO MÉNDEZ SANHUEZA Presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología de Chile (Chiletec)
FRANCISCO MÉNDEZ SANHUEZA
El 1 de julio, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de ChileCompra convocó a licitación el nuevo Acuerdo Marco de Infraestructura como Servicio (IaaS) en la nube pública y enlace de datos en los puntos habilitados. Si bien el objetivo declarado por la DCCP es que este nuevo Acuerdo Marco genere ahorros gracias a un modelo de competencia en la entrada y operación, la realidad es que provoca trabas artificiales, complicando técnica y comercialmente un modelo competitivo de prestación de servicios en la Nube y que , además, ya opera en el mercado público chileno.
Este llamado a licitación adolece de grandes problemas de fondo, que pueden causar profundos perjuicios y retrasos para el desarrollo de la industria nacional y la implementación de la Ley de Transformación Digital del Estado, además de tratar de resolver un modelo de provisión insatisfactorio y muy parcial ya resuelto con las Bases Tipo.
“El llamado a licitación del nuevo Acuerdo Marco de Infraestructura como Servicio adolece de problemas de fondo, que pueden causar profundos perjuicios y retrasos para el desarrollo de la industria nacional”.
En términos técnicos, incorpora una serie de estándares que no pueden ser proporcionados por los principales proveedores de nube pública nacionales e internacionales, además de una clasificación técnica deficiente e hipersimplificada para los principales servicios tecnológicos fundamentales de la Nube.
En cuanto al proceso, presenta fórmulas de evaluación que no responden a criterios técnicos y comerciales claros, que den cuenta de una correcta aplicación de conceptos básicos de las tecnologías Cloud.
En términos comerciales, modifica arbitrariamente la forma en que opera el mercado tecnológico y restringe la compra del Estado chileno a solo tres proveedores de estos servicios, desconociendo además las formas de operación y modelos comerciales de un mercado cada vez más maduro y que opera correctamente en Chile.
En términos de políticas de desarrollo, afecta a la industria tecnológica local, al generar barreras a la competitividad y mayor oferta que permitan escenarios de competencia e innovación.
El llamado a licitación afirma estar basado en información recopilada durante el proceso de RFI para el mismo tema en 2021, pero claramente no tiene en cuenta la información proporcionada por los participantes.
Es difícil corregir las falencias fundamentales de este proceso, más aún cuando no existe una ventaja clara en la implementación de un Acuerdo Marco para este tipo de servicios, dadas las formas de compra ya ampliamente utilizadas en base a las Bases Uniformes, que ChileCompra ha impulsado en colaboración con la industria y que ya están siendo utilizados por los servicios públicos.
El Proyecto de Transformación Digital del Estado nos obliga a enfocarnos en el propósito y los resultados de los proyectos para la ciudadanía. No podemos darnos el lujo de inventar nuevos modelos que nos distraigan del enfoque principal de mejorar los beneficios tecnológicos para los ciudadanos, con instrumentos deficientes y que busquen resolver problemas donde no los hay.
En los últimos seis años, la oferta de suelo industrial ha experimentado un crecimiento sin precedentes, con un aumento del 83%. Lo que en 2017 era un espacio de 10.838 hectáreas destinadas a este tipo de actividades, hoy se ha expandido a casi 20 mil hectáreas (ha).
Este auge responde al interés que ha generado el desarrollo de parques industriales y los condominios de bodegas, influenciado por las ventas del e-commerce que alcanzaron su peak en el año 2021, explicó la jefa de asesoría y valoración de JLL, Javiera Basso.
La ejecutiva señaló que a este fenómeno se le suma que en los últimos años las comunas más alejadas del pericentro -como Colina y Lampa- han ido apareciendo como importantes opciones para el desarrollo de este negocio y se han transformado en zonas consolidadas, lo que ha llevado a que el suelo industrial siga al alza.
Principales comunas
Si se pone lupa a la cifra, el estudio de JLL y Mercado Libre dejó entrever que, de las 19.855 hectáreas de suelo industrial que se registraron al cierre de 2023, tres comunas concentran más de la mitad de los metros cuadrados de este tipo de terreno.
Colina cerró el ejercicio pasado con 41 millones de metros cuadrados (m2) de suelo de uso industrial, siendo la comuna con más terrenos de este tipo en la capital. A este municipio le sigue Lampa, con 36 millones de m2, y más abajo viene Pudahuel, con 24 millones de m2.
“Lampa y Colina son comunas que se han ido integrando al radio urbano de Santiago en la medida que la zona urbana se ha ido extendiendo, pero en su origen tenían vocación agrícola o agro-residencial. Si bien a medida que se integran a la planificación urbana, la escala de terrenos es de mayor superficie que los terrenos en zonas más centrales, con normativas cuyas subdivisiones mínimas permitidas son mayores a las de las zonas centrales”, señaló Basso.
Respecto de Pudahuel, la ejecutiva detalló que es un caso distinto, ya que la mayor oferta puede deberse a la aprobación de su plan regulador comunal en 2021, sumado al creciente interés que presenta para el desarrollo industrial y la buena ubicación de las autopistas que la conectan con Santiago.
Índice de vacancia
A pesar del importante auge que ha experimentado el suelo industrial en Santiago, hay un indicador que que tuvo un leve desgaste. Según datos de GPS Property, durante el primer semestre de 2024 el mercado de parques industriales en la Región Metropolitana experimentó un notable incremento en la tasa de vacancia en comparación con el mismo período de 2023, pasando de 3,2% a 4,7%.
Y si se mira en mayor detalle, en los últimos 12 meses la vacancia en terrenos ubicados en este tipo de desarrollos industriales ha registrado un aumento superior al 50%, pasando de 67,9 hectáreas a 101,9 hectáreas.
Desde GPS Property señalaron que esto se puede atribuir a varios factores, entre ellos, la entrada de nueva producción en el corredor Sur, la cual se encuentra completamente disponible, así como la liberación de terrenos que antes no estaban disponibles para uso industrial.
CGE se defiende de críticas por cortes de energía: “Si era tan previsible, ¿qué pasó con los organismos que tendrían que haber proyectado lo que pasaría?
Ya ha pasado poco más de un mes desde los cortes de suministro eléctrico, situación que puso en la mira de las autoridades principalmente a dos compañías distribuidoras: Enel y CGE. Si bien la primera es la que se ha llevado la peor parte, CGE también fue cuestionada, pese a que sus tiempos de reposición del suministro fueron más acotados.
Su gerente general, Iván Quezada analizó la crisis por la que atravesaron. Insiste en que se trató de una situación de fuerza mayor, tanto así que ni las autoridades pertinentes pudieron adelantar lo que venía, ya que erraron en las proyecciones sobre la intensidad de los vientos.
Adelanta que este tema se resolverá finalmente en tribunales, y enfatiza que es urgente analizar la situación de la distribución y las inversiones requeridas para que la seguridad del sistema sean abordadas a través de las tarifas y subsidios.En tanto, aseguró que el controlador de CGE, la empresa china State Grid, es un inversionista de largo plazo.
“Debemos preguntarnos si de verdad queremos un país en donde prácticamente no exista corte de suministro y el tiempo de interrupción sea una hora al año. Si eso es así, tenemos que gastar lo que gastan los países que tienen una hora de interrupción de suministro”
“Yo no creo que le vayan a quitar la concesión a Enel, esa es mi opinión. Pero, no porque no puedan, sino porque creo que van a faltar méritos para ello”.
– Ahora que pasó la tormenta, ¿con qué sensación quedó CGE frente a la actuación del Gobierno?
– El análisis lo haría más allá. Lo que pasó en agosto fue una situación absolutamente excepcional. Todavía sigo escuchando algunas autoridades que hablan de que esto era absolutamente previsible, que las empresas tenían la responsabilidad de haber estado preparadas para un evento como el que tuvimos. Pero, más que discutir eso, me hago la siguiente pregunta: si era tan previsible, ¿qué pasó con los organismos que tendrían que haber proyectado lo que iba a pasar?
– ¿Y qué pasó?
– Los pronósticos de los organismos del Estado dijeron que iba a pasar algo que era totalmente distinto de lo que pasó. Totalmente distinto. Las proyecciones de viento que entregó el Senapred hablaban de 60 kilómetros por hora, tuvimos 124. O sea, se me cae toda esa teoría de que esto era totalmente previsible, desde mi punto de vista, no lo era. Por lo tanto, ese contexto es lo que llevó a la situación y es lo que va a seguir pasando, porque por más que hablemos después de cosas que se pueden hacer para mitigar el efecto, en el fondo una situación similar va a dejar las mismas consecuencias.
-¿Cómo se va a argumentar la fuerza mayor? La SEC ha dicho que los vientos y la lluvia no son fuerza mayor.
– Creemos que sí tiene todas las características de fuerza mayor, fue algo que no había ocurrido. Los vientos más fuertes registrados en Santiago, en décadas, son de 70 kilómetros por hora, por lo tanto, creemos que tenemos la razón y entregaremos la documentación que corresponde en los tribunales.
– El día anterior a los hechos, ¿la autoridad los alertó y solicitó información excepcional o esto fue tratado como un frente normal?
– Este es un punto súper importante. Siempre que hay alertas de temas climáticos, estamos obligados a entregar los planes con los cuales vamos a enfrentar la contingencia, antes de que parta.
Entregamos los planes por región, y no recibimos absolutamente ninguna observación. Nadie nos dijo “los recursos son insuficientes, debiera tener más brigadas, porque lo que se viene va a ser tremendamente destructivo”. Nada.
– ¿Qué informó CGE respecto a los recursos que tendrían para enfrentar la contingencia?
-Nosotros dispusimos una cantidad muy relevante de brigadas, más de 1.100. Por lo tanto, me imagino que la autoridad habrá entendido que ese volumen de brigada era bastante razonable para enfrentar una contingencia como la que estamos acostumbrados. Pero esta contingencia no fue así.
Entonces, claro, ahora es re fácil decir “no, las empresas no dispusieron de los recursos porque no quieren gastar plata en las contingencias”, que también es un tema que se ha dicho que a mí me parece absolutamente infundado, porque en nuestro caso, nunca en la contingencia estamos viendo cuánta plata estamos gastando. Nunca. Solo sabemos después, cuando la contingencia ya pasó, cuántos recursos tuvieron que gastarse. Así opera la empresa.
– ¿Y por qué la autoridad insiste entonces en este punto?
– Creo que el foco que debería tener la discusión es cómo de verdad podemos enfrentar esto para adelante, para que no pase lo mismo.
Somos una empresa absolutamente regulada, se nos definen las inversiones que hay que hacer, se nos definen los costos de operación y mantenimiento que las empresas deben incurrir, se nos define incluso la cantidad de recursos, de brigadas, porque obedecemos a una empresa modelo cuyo único objetivo es la eficiencia.
A nosotros la empresa modelo nos dice que entre Arica y Temuco debemos tener 220 brigadas; dispusimos más de 1.100 para la contingencia. Entonces ahí hay una desconexión absoluta.
Entonces, una pregunta muy interesante es cómo habría respondido la empresa modelo en esta contingencia, qué tiempos de reposición habría tenido con esa cantidad de brigadas.
La empresa modelo no está en un país modelo, no está en un país donde no hay contingencias, no está en un país donde te roban conductores, no está en un país donde te chocan 4.000 postes al año.
Entonces, hay una disociación total entre lo que está pasando, la realidad y el cambio climático, que lo hemos venido diciendo.
– Más recursos para la empresa modelo implica más tarifa y todos reniegan de eso…
– Pero la pregunta que hay que hacerse es si de verdad queremos un país en donde prácticamente no exista corte de suministro y el tiempo de interrupción sea una hora al año. Si eso es así, bueno, tenemos que gastar lo que gastan los países que tienen una hora de interrupción de suministro.
– ¿Y hay otra alternativa para hacerlo?
– Todo lo que signifique potenciar las redes, la infraestructura, tiene costo. Hoy se habla mucho de transición energética y la verdad es que poca gente se pregunta si las redes están preparadas para eso y la verdad es que no.
Queremos la electrificación, electromovilidad y eso significa invertir y alzas en la tarifa, que se contrapone con el tratar de no tener incrementos tarifarios relevantes, particularmente para la gente que tiene mayor necesidad.
– Entonces, ¿cuál es la solución?
– Nosotros siempre hemos pensado que esto tiene que tener una mirada bastante social también. O sea, quienes van a tener auto eléctrico, no es la gente que vive en las poblaciones, es gente que tiene una posición económica razonable, porque todos sabemos que los autos eléctricos no son baratos.
Por tanto, parece un poco injusto que sea la señora Juanita la que termine pagando una infraestructura o parte de ella. Debiera haber una especie de subsidio cruzado, algún tipo de subsidio por parte del Estado, así como hay subsidio en el agua potable. Hay distintas formas de que esto se pueda abordar. Pero de que se necesitan las inversiones, se necesitan y eso, como todos sabemos, tiene sus costos, eso debemos aterrizarlo.
Se requiere que se sienten todos los actores, toda la gente que entiende del tema, en una mesa absolutamente transversal que defina; “esto es lo que queremos como país, en tantos años, cuánto cuesta, qué significa eso en tarifa y cómo se financia”.
Acá no se trata de inventar nada. Si uno mira Estados Unidos, tiene una infraestructura lejos de la que tenemos nosotros, mucho más desarrollada, con mucha más tecnología, con mucha más redundancia. Pero, por ejemplo, cuando pasa un huracán en Miami la gente tiene asumido que se va a cortar la luz y van a estar una semana sin luz, porque probablemente tener una infraestructura que te asegure que en un huracán nadie se quede sin suministro debe ser carísimo. Y eso los americanos lo tienen súper internalizado. O sea, la calidad de servicio es muy buena, la continuidad es perfecta, pero cuando hay huracanes son temas excepcionales y la gente está mejor preparada para poder enfrentar esta situación. Y no solo en Estados Unidos. En muchos países es lo mismo.
– ¿Se necesita es que las autoridades también tengan una actitud distinta frente a estas situaciones?
– Exacto. Siempre va a ser mejor tratar de resolver los problemas todos del mismo lado y no confrontados, menos durante una contingencia, porque eso, más que sumar, resta. Esa es nuestra impresión, pero bueno, cada autoridad enfrenta esta cosa de la manera que cree que tiene que hacerlo.
“El controlador que tengo hoy debe ser el más abierto a hacer inversiones en calidad de servicio, por lejos”
El ejecutivo explicó que en los últimos cuatro años la empresa ha tenido una rentabilidad levemente por debajo del 2%.
-Usted dice que han invertido más allá de lo que les exige la empresa modelo y eso golpea los márgenes. ¿Cuál es la situación financiera de CGE?
-CGE, sin tener tarifa a la vista durante cuatro años, invirtió US$ 400 millones en ese periodo solo en calidad de servicio, desde que llegó nuestro controlador.
En los últimos cuatro años, hemos duplicado los gastos de mantenimiento, más que duplicado la cantidad de brigadas, aumentado un 60% la planta de la compañía.
En los últimos cuatro años, la utilidad de la empresa distribuidora es del orden de los US$20 millones por año promedio. Eso nos lleva a que la empresa tiene una rentabilidad en los cuatro años levemente por debajo del 2%. Y tenemos que entender, que estas son empresas públicas privadas (que dan un servicio público) en donde el controlador compra una empresa o invierte en esta empresa más de US$2 mil millones solo en la distribuidora.
-¿Y cuál es la percepción que tienen los controladores? ¿Cómo ha sido su experiencia, durante estos años?
-No puedo estar sino agradecido de los controladores que tengo, porque he podido hacer inversiones. Llevo 30 años en esta empresa y el controlador que tengo hoy debe ser el más abierto a hacer inversiones para mejorar la calidad de servicio, por lejos, o sea, lejos.
Cuando hablo de US$ 400 millones en inversiones de calidad de servicio, es más del doble de lo que hacíamos antes. El tema fundamental es que el controlador tiene una mirada de largo plazo. Ha sido bastante bueno para CGE tener los controladores que tiene.
– Para los controladores, ¿cómo ha sido la experiencia en Chile?
– Lo que cualquier controlador espera es que haya un cierto marco jurídico que tenga certezas y que no producto de situaciones particulares se tomen decisiones, que de alguna manera pudiera dar algún nivel de inestabilidad en el marco jurídico que rige un cierto negocio. ¿Y por qué lo digo? Porque, desde que están los nuevos controladores, acá han pasado otras cosas. Tuvimos que pagar, o hacernos cargo de las deudas que se generaron de una boleta completa que tiene generación, transmisión y distribución. Después se hace una ley donde un porcentaje de la deuda que tenían los clientes se le asigna a las distribuidoras. Y ahora con la contingencia, entró un proyecto de ley que aumenta las multas y aumenta las compensaciones, que en el caso de CGE, nos significa pasar de $ 3 mil millones al año en pago de compensaciones a casi $ 21 mil millones. Esas cosas son complejas para cualquier controlador.
– ¿Cómo ven que Enel tenga abierto un proceso de caducidad de la concesión?
– Es la medida más dura que pueda haber. La autoridad tiene todo el derecho a hacerlo, está en el marco normativo en Chile. Mi sensación es que esto sí tiene características de fuerza mayor.
No correspondería evaluar el desempeño de una empresa por una situación puntual, se debe hacer en un contexto un poquito más amplio. Obviamente me genera inquietud, por lo tanto, yo entendería que a mis controladores también les debe generar algo de inquietud, en el sentido si es el momento de iniciarlo sin haber tenido a la vista los resultados, los análisis.
– En la eventualidad que se quite la concesión a Enel, ¿estarían dispuestos a mirarla?
– No me voy a pronunciar a partir de un supuesto. Yo no creo que le vayan a quitar la concesión a Enel, esa es mi opinión. Pero, no porque no puedan, sino porque creo que van a faltar méritos para ello.
Carolina Grünwald, economista jefa de Prudential AGF: ¿Y la tasa a fines de año? “Nos parece que 5% es un nivel adecuado dada la información conocida hasta hoy”
Carolina Grünwald acaba de asumir como economista jefa de Prudential AGF, pero lleva años mirando la macro, incluido su paso por el Banco Central, donde participó en la redacción de una treitena de los llamados Informe de Política Monetaria (IPoM).
Una experiencia detrás del análisis que hace del IPoM presentado esta semana por el consejo del ente emisor y cuyo mensaje principal lo resume así: “Vamos a recortar tasas más rápido de lo anticipado anteriormente por una debilidad en la actividad”.
Un tono que le resulta adecuado, luego de que el reporte de junio sorprendiera -dice- con un cierto optimismo sobre el crecimiento.
“El consumo tiene una relación directa con las perspectivas de empleo de las personas. Y sí estamos viendo una debilidad desde ese punto de vista”.
“Nosotros estamos bajo el 2,5% (de crecimiento) (…) El 3% nunca lo hemos visto por ninguna parte”.
“Sí eché de menos un análisis más acabado de las tasas largas”, dice sobre la discusión que se ha tomado el mercado recientemente.
– El Banco Central ve más inflación para fines de año (4,5%), pero parece más relajado que en el IPoM anterior. ¿Hay efectivamente menos preocupación?
– No creo que el Banco Central no tenga preocupación respecto de la inflación.
A mí sí me llamó la atención el revuelo que tuvo el IPoM anterior por el tema de la inflación dadas las tarifas eléctricas. Ahí hubo un tema de lectura. El titular fue algo así como “el Banco Central se va a demorar en bajar tasas porque subió la cuenta de la luz” y si revisas los IPoM, los comunicados y las minutas en ninguna parte dice eso. El IPoM dice que va a haber mayor inflación por las tarifas eléctricas que proviene de un shock de oferta -la política monetaria no actúa sobre el shock de oferta- y que es transitorio.
– Por el lado del crecimiento, el banco descartó crecer un 3% este año y ahora ve un punto medio de 2,5%. ¿Usted coincide con esa cifra o cree que será menos?
– Nosotros estamos entre 2% y 2,5%, no más que eso. El 3% nunca lo hemos visto, por ninguna parte, por la calle, por cómo uno ve que está todo en rebaja, cosas nuevas, cosas buenas, ante lo que uno dice: “Claramente, no se está vendiendo”. Y el comercio es un motor importante de la economía.
– En el segundo trimestre, la actividad quitó el pie del acelerador. ¿Tiene algo de culpa ahí el nivel restrictivo de la tasa?
– Por definición, la tasa sí afecta a la actividad. El punto es, ¿cuándo tenemos que dejar de afectar la actividad para que la inflación vuelva a su meta? Entonces, no me parece per se que esta contracción de la actividad sea culpa del Banco Central. A mí me parece que hay muchas otras cosas en la ecuación que están afectando la actividad. Número uno: la inversión, y tiene que ver con la incertidumbre, con cambios regulatorios, con cambios de impuestos.
– El consumo tampoco parece despegar…
– El consumo tiene una relación directa con las perspectivas de empleo de las personas. Y sí estamos viendo una debilidad desde ese punto de vista.
Desde la perspectiva de la inflación, si los precios suben mucho, el consumo se va a los bienes básicos.
Entonces, en la medida que los precios bajen, debiese haber un mayor espacio ahí para consumir otras cosas. Pero sigo pensando que el driver principal de un consumo importante es la perspectiva laboral y eso por ahora no, si bien no está súper deprimido, no está con muy buenas perspectivas.
– ¿Comparte la baja de 0,8% prevista para la formación bruta de capital fijo?
– Nosotros lo veníamos viendo y me gustó mucho el análisis del IPoM, porque separa claramente lo que es inversión del sector minero de lo demás, y eso también se ve en los Imacec que hemos tenido hasta ahora. Si sumas el aporte a la actividad de las distintas ramas, la minería viene tirando el carro.
Estamos bastante en línea con lo que sale el Informe en ese sentido.
En el fondo, el trabajo que hay que hacer es más en el sector no minero que en el minero. O sea, desde una perspectiva de política pública, tengo que apuntar los dardos a la inversión no minera.
– En julio el Consejo del Banco Central optó por hacer una pausa en el recorte de las tasas. Antes había mencionado que ya se había realizado el grueso de las bajas del año, pero ahora muestra una actitud más expansiva. ¿Hace sentido esto?
– Lo que pasa es que estamos en un mundo distinto al que teníamos antes de 2019. Entre julio y septiembre pasaron cosas y una de las cosas más importantes fue que la Fed reconoció que va a comenzar a bajar tasas de interés. Eso para mí es un hito súper importante.
Además, con el cambio de lectura de que la economía está más débil, hay menos presión inflacionaria, por lo tanto, ese también es un espacio para bajar tasas más rápido. Me parece que la coyuntura económica es así y, a veces, cambia rápidamente.
– ¿Qué trayectoria espera para la tasa de interés hacia el cierre de año?
– Pueden pasar cosas entre medio, pero nos parece que 5% es un nivel adecuado dada la información conocida hasta hoy.
– ¿Está de acuerdo con la tasa neutral que se plantea entre 3,5% y 4,5%?
– Me sorprendió un poco, pensé que la iba a subir porque estoy en este consenso internacional de que las tasas van a estar más arriba. Por eso, me habría gustado ver una discusión sobre eso, porque creo que eso es tema.
– ¿Cuándo volveremos a la tasa de interés neutral? La presidenta del Central dijo que sería en el segundo trimestre de 2025.
– Si la economía evoluciona según lo estimado, eso va a ser, pero puede ser antes, puede ser después, dependiendo de cómo avance la coyuntura.