La formalización del exdirector general de Investigaciones Sergio Muñoz, en el marco del caso Audios, el hecho de que el general director de Carabineros Ricardo Yáñez pueda seguir la misma suerte en mayo próximo y algunos escándalos de corrupción en importantes municipios han llevado a una serie de cuestionamientos acerca de las herramientas que tienen estos organismos para prevenir la corrupción y las que debieran tener. ¿Tendrían que tener exigencias similares a las que la nueva Ley de Delitos Económicos, por ejemplo, le impone a las empresas privadas e incluso a algunas públicas?
Así resurge el debate acerca de si es o no necesario un compliance público. Si bien todos los expertos consultados comparten que si el problema está en la cabeza de una institución o repartición fiscal es difícil que funcione cualquier sistema y recomiendan una especie de normativa espejo de la nueva Ley de Delitos Económicos, pero centrada en el sector público.
Por lo pronto, todos los consultados apuestan por avanzar hacia un compliance en los organismos públicos riguroso y efectivo, “un programa que se cumpla en la práctica y dé cuenta de que se están evaluando y gestionando los riesgos de imputaciones penales en incluso de reputación, por la inobservancia de las regulaciones y de los estándares de buenas prácticas”, explica el director jurídico de Prelafit Compliance, abogado Rodrigo Reyes.
Y agrega que las normas de compliance se deben ir actualizando permanentemente, ya que los riesgos son cambiantes, porque los estándares de conducta también varían y los estándares de conducta que se le exigían antes a las instituciones públicas son muy distintos de lo que se les impone en la actualidad. “En esta mejora continua, que debiera ser consustancial a los programas de compliance, son tremendamente relevantes los incidentes que puedan tenerse al interior de las organizaciones”, añade.
Una prevención importante, continúa, es reforzar los canales de denuncia interna, con medidas eficaces para la protección de los denunciantes y un elemento que habría que copiar de lo que están haciendo las empresas privadas, propone Reyes, “es lo que ha surgido a propósito de la nueva Ley de Delitos Económicos, en que para que una empresa se exima de la responsabilidad penal de persona jurídica se le exige que cumpla con algunas obligaciones y una de esas es una evaluación periódica por un tercero independiente; o sea, una suerte de auditoría permanente, que le permita generar una mejora continua”.
De manera que algunas reparticiones públicas especialmente riesgosas, entre las que incluye las municipalidades, sean auditadas permanentemente por control externo, señala. Respecto de estas últimas, detalla que sería importante exigir una “organización mínima”, que no puede ser la Contraloría, porque actúa ex post, aclara.
“Falta que el sistema público se apropie de sistema de compliance privado”
Quien fuera presidenta de la Comisión de Probidad creada tras el caso convenios, para proponer medidas contra la corrupción en el ámbito público y actual consejera del Consejo para la Transparencia (CPLT), María Jaraquemada, coincide con lo planteado por Reyes en que la nueva Ley de Delitos Económicos apunta a que la gestión de riesgos se vaya evaluando permanentemente y adecuándose a los riesgos que van surgiendo y, a su juicio, “eso, en el sector público no está bien desarrollado aún”, por lo que “ahora falta es que el sistema público se apropie de sistema de compliance privado y lo adapte a sus propias necesidades; y no todas las instituciones son iguales, tienen distinto tipo de riesgos”, explica.
De hecho, comenta que la comisión que encabezó propuso que se crearan oficiales de cumplimiento dentro de los órganos de la administración del Estado, que velen constantemente por la ética y la integridad pública, porque se cumplan las normas. Esta figura tendría que tener autonomía, debe poder tener acceso directo a las jefaturas, de poder hacer las alertas y que tenga cierto liderazgo entre los funcionarios para ser escuchada.
Aunque, si bien en el sistema público no se puede cancelar la persona jurídica como en el caso de un delito grave en el mundo privado, en el contexto de la nueva Ley de Delitos Económicos; “sí se podría ver cómo adaptar lo que existe para el sistema privado, al sistema público, pensando en cómo hacer más responsable a la institución propiamente tal”, reflexiona la abogada.
Y añade que habría que pensar en cómo aplicar ciertos principios que tiene el sistema de compliance en la Ley de Delitos Económicos a las instituciones públicas. Ahora, recuerda, que lo que sí propuso la comisión que lideró, es que, “tal como en la Ley de Delitos Económicos se eliminaron ciertas atenuantes, como la irreprochable conducta anterior, nosotros dijimos, ‘bueno, el Congreso debiera tener esa misma discusión, respecto de los delitos funcionarios’; porque tienen una lógica criminal muy similar. Entonces, si se hizo para los privados, por qué no pensar que pueda aplicar, en el futuro, para funcionarios y autoridades públicas”.
Jaraquemada se explaya en que en la citada instancia, los integrantes tuvieron la discusión acerca de cómo hacer que lo que se ha avanzado en el sector privado, en cuanto a principios, incentivos y objetivos, se aplique al sector público, con la prevención de que este último tiene particularidades distintas.
Prevención
El exdirector ejecutivo de Chile Transparente Alberto Precht, comenta que ya desde hace algunos años se viene hablando de lo que se denomina “compliance público”, que “no es sólo cumplir con tener un código de ética y, obviamente, cumplir con todas las normas que el derecho público, de manera bastante más estricta de lo que en el derecho privado establece, sino también generar una lógica de prevención contra la corrupción al interior de las organizaciones públicas, basada en riesgos reales de corrupción”.
Ello, a través de un plan anual que vaya permitiendo hacerse cargo de los riesgos. Por ejemplo, dice, en el caso de la Policía de Investigaciones “existe un problema respecto a corrupción y entrega de información a terceras partes, ese riesgo debiese ser abordado de manera sistémica y dirigido por un compliance officer, que debiese tener la matriz de riesgo y con las distintas unidades ir resolviendo estos problemas al interior de la institución”; sin embargo, coincide con sus predecesores en que esa lógica no está instalada en el Estado.
En este sentido, Precht añade que en el Estado existe una lógica de auditorías y represiva respecto del combate a la corrupción. A su juicio, para mejorar este déficit no es necesario un cambio legal, sino que el problema en Chile consiste en cómo se enfrenta el tema preventivo desde el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y desde la Contraloría, que “muchas veces no se ha visto con toda la fortaleza”; por lo que, en su opinión, lo que se requiere es un cambio de visión. A diferencia de lo planteado por Reyes en tal sentido.
El abogado incluso añade que “aplicando fórmulas bastante básicas de lucha contra la corrupción, uno puede determinar dónde están esos espacios de opacidad, de discrecionalidad o de concentración de poder que aumentan los riesgos de corrupción y poder hacerse cargo de eso”, generando, por ejemplo, matrices de riesgo de corrupción que sean aplicables, porque “muchas veces uno ve en los servicios del Estado, en los casos en que existen estas matrices de riesgo de corrupción, y son verdaderas sábanas que se hacen por cumplir algún tipo de meta y no tiene un enfoque real para hacerse cargo de los riesgos”, enfatiza.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.