Corte Suprema no asistirá a Cámara de Diputados por Hermosilla

Tras conocerse esos antecedentes, el diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la comisión investigadora encargada de revisar eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que ahora también indaga este caso, sostuvo que además de los exministros del Interior Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick, también se invitaría a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones para explicar el supuesto vínculo de Hermosilla con los magistrados y su posible incidencia en sus nombramientos.

Manouchehri aseguró el domingo que es claro que “enfrentamos redes poderosas y secretas, pero la gente espera de nosotros que hagamos lo correcto. Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados. Ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos”.

Pero, el pleno del máximo tribunal tenía algo que decidir. Reunidos la tarde de este lunes, los ministros tomaron la decisión de no asistir a la comisión y rechazar la invitación de los diputados. “Separación de los poderes del Estado se llama esto”, aseguró uno de los magistrados.

El tema Hermosilla fue el primer punto de la tabla del pleno. En la instancia, según fuentes que conocieron la decisión, los supremos acordaron no asistir a la comisión investigadora del Congreso, basándose en el argumento legal de que la comisión investigadora de la Cámara carece de facultades para convocarlos a exponer en una instancia de este tipo.

El artículo 52 de la Constitución, citado por diferentes supremos consultados, sostiene que la facultad de la Cámara para citar a este tipo de comisiones es para fiscalizar a los actos del gobierno o bien funcionarios de la administración del Estado, lo cual no contempla -al ser un poder diferente- a los miembros del Poder Judicial.

Algo que es diferente, por ejemplo, ante una acusación constitucional, en la cual sí estarían obligados a comparecer, pero para lo cual se requiere el acuerdo de la sala y condiciones claramente diferentes.

En la citada norma constitucional se sostiene que la Cámara “solo puede crear Comisiones para investigar actos de gobierno, no del congreso ni del Poder Judicial”. En su mismo articulado se expone que la creación de este tipo de comisiones es con el objeto de “reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno” y no de otro poder del Estado.

Por lo mismo, quienes están obligados a asistir a la comisión investigadora son los ministros del Ejecutivo, “los demás funcionarios de la administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas en que éste tenga participación mayoritaria”, quienes de ser citados deben concurrir de manera obligatoria.

Durante la discusión de este tema del pleno, el ministro Matus no estuvo presente, ya que desde la entidad confirmaron que se encuentra con permiso administrativo, desde mucho antes de la publicación de Ciper.

Todos los antecedentes surgidos durante las últimas horas, y que dan cuenta de una posible vinculación de magistrados con el caso que investiga la Fiscalía, llevó a que los ministros pidieran una serie de medidas para hacer frente a la situación.

La postura final del máximo tribunal será comunicada durante la jornada de este martes, al mediodía, y habrá una vocería de la Corte Suprema respecto al tema. Y es que junto con anunciar que los magistrados no participarán de la comisión investigadora, la comunicación de la Suprema también abordaría la discusión e implicancias del eventual nexo de jueces con el citado penalista.

En esa línea, se aclararía que en ningún caso se deben hacer defensas corporativas de las designaciones hoy cuestionadas, así como tampoco asumir posturas previas, pues aún no se conoce el contenido de las conversaciones.

Por último, y considerando la postura que ha tenido el Poder Judicial, los ministros también sostenían -previo al pleno- que además se debe manifestar el interés del organismo a que se realicen cambios al sistema de nombramientos de los magistrados, tal y como lo plantearon durante el proceso constitucional del 2022 y 2023.