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Fake news, acceso a zonas rurales, críticas y problemas de seguridad: las dificultades de los primeros días del Censo 2024

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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha enfrentado diversos desafíos en la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2024, que ha llevado a desplegar a 24 mil encuestadores en todo el país. Entre estos problemas se encuentran la seguridad de los involucrados, la complejidad para acceder a ciertas áreas del territorio nacional, críticas por ciertas preguntas y la propagación de desinformación en redes sociales. Estos obstáculos han dificultado la realización de este relevante catastro, cuya culminación está prevista para junio de este año.

Las preocupaciones han resonado tanto a nivel central como local, impulsando llamados a la colaboración. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, subrayó la importancia del Censo para la formulación de políticas públicas, instando a la cooperación de la ciudadanía.

“Nuestro llamado es a que abran la puerta al Censo. Esto es importante para las políticas públicas. Un buen Censo permite que después se asignen bien los recursos, un buen Censo permite -por ejemplo- identificar demandas, identificar necesidades”, señaló el secretario de Estado.

Simultáneamente, el director del INE, Ricardo Vicuña, se reunió con representantes municipales para fortalecer el apoyo al proceso y destacar la relevancia de la información recopilada para el Estado y los gobiernos locales. Todo con tal de hacerles frente a las principales dificultades identificadas durante estos primeros días, según relataron conocedores del proceso a La Tercera.

La seguridad ha sido objeto de preocupación, tanto para los censistas como para aquellos que dudan en abrir sus puertas para responder el cuestionario.

En ese contexto, una mujer que desempeñaba labores como censista resultó herida hace menos de una semana, tras recibir el disparo de un balín de acero en la ciudad de Rancagua, Región de O’Higgins. El suceso ocurrió a plena luz del día cuando realizaba sus funciones de encuestadora en un sector residencial. Asimismo, concejales de distintos municipios del sector oriente de la capital aseguran que una serie de condominios no han permitido el ingreso de estos funcionarios, debido a la inseguridad que podría causar abrir la puerta.

“A algunos compañeros los han agredido verbalmente, les han dicho que salgan de las casas, que no se tienen que acercar, nos han echado de los pasajes, nos han cerrado la puerta”, señala uno de ellos.

“Varios de nosotros hemos recibido muchas agresiones en la calle, en este caso en las casas y el terreno. Hoy esto se está poniendo muy odioso, entonces hay que tener cuidado porque no sabemos lo que vamos a encontrar”, había dicho la acompañante de la afectada por el balín de acero.

Es por esta razón que desde la institución aseguran que han implementado estrategias operativas y de coordinación con municipios, Carabineros y PDI para dar mayor seguridad a la población y los censistas. Además, dicen que para dar seguridad a los hogares, los censistas tienen vestimenta especial, una credencial con un código QR y con la cédula de identidad al reverso.

El proceso ha sido objeto de críticas debido a la ausencia de ciertas preguntas, pero también a la formulación de otras. Una de las principales controversias surgió por la exclusión de preguntas sobre diversidades sexuales. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó este hecho, aunque desde la institución se aseguró que las preguntas sobre identidad de género están dirigidas exclusivamente a personas mayores de 18 años.

La situación se repitió con la pregunta sobre hijos y que algunos han dicho que, como está formulada, excluye a madres de hijos adoptivos. O que al menos deja el espacio a la duda. Esta interrogante tiene relación con que el Censo, dentro de otras cosas, busca medir la fecundidad de la población. Así, en la pregunta 46 se lee: “¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido actualmente?”.

En ese sentido, el INE ha tomado una serie de medidas para no dar pie a críticas, como la capacitación de censistas para explicar adecuadamente ciertas interrogantes. Algunos conocedores del proceso, de hecho, añaden que sobre esta interrogante en particular se han tenido que hacer especiales llamados de alerta y aclaratorios a los censistas.

Desde la institución salen al paso y dicen que las relaciones de parentesco al interior del hogar se registran en la pregunta 19 del cuestionario, “en donde las y los hijos que residan habitualmente en el hogar son censados, sin hacer diferencia alguna entre hijos biológicos e hijos adoptivos”. Y que, por el contrario, las preguntas 46 y 47 tienen el propósito de medir la fecundidad en Chile, información necesaria para conocer cómo ha crecido la población y proyectar su tamaño a futuro.

No es primera vez que comunidades mapuches rechazan el ingreso de los censistas a ciertos terrenos. En 2017 la población de Temucuicui restringió el paso de los funcionarios de la institución estadística. Esta vez, comunidades de Collipulli y Ercilla en la Región de La Araucanía indicaron que no permitirán que se realice el Censo 2024 en sus territorios.

Frente a esta situación, la delegada presidencial subrogante de La Araucanía, Andrea Parra, se comprometió a garantizar la seguridad de los censistas en las zonas en conflicto.

“Estamos trabajando en coordinación con las policías, con militares, porque evidentemente estamos en un estado de excepción, pero no es de nuestro interés hacer del Censo un operativo policial”, afirmó Parra. Razón por la cual desde la institución insisten en que llevan haciendo un trabajo de vinculación territorial desde hace más de un año, que ha permitido ir informando a las comunidades sobre el Censo e ir conociendo sus necesidades para una correcta aplicación de las entrevistas.

“Para la ejecución del Censo es muy importante que los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes participen del operativo censal, con garantías de respeto a las tradiciones, cultura y costumbres de cada comunidad“, añaden.

En diversas ocasiones se ha cuestionado en las redes sociales la confiabilidad de los datos proporcionados al Censo y la manera en que el INE maneja su privacidad, sugiriendo que podrían ser compartidos con entidades privadas. Esto ha generado llamados a no participar en el Censo, especialmente debido a que se solicita el nombre completo de todos los integrantes, lo que a su vez ha dado paso a otro tipo de las llamadas fake news.

Al respecto, la jefa del Censo, Macarena Alvarado, ha señalado que “es súper importante esta pregunta de nombre y apellido para poder aplicar correctamente el cuestionario”. Y agregó que “las preguntas de nombre y apellido están en el cuestionario del Censo desde 1952, al menos. Es parte propia de los operativos censales, porque es importante para responder correctamente en el flujo de la entrevista”. Misma situación con la privacidad de los datos, donde ha indicado que “está protegido por una ley. Y esa ley es muy explícita respecto al resguardo de la información, respecto a la confidencialidad”.

Y es que dentro de las noticias falsas se ha llegado a decir que no se responda debido a que hay preguntas inconstitucionales o que la información será utilizada para saber qué viviendas podría reasignar el Estado.

Asimismo, afirmó que “la información solo se ocupa para fines agregados y es para fines estadísticos. Su objetivo es insumar las correctas políticas públicas de los próximos años”, advirtiendo que la información “no está sujeta a ninguna entrega de beneficios ni pérdida de beneficios. Y tampoco, por supuesto, pérdida ni entrega de derechos o deberes”, finalizó.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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