La semana pasada la diputada Joanna Pérez (Demócratas) ingresó una indicación a la ley corta de isapres que fue suscrita por parlamentarios de distintos partidos, y que busca incorporar una nueva modalidad de pago de la deuda que tengan que hacer las isapres con sus afiliados producto del fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores. Dicha norma plantea que las aseguradoras puedan pagar entregando bonos o acciones de ellas mismas a los afiliados.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo este lunes en radio Duna que “estamos estudiando esa posibilidad (…) hay un proyecto que presentó la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, y lo estamos considerando (…). En todo caso, si se acoge, sería algo optativo, no sería obligatorio. Tiene dificultades técnicas, por eso es que lo estamos estudiando”.
La diputada Pérez explica que inicialmente este fue un proyecto de ley que ingresó al Congreso en mayo del año pasado, consiguiendo firmas transversales. Sin embargo, luego no prosperó. Pero ahora volvió a la carga: decidió ingresar una indicación a la ley corta de isapres que se está tramitando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde plantea el mismo tema, la cual fue suscrita por los diputados Héctor Ulloa (Ind-PPD), Andrés Celis (RN), Tomás Lagomarsino (PR), entre otros.
“Con la venia del gobierno, porque ellos nos dijeron que la iban a acoger, la presentamos como indicación para que la respalden. Eso hicimos el miércoles pasado”, puntualiza Pérez.
Explica que esta indicación “crea un mecanismo para que las isapres reconozcan la deuda, pero además para que las personas después puedan elegir entre distintas opciones, ya sea emitiendo acciones (…) O por bonos, emitiendo crédito. En el fondo, diciendo “mire, yo tengo un tipo de deuda reconocido por la empresa”. Incluso yo después puedo vender ese crédito en un mercado secundario”.
El diputado Celis, quien suscribió la indicación, comenta que “la iniciativa de la diputada Pérez es una de las alternativas a estudiar (…) Sin embargo, pareciese que el gobierno por temas ideológicos no está dispuesto a considerar alternativas que no se ajusten a su ideario. Por lo pronto, esperamos que el gobierno se abra a escuchar esa y otras propuestas”.
Agrega que, “respecto a su viabilidad, creo que hay que evaluarla como una alternativa complementaria, resolviendo algunos temas como las asimetrías de información entre los acreedores y las isapres; los mecanismos de evaluación y determinación del valor, tipo y calidad de las acciones o instrumentos de deuda y cómo resolver los problemas de la volatilidad propia de estos medios mercantiles y la manera en que los eventuales beneficiarios los puedan hacer líquidos minimizando los riesgos, de manera que puedan servir como una vía efectiva de solución del pago de la deuda que tienen las isapres con los usuarios del sistema”.
La indicación parte señalando que la idea es entregar “al afiliado acreedor la posibilidad de elegir voluntariamente entre la compensación a través del otorgamiento de títulos accionarios o acciones, o la entrega de instrumentos de inversión de deuda o debentures, ambos regidos y regulados en todo lo que no sea contrario a la presente ley por la Ley N°18.045 del Mercado de Valores”.
Para ello, las isapres “deberán realizar una Junta Especial de Accionistas con la finalidad de conocer el mecanismo de capitalización de la deuda en forma de acciones con valor nominal”. Dicha capitalización “se efectuará con la concurrencia de la mayoría simple de sus socios con derecho a voto, e incrementará el capital social hasta el monto total de la deuda contraída por la institución que preste servicios de utilidad pública en virtud de los socios que soliciten títulos accionarios equivalentes a la deuda producto de las adecuaciones irregulares de planes de salud contratados por los afiliados”.
La indicación añade que en el proceso de incremento de capital, “la institución deberá emitir acciones nominales que correspondan al valor total de la deuda indicada, la que será puesta a disposición de los afiliados conforme al mecanismo de compensación definido en esta ley”.
Asimismo, señala que “las instituciones deberán entregar a los afiliados acreedores títulos accionarios de primera clase equivalentes al valor total adeudado”. Y detalla que la Junta Especial de Accionistas “deberá establecer, de conformidad a los afiliados que hubieren solicitado la adquisición de debentures establecido en el artículo 12, el número de bonos de deuda correspondiente al total de la deuda nominal con cada uno de ellos”.
Estos instrumentos de inversión de deuda ”tendrán un plazo de cinco años contados desde la fecha de emisión para su liquidación y se determinarán a cada afiliado por el total de la deuda contraída por las instituciones a la deuda producto de las adecuaciones irregulares de planes de salud contratados por los afiliados”.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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