Ante las intensas campañas contra el futuro reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Uber y Cabify, su rival chino DiDi ha optado por una estrategia menos frontal. Aún así, Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos de la firma local, señala que están intranquilos por la puesta en marcha del texto que busca definir los aspectos técnicos de la industria.
“Nos preocupa la gradualidad porque, de lo contrario, las ciudades se quedarán sin movilidad si el reglamento continúa como está redactado. Los términos actuales, sin una transitoriedad, presumen que partimos inmediatamente desde cero. Ese es el error que nosotros consideramos que hay que salvar, reformular y corregir”, apuntó.
Objetivos comunes
A diferencia de sus competidores que acudieron a presentar reclamos a la Contraloría General de la República, organismo que está analizando el texto antes que entre en vigencia, DiDi todavía no ha desplegado acciones judiciales.
Antonio Canale-Mayet, director de Asuntos Corporativos de Didi Chile
“Por cada diez sanciones por transporte irregular de pasajeros, se revoca la licencia de la empresa. Nos están obligando a apagar las aplicaciones, mientras se registre a los socios conductores”.
El ejecutivo de la firma china no descarta sumarse, pero su estrategia va por otro lado, pues estima que todavía no se agota el diálogo con las autoridades.
Sin embargo, Canale-Mayet explicó que las plataformas están alineadas sobre el análisis de los efectos negativos de la puesta en marcha del texto. “Es un error asumir que las empresas tienen una visión demasiado diferenciada. Es cierto que cada una tiene sus matices y focos, pero a nivel gremial hay consensos básicos sobre la aplicación y el contenido de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y del reglamento”, apuntó el ejecutivo.
DiDi, señaló, puso el acento en el impacto para los pasajeros, pues la industria creó una demanda que a su juicio será imposible de cubrir por el transporte de buses y Metro. “Recibimos muchos pasajeros que no están contentos con la cobertura del servicio público”, afirmó.
El ejecutivo comparte las estimaciones de impacto como las entregadas por Uber en cuanto a que el 40% de los socios conductores -que equivalen a 107 mil personas- tendrán que desconectarse de la noche a la mañana.
“Esas son cifras reales, compartidas por la industria. Además, estamos preocupados por cómo va a operar el sistema de entrega de cupos una vez que el registro de conductores esté instalado”, expresó.
Los riesgos de perder la licencia como empresa
Ante la falta de gradualidad, uno de los elementos que DiDi anticipa que será un tremendo dolor de cabeza para las aplicaciones, es qué pasará con el sistema de multas y fiscalizaciones, mientras dure la creación del registro de conductores.
“En el reglamento existe una condición que indica que por cada diez sanciones por transporte irregular de pasajeros, se revoca la licencia de la empresa de aplicación de transporte. Entonces, nos están obligando a apagar las aplicaciones mientras se registre a los socios conductores”, sostuvo.
El ejecutivo advirtió que la elaboración de este registro requerirá muchos meses porque son cientos de miles de conductores, lo que hará colapsar a cada Secretaría Regional Ministerial de Transporte.
“Las plataformas tenemos la capacidad para gestionar y revisar todos los antecedentes en 48 horas, pero ¿podrá la autoridad analizar los certificados, antecedentes, licencia de conducir, padrón vehicular, etcétera, que se van pidiendo en ese plazo?”, cuestionó.
Adicionalmente, el ejecutivo explicó que una arista que preocupa a DiDi es que el exceso de regulación gatille una masa importante de conductores que se queden fuera y que puedan entrar en plataformas que no estén registradas.
“El día de mañana puede haber un actor nuevo que, aprovechando la necesidad de tener empleo o por la desinformación de nuevos conductores, aparezca y les diga que no requiere un vehículo de las características que exije la Ley y operen en la clandestinidad”, subrayó.
La apuesta de DiDi en Chile
En 2023 la compañía china reorganizó su operación en Latinoamérica, lo que implicó el cierre de DiDi Foods en Chile, unidad de negocios que sólo estuvo 18 meses funcionando.
Sin embargo, Antonio Canale-Mayet explicó que eso no indica que la compañía tenga la intención de abandonar su operación de transporte, la cual está presente desde Arica a Punta Arenas, sino todo lo contrario.
“Durante ese período, reevaluamos cuál era nuestro foco de negocio en el país y cómo podíamos hacer más eficiente la asignación de recursos que teníamos para Chile. Nuestro giro de negocios principal es efectivamente la movilidad compartida”, dijo el ejecutivo.
De acuerdo a Canale-Mayet, el compromiso de DiDi va ligado a que efectivamente la industria va en crecimiento, pues entre todos los operadores transportaron a 17 millones de personas a nivel de todo el país.
Respecto a las operacionjes de la compañía, señaló que en 2023 “aumentamos un 30%. Hemos pasado muchos hitos durante los últimos cinco años en Chile, pero vemos que cada día se consolida más la industria de la movilidad compartida y nos tiene contentos nuestra estadía aquí”.
#DiDi #ante #implementación #reglamento #del #MTT
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.