La teoría contrasta con lo que Topelberg declaró esta misma semana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Ante la jueza Carolina Araya confirmó que él tomó la decisión de filtrar el audio de manera anónima, haciéndose pasar por Daniel Sauer. Lo hizo sacando el audio de su teléfono y transformándolo en un archivo mp3. Luego encriptó los metadatos, lo subió como un enlace de descarga a WeTransfer y generó un número temporal a través de un sitio web del Reino Unido que lo vinculó a un teléfono de prepago que compró en Quilicura.

Con todo eso listo, escogió cuatro destinatarios: el fiscal Felipe Sepúlveda, el funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Carlos Isensee, el medio Ciper y su propio abogado ante la CMF, José Clemente Coz, quien semanas antes ya comentaba sobre la existencia del audio.

La insistencia de los amigos penalistas de Luis Hermosilla por explotar el factor político del caso tuvo eco en su hermano, quien asumió su representación dos días después de la nota de Ciper. Esto quedó en evidencia el 15 de noviembre, cuando dijo ante los medios que la filtración del audio era una “maniobra política”.

Luego de eso, empezaron las diferencias.

Parte del círculo de Luis Hermosilla era de la idea de que había que impugnar desde un inicio el audio, de manera de obstaculizar su uso por parte del Ministerio Público. El argumento que daban, cuentan quienes supieron de estas conversaciones, era que se trata de una prueba ilícita, obtenida mediante un delito -la grabación sin consentimiento de una reunión privada entre abogados- y que, además, violaba el secreto profesional.

Más aún, cuando ya existía un primer antecedente que reforzaba ese camino. La primera vez que la Fiscalía quiso allanar la oficina de Luis Hermosilla pidió autorización, de forma telefónica, a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz. Sin embargo, la magistrada no autorizó la diligencia al “estimar que la grabación no consentida de esta reunión podría tener un origen ilegal” y que “eventualmente se vería seriamente afectada la relación cliente-abogado”. Solo ante la segunda petición de la Fiscalía, incorporando los antecedentes que declaró Villalobos, la magistrada Díaz-Muñoz dio luz verde.

Siguiendo esa lógica, el entorno de Hermosilla sugirió iniciar un camino para que, cuando se tuviera que preparar el juicio oral, la impugnación de la prueba fuera contundente. Eso implicaba, por ejemplo, presentar una denuncia por la grabación ilegal, una querella o alegar ante el tribunal alguna cautela de garantía. También se puso sobre la mesa -una vez incautado el teléfono iPhone 14 pro max- acotar al máximo los mensajes que podía usar la Fiscalía y bloquear su acceso total.

Sin embargo, Juan Pablo Hermosilla no siguió esos consejos y tomó el camino de la cooperación: colaborar y no restringir. Esto no es algo nuevo en él. Quienes conocen su carrera profesional saben que esto es algo que suele hacer en las causas de alta connotación pública. Lo hizo, por ejemplo, cuando representó a Jaime de Aguirre en el caso Penta y le aconsejó confesar, logrando que el exejecutivo de Chilevisión saliera sin mayores problemas de la indagatoria. Y lo mismo hizo cuando asesoró a Giorgio Martelli en el caso SQM. De hecho, en público y en sus clases de derecho, suele repetir que “los abogados deben responder por sus actos”.

Por eso, hasta la audiencia de formalización, procuró profundizar la línea de la colaboración. Entregó las cuentas corrientes, ofreció que su hermano fuera a declarar y evitó reprochar al inicio de la formalización el hecho de que recién la noche anterior la Fiscalía liberara el tomo 13 de la carpeta investigativa, incorporando a última hora casi cinco mil páginas al expediente. A eso se sumaba que tan solo 10 días antes de la formalización, el Servicio de Impuestos Internos presentó su querella por delitos tributarios.

Quienes conocen a Juan Pablo Hermosilla opinan que no se caracteriza por sus habilidades en la parte inicial de un caso, que se realiza ante el tribunal de garantía, y que su fuerte está cuando se pasa al fondo, ante el tribunal oral. Por eso hay quienes creen que al insistir en la colaboración, ya está pensando en el juicio, de manera que el Ministerio Público no pueda discutir cuando la defensa argumente la cooperación eficaz. El tema no es menor, ya que de conseguir esta atenuante, se sumaría a otra más: la irreprochable conducta anterior de Luis Hermosilla. Pero hay quienes creen que este camino tiene un riesgo, ya que el Ministerio Público no hizo mención a este elemento en la audiencia de formalización. Por eso se explica la molestia de Juan Pablo Hermosilla cuando en la audiencia preguntó: “¿Qué nos ha pedido el Ministerio Público que no le hayamos entregado? La colaboración ha sido extrema”.

Otro punto de su estrategia apunta a desmontar el lavado de activos que ha construido la Fiscalía. Según la defensa, lo más débil del caso es el soborno, ya que las pruebas que hay, hasta ahora, muestran que los involucrados directos son Sauer y Villalobos. Por eso, el Ministerio Público argumentó que Luis Hermosilla fue inductor de dicho delito, pero la defensa retrucó diciendo que la voluntad delictiva venía de antes de que fuera el abogado de Factop. “No induce a nadie, actúa sobre una dinámica preexistente”, dijo su hermano en la audiencia.

La defensa ya cuenta con un peritaje privado para revisar el movimiento de dinero de Luis Hermosilla y Factop. Ese peritaje mostraría, según la defensa, que los más de $ 5 mil millones que objeta la Fiscalía son parte del flujo del factoring. La postura es que la trazabilidad se pueda realizar con un peritaje viendo los cheques, los créditos concedidos y los intereses cobrados. “¿Pedirle una línea de crédito a un factoring se transforma en un lavado de dinero? (…) En este caso lo que hay es una línea de crédito sobre la cual se pagan altos intereses, que se pagan hasta el día de hoy y que nunca se han dejado de pagar”, dijo el defensor Hermosilla en la formalización.

La jugada de Hermosilla tuvo efectos en menos de 24 horas. La Fiscalía Oriente afirmó en un comunicado que la fiscal Parra intercambió mensajes vía WhatsApp con Hermosilla, enviándole, por ejemplo, su currículum cuando estaba en plena campaña para ser fiscal regional y dos semanas antes de su exposición ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Dicho intercambio, que estaba en conocimiento de la Fiscalía Nacional, a juicio del Ministerio Público no implica un impedimento para que siga en el caso.

Lo mismo hizo, por su parte, la Fiscalía Nacional. La entidad reconoció, también en un comunicado, que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, “sostuvo conversaciones con el señor Luis Hermosilla en su labor de abogado privado antes de ocupar el actual cargo”.

Desde el entorno de Juan Pablo Hermosilla cuentan que cuando dio el golpe en Radio Infinita no estaba apuntando a Parra, sino que a Valencia. Sobre todo, dicen las mismas fuentes, debido a que Luis Hermosilla -al igual que su amigo, el exministro Andrés Chadwick– hizo campaña activa para que llegara a la Fiscalía Nacional.

La efectividad de la maniobra no solo se quedó ahí. El viernes, la Fiscalía respondió a su solicitud y accedió a darle copia íntegra del informe de extracción de 777.256 páginas. La entrega se hará recién el miércoles 4 de septiembre. En ese momento, la presión se trasladará a la defensa.

Juan Pablo Hermosilla dijo que liberaría su contenido. Sin embargo, su afirmación tenía un matiz: de hacerlo, liberará solo lo que tiene que ver con el lobby para que autoridades lleguen a puestos de poder. El resto seguirá bajo reserva, pues se presume que está bajo secreto profesional. Así, la caja de Pandora de la que todos temen estará cada vez más cerca de abrirse.