El contraataque de los Hermosilla

-Les pido que lo hagamos con calma, yo no estoy apurado y voy a responder todas y cada una de sus preguntas.

Pasadas las 18.30 del miércoles, el abogado Juan Pablo Hermosilla salió del edificio donde está ubicada su oficina, en la comuna de Vitacura, y se acercó al grupo de cerca de 15 periodistas que lo esperaban. Todos habían sido convocados por él mismo para dar un anuncio, hasta ese momento, desconocido.

Casi 10 horas antes, el defensor y hermano de Luis Hermosilla en el caso Audio que investiga la Fiscalía Oriente, había tomado una decisión: golpear la mesa, tirar el mantel y trasladar su defensa a la cancha de la opinión pública. Y no lo hizo en un tribunal, sino que en Radio Infinita. “Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, qué ministros le pedían favores. Y no vayan escogiendo, como se dice en inglés cherry picking, las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también?”, lanzó, dando vuelta un tablero que, hasta ese momento, era adverso.

Al penalista no le quedaba otra. El día anterior había perdido el primer round con la Fiscalía, se había peleado dos veces con la jueza Mariana Leyton, su hermano quedó en prisión preventiva y pasó una noche en el penal Santiago I. Solo al día siguiente pudo trasladarlo al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Sin embargo, el mismo día en que se decretó su reclusión preventiva, al defensor le llegó una oportunidad impensada. “¡Qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel!”, celebró el Presidente Gabriel Boric.

Sus palabras fueron la excusa perfecta para que el defensor se convenciera de iniciar una batalla comunicacional y explotar lo que cree ha sido una maniobra política. Hace meses que Juan Pablo Hermosilla había notado que el caso escaparía del plano estrictamente jurídico. Cercanos a él dicen que a fines de febrero, cuando se filtró el informe de la Unidad de Análisis Financiero, apareció la primera alerta de que el caso entraba en arenas complejas. Pero la gota que rebasó el vaso fueron los dichos de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, quien afirmó en la formalización que su hermano arriesgaba 18 años de cárcel. A eso se sumó la recreación -para ejemplificar el lavado de activos- que hizo en la audiencia el fiscal Miguel Ángel Orellana cuando mezcló en un vaso transparente café con agua.

Con eso sobre la mesa, Hermosilla aprovechó la oportunidad que le abrió Boric, y luego de sus dichos en la radio -que provocaron la indignación del ministro de Justicia, Luis Cordero e inclusive el respaldo de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD)- convocó a la prensa. Estuvo por 40 minutos dando su punto de vista. En un momento, alcanzó a estar en vivo en todos los canales de televisión. Y, haciendo gala de sus habilidades comunicacionales, no se guardó nada.

“Es completamente inaceptable la intervención del Poder Ejecutivo en un caso que no está cerrado y en que no ha habido determinación de culpa todavía. Solo se puede justificar por ganancias pequeñas”, dijo Hermosilla. Comparó los dichos de Boric con Venezuela, al no respetar la separación de poderes del Estado, y alegó que sus palabras pasaban a llevar la Constitución. A Boric y Tohá, de quienes recordó su condición de egresados de Derecho, y a Cordero, quien sí es abogado, les reprochó sus opiniones legales. Mientras repetía que él era de izquierda dura, volvió a la carga del Mandatario: “Yo voté por este Presidente. Me inscribí en Convergencia Social. Fui de los giles que nos inscribimos para que saliera candidato y nos topamos con esto ahora”.

Luego reveló que le pidió a la Fiscalía copia de todas las conversaciones de su hermano, deslizó con tono irónico reparos al pregrado de Cordero y elevó el tono en contra del titular de Justicia. “No le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo. Si no, me va a obligar, además, a recordar dónde trabajaba él antes (…) y las operaciones del punto de vista legal en que él participó junto a su oficina, defendiendo a sus clientes”, afirmó haciendo referencia a su pasado como socio -controlando el 7,41%- del estudio jurídico Ferrada Nehme.

El giro que dio el menor de los Hermosilla no fue una sorpresa para nadie que lo conozca. Su historial como abogado -que tiene casos emblemáticos, como la representación de la expresidenta Michelle Bachelet contra periodistas de la revista Qué Pasa; disputas económicas entre familias empresariales; la demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por parte de las víctimas de Fernando Karadima; y una serie de casos de abusos sexuales desde la Fundación para la Confianza- así lo confirma. “Juan Pablo siempre se ha caracterizado por ser un abogado muy mediático. Maneja bien la técnica de la comparecencia en medios, y en eso quizá es de los mejores de Santiago, tanto así que para nadie es un misterio que en el gremio se le critica por litigar por los medios”, dice el exministro de Justicia Isidro Solís, quien fue su socio durante décadas.

Su ofensiva mediática tuvo como objetivo profundizar en lo que cree es una motivación política detrás del caso. Y esto no lo cree solo él. El martes 14 de noviembre del año pasado, cuando Luis Hermosilla leyó en Ciper la nota que publicaba íntegro el audio filtrado que inició la indagatoria, supo que lo que se venía era una bola de nieve.

En ese momento sus más cercanos, todos reconocidos abogados penalistas, coincidieron en que había que evidenciar que esto era una operación política en su contra. Por eso se explica que, un día después, enviara a los medios un comunicado por escrito en que apuntaba en esa misma dirección: “(Soy) objeto de una maniobra siniestra, cuyos alcances habrá que develar en el transcurso del tiempo (…). Hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados”.

Hermosilla deslizó sin pruebas que esto era una operación política en su contra digitada desde La Moneda, algo de lo que sus cercanos están convencidos hasta el día de hoy. Para sostener la teoría, las mismas fuentes en privado dicen que en noviembre del año pasado La Moneda estaba hundida en el escándalo del caso Convenios y que esta fue la forma de “desviar la atención”.

La abogada Leonarda Villalobos reconoció en su primera declaración que grabó la reunión deliberadamente, sin consentimiento, y que luego se la envió a la esposa de Rodrigo Topelberg, socio de la familia Sauer en Factop. La sospecha, comentan las mismas fuentes cercanas a Hermosilla, aumenta al ver que los abogados de Topelberg son Alejandro Awad y su socio, el penalista Miguel Schürmann, uno de los abogados preferidos de los frenteamplistas que han tenido que enfrentar causas penales, como el exministro Giorgio Jackson (FA).

La teoría contrasta con lo que Topelberg declaró esta misma semana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Ante la jueza Carolina Araya confirmó que él tomó la decisión de filtrar el audio de manera anónima, haciéndose pasar por Daniel Sauer. Lo hizo sacando el audio de su teléfono y transformándolo en un archivo mp3. Luego encriptó los metadatos, lo subió como un enlace de descarga a WeTransfer y generó un número temporal a través de un sitio web del Reino Unido que lo vinculó a un teléfono de prepago que compró en Quilicura.

Con todo eso listo, escogió cuatro destinatarios: el fiscal Felipe Sepúlveda, el funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Carlos Isensee, el medio Ciper y su propio abogado ante la CMF, José Clemente Coz, quien semanas antes ya comentaba sobre la existencia del audio.

La insistencia de los amigos penalistas de Luis Hermosilla por explotar el factor político del caso tuvo eco en su hermano, quien asumió su representación dos días después de la nota de Ciper. Esto quedó en evidencia el 15 de noviembre, cuando dijo ante los medios que la filtración del audio era una “maniobra política”.

Luego de eso, empezaron las diferencias.

Parte del círculo de Luis Hermosilla era de la idea de que había que impugnar desde un inicio el audio, de manera de obstaculizar su uso por parte del Ministerio Público. El argumento que daban, cuentan quienes supieron de estas conversaciones, era que se trata de una prueba ilícita, obtenida mediante un delito -la grabación sin consentimiento de una reunión privada entre abogados- y que, además, violaba el secreto profesional.

Más aún, cuando ya existía un primer antecedente que reforzaba ese camino. La primera vez que la Fiscalía quiso allanar la oficina de Luis Hermosilla pidió autorización, de forma telefónica, a la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz. Sin embargo, la magistrada no autorizó la diligencia al “estimar que la grabación no consentida de esta reunión podría tener un origen ilegal” y que “eventualmente se vería seriamente afectada la relación cliente-abogado”. Solo ante la segunda petición de la Fiscalía, incorporando los antecedentes que declaró Villalobos, la magistrada Díaz-Muñoz dio luz verde.

Siguiendo esa lógica, el entorno de Hermosilla sugirió iniciar un camino para que, cuando se tuviera que preparar el juicio oral, la impugnación de la prueba fuera contundente. Eso implicaba, por ejemplo, presentar una denuncia por la grabación ilegal, una querella o alegar ante el tribunal alguna cautela de garantía. También se puso sobre la mesa -una vez incautado el teléfono iPhone 14 pro max- acotar al máximo los mensajes que podía usar la Fiscalía y bloquear su acceso total.

Sin embargo, Juan Pablo Hermosilla no siguió esos consejos y tomó el camino de la cooperación: colaborar y no restringir. Esto no es algo nuevo en él. Quienes conocen su carrera profesional saben que esto es algo que suele hacer en las causas de alta connotación pública. Lo hizo, por ejemplo, cuando representó a Jaime de Aguirre en el caso Penta y le aconsejó confesar, logrando que el exejecutivo de Chilevisión saliera sin mayores problemas de la indagatoria. Y lo mismo hizo cuando asesoró a Giorgio Martelli en el caso SQM. De hecho, en público y en sus clases de derecho, suele repetir que “los abogados deben responder por sus actos”.

Por eso, hasta la audiencia de formalización, procuró profundizar la línea de la colaboración. Entregó las cuentas corrientes, ofreció que su hermano fuera a declarar y evitó reprochar al inicio de la formalización el hecho de que recién la noche anterior la Fiscalía liberara el tomo 13 de la carpeta investigativa, incorporando a última hora casi cinco mil páginas al expediente. A eso se sumaba que tan solo 10 días antes de la formalización, el Servicio de Impuestos Internos presentó su querella por delitos tributarios.

Quienes conocen a Juan Pablo Hermosilla opinan que no se caracteriza por sus habilidades en la parte inicial de un caso, que se realiza ante el tribunal de garantía, y que su fuerte está cuando se pasa al fondo, ante el tribunal oral. Por eso hay quienes creen que al insistir en la colaboración, ya está pensando en el juicio, de manera que el Ministerio Público no pueda discutir cuando la defensa argumente la cooperación eficaz. El tema no es menor, ya que de conseguir esta atenuante, se sumaría a otra más: la irreprochable conducta anterior de Luis Hermosilla. Pero hay quienes creen que este camino tiene un riesgo, ya que el Ministerio Público no hizo mención a este elemento en la audiencia de formalización. Por eso se explica la molestia de Juan Pablo Hermosilla cuando en la audiencia preguntó: “¿Qué nos ha pedido el Ministerio Público que no le hayamos entregado? La colaboración ha sido extrema”.

Otro punto de su estrategia apunta a desmontar el lavado de activos que ha construido la Fiscalía. Según la defensa, lo más débil del caso es el soborno, ya que las pruebas que hay, hasta ahora, muestran que los involucrados directos son Sauer y Villalobos. Por eso, el Ministerio Público argumentó que Luis Hermosilla fue inductor de dicho delito, pero la defensa retrucó diciendo que la voluntad delictiva venía de antes de que fuera el abogado de Factop. “No induce a nadie, actúa sobre una dinámica preexistente”, dijo su hermano en la audiencia.

La defensa ya cuenta con un peritaje privado para revisar el movimiento de dinero de Luis Hermosilla y Factop. Ese peritaje mostraría, según la defensa, que los más de $ 5 mil millones que objeta la Fiscalía son parte del flujo del factoring. La postura es que la trazabilidad se pueda realizar con un peritaje viendo los cheques, los créditos concedidos y los intereses cobrados. “¿Pedirle una línea de crédito a un factoring se transforma en un lavado de dinero? (…) En este caso lo que hay es una línea de crédito sobre la cual se pagan altos intereses, que se pagan hasta el día de hoy y que nunca se han dejado de pagar”, dijo el defensor Hermosilla en la formalización.

La jugada de Hermosilla tuvo efectos en menos de 24 horas. La Fiscalía Oriente afirmó en un comunicado que la fiscal Parra intercambió mensajes vía WhatsApp con Hermosilla, enviándole, por ejemplo, su currículum cuando estaba en plena campaña para ser fiscal regional y dos semanas antes de su exposición ante el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Dicho intercambio, que estaba en conocimiento de la Fiscalía Nacional, a juicio del Ministerio Público no implica un impedimento para que siga en el caso.

Lo mismo hizo, por su parte, la Fiscalía Nacional. La entidad reconoció, también en un comunicado, que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, “sostuvo conversaciones con el señor Luis Hermosilla en su labor de abogado privado antes de ocupar el actual cargo”.

Desde el entorno de Juan Pablo Hermosilla cuentan que cuando dio el golpe en Radio Infinita no estaba apuntando a Parra, sino que a Valencia. Sobre todo, dicen las mismas fuentes, debido a que Luis Hermosilla -al igual que su amigo, el exministro Andrés Chadwick– hizo campaña activa para que llegara a la Fiscalía Nacional.

La efectividad de la maniobra no solo se quedó ahí. El viernes, la Fiscalía respondió a su solicitud y accedió a darle copia íntegra del informe de extracción de 777.256 páginas. La entrega se hará recién el miércoles 4 de septiembre. En ese momento, la presión se trasladará a la defensa.

Juan Pablo Hermosilla dijo que liberaría su contenido. Sin embargo, su afirmación tenía un matiz: de hacerlo, liberará solo lo que tiene que ver con el lobby para que autoridades lleguen a puestos de poder. El resto seguirá bajo reserva, pues se presume que está bajo secreto profesional. Así, la caja de Pandora de la que todos temen estará cada vez más cerca de abrirse.