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“Esto es gravísimo”: oficialismo se divide de nuevo y surgen voces que sugieren cortar relaciones con Venezuela

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Una espina que no puede ser extraída. Así es como la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric percibe a Venezuela y las relaciones diplomáticas que Chile mantiene con ese país.

El tema se reconoce incómodo. En gran parte, por la postura que algunos dirigentes -principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista– han tenido con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, el timonel del PC, Lautaro Carmona, defendió en marzo “a mucha honra” que Venezuela no es una dictadura.

Sin embargo, las recientes declaraciones del fiscal Héctor Barros en Chilevisión Noticias, respecto a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojedase organizó desde Venezuela”, generaron un punto de inflexión. Tanto así, que hay voces oficialistas que sugieren que es necesario cortar relaciones con el país de Nicolás Maduro.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería (PS), dijo que “tenemos la más absoluta convicción de que Venezuela no está cooperando con Chile en relación al asesinato y secuestro del teniente Ojeda. Hay indicios claros de participación incluso de grupos afines al gobierno venezolano en esto”.

El parlamentario añadió que “ya llamado a consulta el embajador, este no debe volver hasta que Venezuela empiece a prestar la cooperación necesaria en este caso. Si estas personas, como no ha ocurrido en cuatro casos anteriores, no son extraditadas a Chile, no existe asistencia penal internacional de parte del Ministerio Público Venezolano, el único camino a seguir que tiene Chile es romper relaciones y expresar su molestia sobre Venezuela en cada foro internacional que exista”.

FOTO: DEDVI MISSENE

Por su parte, el diputado Raúl Soto, también integrante de la comisión de RR.EE. de la Cámara, sostuvo que “la tensión diplomática con Venezuela ha llegado a niveles insostenibles, luego de las declaraciones del canciller Gil y las informaciones que dan cuenta de la intervención del régimen en el asesinato de Ojeda en Chile, el gobierno debe evaluar seriamente cortar relaciones diplomáticas. Esto es gravísimo”.

Mario Téllez / La Tercera

La idea es compartida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien afirmó que “es tiempo de medidas drásticas”, incluyendo “estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas con Venezuela”. Según él, “la dictadura se ha dedicado a exportar criminales a nuestro país y no podemos permitirlo”.

“Cuando el camino diplomático se agota o no da los resultados esperados, es necesario y responsable evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas como parte una de tantas otras medidas previas que deben ir siempre en la línea de velar por los intereses de Chile (…)”, dijo a este medio la presidente de los Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Chile no puede sostener relaciones diplomáticas con la dictadura que existe en Venezuela (…). Chile debe tener consecuencia con su tradición democrática y romper relaciones diplomáticas si se confirma la tesis de Fiscalía”, complementó el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya.

Esas son algunas de las voces que han sugerido romper relaciones con Venezuela. Sin embargo, incluso dentro del Socialismo Democrático hay quienes plantean un contrapunto. Por ejemplo, el excanciller José Miguel Insulza, quien además preside la comisión de RE.EE. del Senado, dijo a este medio que “yo soy completamente contrario a cualquier ruptura de relaciones con Venezuela. Dos países pueden tener malas relaciones, grandes dificultades, pero lo peor que puede ocurrir cuando (…) tenemos muchos problemas pendientes con ellos, es no tener ninguna voz diplomática que haga la representación de Chile”.

Y ejemplificó: “Hay muchos países que tienen pésimas relaciones y tienen embajadores. Cuba y Estados Unidos es un caso concreto. Por lo tanto, yo por lo menos no estoy por una ruptura de relaciones”.

Lo mismo piensa el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien dijo que “yo no soy partidario de romper relaciones con Venezuela, porque eso nos deja amarrados a los procesos de expulsión, dado que no tendríamos posibilidades de hacer conversaciones para repatriar o devolver a los delincuentes”.

La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, dejó la decisión en manos del Presidente Boric y comentó que la postura debiera estar una vez que el Ejecutivo escuche la versión del embajador Jaime Gazmuri, quien llegará durante la noche de este viernes al país.

“Desde el PS vamos a respaldar lo que decida Cancillería y el Presidente. No me parece oportuno pronunciarnos antes de que esté el embajador en Chile sobre las vías de acción, porque la verdad no conocemos todos los antecedentes”, afirmó Vodanovic.

Luego, la parlamentaria por El Maule agregó que “no comparto que hablen antes de tener los antecedentes y esa es una decisión del Presidente. No me parece estar pauteando al Presidente”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El vicepresidente del PS, Leonardo Soto, ahondó en la misma dirección de Vodanovic: “Si se rompen relaciones con Venezuela, ¿quién va a recibir a los venezolanos expulsados hacia allá? ¿Quién va a entregar los antecedentes de identificación y penales de venezolanos detenidos en Chile?”.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes -integrante de la Comisión de Seguridad-, valoró la decisión del Ejecutivo de llamar a consulta a Gazmuri y afirmó que “romper relaciones con un país cuando estamos en una situación donde varios o muchos nacionales de ese país están en Chile, sería una mala medida. Hay que insistir en el diálogo”.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo a La Tercera que “los antecedentes que ha presentado la Fiscalía por el asesinato del exteniente Ojeda son gravísimos. Esperamos que la investigación siga avanzando a toda velocidad y que el gobierno venezolano cumpla con colaborar en esta materia. En otro caso, el Presidente de la República tiene todo nuestro apoyo para repensar la relación que tiene nuestro Estado con ese país”.

22.02.2024 DIEGO VELA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

“Cualquieras sean las circunstancias de ese horrible crimen, la única persona facultada para determinar con qué Estado se mantienen o no relaciones diplomáticas es el Jefe de Estado, el Presidente de la República. Lo que podamos decir los demás actores políticos no pasa de una mera opinión”, sentenció el diputado Jaime Sáez (RD).

El pasado 3 de marzo, el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, asistió al Cementerio General y participó del habitual homenaje que realiza el Partido Comunista en memoria de la extimonel de la colectividad, Gladys Marín.

El diplomático venezolano, en medio del revuelo por el asesinato de Ronald Ojeda, no respondió preguntas a la prensa, pero fue ovacionado en el evento y su presencia molestó a sectores del oficialismo y la oposición.

En el PC, la situación en Venezuela se ha convertido en un debate abierto que promete enfrentar a dos almas en el congreso partidista que comenzará este sábado, en donde se resolverán las posturas ideológicas de la tienda y los nuevos liderazgos de cara a los siguientes cuatro años.

Este jueves, Lautaro Carmona convocó a un punto de prensa para referirse a la situación, previo a que se conocieran los nuevos antecedentes del caso Ojeda. “Creo que el gobierno hace bien llamar para que aquí se esclarezca, se precise, el alcance de una formulación que yo encuentro, de verdad, no solo no va al fondo, sino que puede tener el riesgo de desviar la atención de lo principal”, complementando que lo principal “es la coordinación, la cooperación, entre los estados, entre sus aparatos de inteligencia, de policías”, para combatir el crimen organizado.

Al mismo tiempo, desde la Cámara el diputado Matías Ramírez (PC) manifestó que “en una investigación en curso con diligencias importantes pendientes se debe esperar el resultado de las mismas, eso no puede llevar a tomar decisiones diplomáticas apresuradas que, incluso, pueden perjudicar el resultado de esas diligencias”. En la misma línea fue su par, Nathalie Castillo, quien señaló que “esta es una materia exclusiva del Ejecutivo. Evaluar en el mérito de la investigación que lleva el Ministerio Público es lo que corresponde para tomar una decisión de estas características”.

“Hay una preocupación por los antecedentes por todos conocidos y es por lo mismo que me parece que las relaciones diplomáticas con Venezuela deben mantenerse. Me explico; hay temas pendientes que se deben resolver entre los países, siendo justamente uno de los más relevantes el relacionado a la seguridad y a la inmigración, por lo tanto esto tiene que avanzar y la única forma posible es a través del diálogo”, agregó la diputada María Candelaria Acevedo (PC).

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Más que Titulares: Cecilia Gutierrez

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En este nuevo capítulo, conversamos junto a la periodista sobre su vida fuera de la pantalla, los proyectos que vienen en Canal 13 y cómo la farándula ha mutado a lo largo de los años.

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El otro juicio que ocupa a Juan Pablo Hermosilla

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Son pasadas las 8 de la mañana del 26 de agosto, y un enjambre de periodistas rodea a Juan Pablo Hermosilla en la entrada del Centro de Justicia. En pocos minutos deberá presentar sus argumentos ante la magistrada Mariana Leyton, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en un intento por evitar la prisión preventiva de su hermano. Sin embargo, todo comienza mal, con un breve altercado con la jueza, quien finalmente ordena el envío de Luis Hermosilla a Capitán Yaber. La fiscalía investiga a Luis Hermosilla por presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos en el marco del caso Audio.

Pero no es el único juicio que ocupa en estos momentos e Juan Pablo Hermosilla. El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el juicio que lo enfrenta con una ex abogada de su estudio.

La abogada María de los Ángeles Barros Echeñique, quien trabajó en su firma entre 2020 y marzo de 2023, acusa al abogado de acoso laboral, humillaciones y agresiones físicas, incluido un incidente en el que Hermosilla supuestamente la golpeó en la cabeza durante un viaje de trabajo en 2022. La abogada busca una indemnización de $106 millones, además de otras prestaciones laborales.

Se realizan los alegatos de las defensas de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos para revertir la prisión preventiva de ambos, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Aunque la causa es reservada, Pulso pudo corroborar los avances del litigio, que se resolverá, al menos en una primera fase, durante octubre. Tras la audiencia de juicio, el tribunal tendrá un plazo de 15 días para dictar sentencia.

“Este caso está expuesto en tribunales y es un caso muy lamentable, porque es una chica a la cual le tenia mucho cariño. Nunca tuve un problema con ella: al revés, ella tuvo problemas, como se acreditó con todo el resto de la oficina, y ya expuesto todos los argumentos en el juicio, a mi me dolió mucho. Ella es hija de un amigo que falleció”, explicó Juan Pablo Hermosilla.

“Es bien importante a propósito del mismo tema de Luis, porque allí se abrieron todos los mensajes entre nosotros, entonces, es muy fácil, mirando esos mensajes, interpretar algo errado. No es una cosa opinable, porque yo no sabía que iban a abrir todos los mensajes y se entregaron al tribunal. Allí se puede determinar que yo tenía una relación súper cariñosa y fluida con ella”, añadió.

¿Nunca la golpeó, como denuncia la abogada?

“Pero por favor, es absolutamente inverosímil, porque no sólo no se produce esa situación que ella señala, sino que además es una situación en la cual cuando ella se va de la oficina se produce una despedida muy afectuosa”, respondió a Pulso.

¿Su defensa se complica con el fallecimiento de un testigo, una secretaria de su estudio?

“No, porque la principal prueba son los mensajes de textos y estas cosas. Hoy está acreditado que no es efectivo lo que ella señala”,

¿Espera llegar a un acuerdo económico para cerrar este capítulo?

“No lo sé, hay que verlo. Es un tema muy menor y hay que esperar qué resuelve el tribunal, pero no es un tema que tenga gran importancia a estas alturas porque al comienzo, cuando ellos afirman cosas, podrían haber tenido alguna verosimilitud, pero una vez que aparecen los mensajes de texto, ya quedan claro el vínculo que teníamos entre los dos. No hay reclamos de ella posteriores. Hubo un desmentido de uno de los testigos principales en el diario La Tercera, diciendo que esto no era efectivo. Esta es una situación lamentable que me da pena, más que nada”.

La defensa del estudio de Juan Pablo Hermosilla ha presentado un listado de testigos que declararán en la audiencia programada para el miércoles 16 de octubre. Encabezando el listado se encuentra Eugenia Rodríguez, abogada argentina del estudio, especializada en asuntos administrativos.

El segundo testigo en la lista era Daggersy Nava, secretaria del estudio y de nacionalidad venezolana, quien falleció el 5 de mayo de 2024 tras un trágico accidente. Una roca se desprendió del cerro y golpeó el parabrisas de su vehículo, causando su muerte en el sector de La Pirámide. A raíz del suceso, la Municipalidad de Huechuraba interpuso una querella contra la concesionaria Autopista Américo Vespucio Oriente (AVO).

Además, ofrecieron la declaración de varios abogados del estudio: Valentina Sánchez, Alessandra Scognamillo, Macarena Torres, Karen Soto, Ignacio Riveros, Pedro Fontaine y Julián Parada. Este último, junto con la abogada Grace Schmidt, ha representado a tres víctimas del cineasta Nicolás López, condenado por abuso sexual. Schmidt también es jefa de gabinete de la Defensoría de la Niñez y forma parte del listado de testigos de Hermosilla.

Manuel Pérez Saavedra, socio de Hermosilla en el bufete, también declarará en la audiencia: es primo de María de los Ángeles Barros.

Hermosilla también listó la declaración de José Andrés Murillo, presidente del directorio de la Fundación Para la Confianza, y víctima de los abusos del sacerdote Fernando Karadima, así como dos directores de la misma fundación: Octavio Vergara y María Luisa Andaluza.

Finalmente, Catalina Salas, ex abogada del estudio de Hermosilla, también está incluida en el listado de testigos en defensa del bufete.

El listado de 16 testigos culmina con el propio Juan Pablo Hermosilla, quien ha manifestado su disposición a declarar en el juicio para ofrecer su versión de los hechos relacionados con la demanda.

La abogada María de los Ángeles Barros, representada por el abogado Gonzalo Lagos, presentó un listado de 11 testigos. Entre ellos se encuentran su madre, Noel Echeñique. También incluyó a las exabogadas de Hermosilla & Compañía, Amalia Paulsen y Marlene Dussaubat, así como al psiquiatra Udo La Roche.

También figura como testigo de la parte demandante la jefa de Asuntos Internacionales de la Gobernación Metropolitana, Valentina Correa, quien anteriormente se desempeñó como directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza. Su relato, al igual que el de Gonzalo Vial, director ejecutivo de la Fundación Huella Local, cobra relevancia debido a que ambos habrían sido testigos de los “golpecitos” que le propinó Hermosilla a la abogada denunciante. Sin embargo, Valentina Correa envió una carta a La Tercera en el que desacreditaba la versión de Barros.

Frente a sus dichos, Barros acompañó al tribunal los mensajes que Valentina Correa le envió a través de WhatsApp y ahí se puede apreciar que siete días después del viaje a Valparaíso, el 22 de diciembre, le escribió: “A ver amiga querida, me alegro que lo converses con Juan Pablo. Hay un par de cosas que vi que no me gustaron, una de ellas es Juan Pablo te diera ‘golpecito’ y que te ‘callara’. Puedo comprender que de repente se desespera con que lo interrumpas, o entras muy rápido en confianza con externos (en este caso Gonzalo) y eso lo complica”.

Y le agregó: “Las relaciones son de a 2, han construido una dinámica que no es muy virtuosa. Yo quería conversar contigo cuando nos viéramos”.

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Ministro Marcel enfatiza la relevancia de avanzar en Inteligencia Económica tras caso audio

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A días de que comience el Chile Day en Londres, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al caso audio, y dijo que es importante poder avanzar en algunos proyectos como Inteligencia Económica, el que sostuvo que lleva mucho tiempo de tramitación.

“Necesitamos que haya un régimen que permita la delación compensada, que permita acceder a la información bancaria, que permita a los organismos encargados de la fiscalización que detecten operaciones. Muchas veces uno se concentra en el proceso de administración de justicia, cuando es el Ministerio Público que actúa. Para poder llegar ahí tiene que poder detectarse una conducta fraudulenta. Esto nos debería generar un sentido renovado de urgencia respecto a estas materias, que respecto a inteligencia económica lleva demasiado tiempo en el Congreso”, dijo el ministro en Radio Infinita.

Y agregó que “lo principal es que muchos de los temas que se han planteado tanto en el proyecto de cumplimiento tributario, como inteligencia económica, son realmente necesarios, y que si hubieran estado operativos probablemente esto se habría detectado antes de que alguien filtrara un audio. Para que la justicia funcione no deberíamos depender de que esa circunstancia se dé”.

Por otro lado, el secretario de Estado indicó que los niveles actuales de incertidumbre son los que había antes del 18 de octubre de 2019.

“Si uno mide incertidumbre como la mide el Banco Central, como la miden los indicadores de riesgo soberano, Chile volvió a los niveles de incertidumbre previos al estallido social. Más allá que uno identifique algún tema que genera preocupación, en términos generales, incertidumbre, después de haber estabilizado la economía. Después de haber balanceado las finanzas públicas, de haber pasado el proceso constitucional, hoy está de vuelta donde estaba antes del estallido social”, señaló.

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