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“Esto es gravísimo”: oficialismo se divide de nuevo y surgen voces que sugieren cortar relaciones con Venezuela

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Una espina que no puede ser extraída. Así es como la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric percibe a Venezuela y las relaciones diplomáticas que Chile mantiene con ese país.

El tema se reconoce incómodo. En gran parte, por la postura que algunos dirigentes -principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista– han tenido con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, el timonel del PC, Lautaro Carmona, defendió en marzo “a mucha honra” que Venezuela no es una dictadura.

Sin embargo, las recientes declaraciones del fiscal Héctor Barros en Chilevisión Noticias, respecto a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojedase organizó desde Venezuela”, generaron un punto de inflexión. Tanto así, que hay voces oficialistas que sugieren que es necesario cortar relaciones con el país de Nicolás Maduro.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería (PS), dijo que “tenemos la más absoluta convicción de que Venezuela no está cooperando con Chile en relación al asesinato y secuestro del teniente Ojeda. Hay indicios claros de participación incluso de grupos afines al gobierno venezolano en esto”.

El parlamentario añadió que “ya llamado a consulta el embajador, este no debe volver hasta que Venezuela empiece a prestar la cooperación necesaria en este caso. Si estas personas, como no ha ocurrido en cuatro casos anteriores, no son extraditadas a Chile, no existe asistencia penal internacional de parte del Ministerio Público Venezolano, el único camino a seguir que tiene Chile es romper relaciones y expresar su molestia sobre Venezuela en cada foro internacional que exista”.

FOTO: DEDVI MISSENE

Por su parte, el diputado Raúl Soto, también integrante de la comisión de RR.EE. de la Cámara, sostuvo que “la tensión diplomática con Venezuela ha llegado a niveles insostenibles, luego de las declaraciones del canciller Gil y las informaciones que dan cuenta de la intervención del régimen en el asesinato de Ojeda en Chile, el gobierno debe evaluar seriamente cortar relaciones diplomáticas. Esto es gravísimo”.

Mario Téllez / La Tercera

La idea es compartida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien afirmó que “es tiempo de medidas drásticas”, incluyendo “estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas con Venezuela”. Según él, “la dictadura se ha dedicado a exportar criminales a nuestro país y no podemos permitirlo”.

“Cuando el camino diplomático se agota o no da los resultados esperados, es necesario y responsable evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas como parte una de tantas otras medidas previas que deben ir siempre en la línea de velar por los intereses de Chile (…)”, dijo a este medio la presidente de los Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Chile no puede sostener relaciones diplomáticas con la dictadura que existe en Venezuela (…). Chile debe tener consecuencia con su tradición democrática y romper relaciones diplomáticas si se confirma la tesis de Fiscalía”, complementó el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya.

Esas son algunas de las voces que han sugerido romper relaciones con Venezuela. Sin embargo, incluso dentro del Socialismo Democrático hay quienes plantean un contrapunto. Por ejemplo, el excanciller José Miguel Insulza, quien además preside la comisión de RE.EE. del Senado, dijo a este medio que “yo soy completamente contrario a cualquier ruptura de relaciones con Venezuela. Dos países pueden tener malas relaciones, grandes dificultades, pero lo peor que puede ocurrir cuando (…) tenemos muchos problemas pendientes con ellos, es no tener ninguna voz diplomática que haga la representación de Chile”.

Y ejemplificó: “Hay muchos países que tienen pésimas relaciones y tienen embajadores. Cuba y Estados Unidos es un caso concreto. Por lo tanto, yo por lo menos no estoy por una ruptura de relaciones”.

Lo mismo piensa el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien dijo que “yo no soy partidario de romper relaciones con Venezuela, porque eso nos deja amarrados a los procesos de expulsión, dado que no tendríamos posibilidades de hacer conversaciones para repatriar o devolver a los delincuentes”.

La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic, dejó la decisión en manos del Presidente Boric y comentó que la postura debiera estar una vez que el Ejecutivo escuche la versión del embajador Jaime Gazmuri, quien llegará durante la noche de este viernes al país.

“Desde el PS vamos a respaldar lo que decida Cancillería y el Presidente. No me parece oportuno pronunciarnos antes de que esté el embajador en Chile sobre las vías de acción, porque la verdad no conocemos todos los antecedentes”, afirmó Vodanovic.

Luego, la parlamentaria por El Maule agregó que “no comparto que hablen antes de tener los antecedentes y esa es una decisión del Presidente. No me parece estar pauteando al Presidente”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El vicepresidente del PS, Leonardo Soto, ahondó en la misma dirección de Vodanovic: “Si se rompen relaciones con Venezuela, ¿quién va a recibir a los venezolanos expulsados hacia allá? ¿Quién va a entregar los antecedentes de identificación y penales de venezolanos detenidos en Chile?”.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes -integrante de la Comisión de Seguridad-, valoró la decisión del Ejecutivo de llamar a consulta a Gazmuri y afirmó que “romper relaciones con un país cuando estamos en una situación donde varios o muchos nacionales de ese país están en Chile, sería una mala medida. Hay que insistir en el diálogo”.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo a La Tercera que “los antecedentes que ha presentado la Fiscalía por el asesinato del exteniente Ojeda son gravísimos. Esperamos que la investigación siga avanzando a toda velocidad y que el gobierno venezolano cumpla con colaborar en esta materia. En otro caso, el Presidente de la República tiene todo nuestro apoyo para repensar la relación que tiene nuestro Estado con ese país”.

22.02.2024 DIEGO VELA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

“Cualquieras sean las circunstancias de ese horrible crimen, la única persona facultada para determinar con qué Estado se mantienen o no relaciones diplomáticas es el Jefe de Estado, el Presidente de la República. Lo que podamos decir los demás actores políticos no pasa de una mera opinión”, sentenció el diputado Jaime Sáez (RD).

El pasado 3 de marzo, el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, asistió al Cementerio General y participó del habitual homenaje que realiza el Partido Comunista en memoria de la extimonel de la colectividad, Gladys Marín.

El diplomático venezolano, en medio del revuelo por el asesinato de Ronald Ojeda, no respondió preguntas a la prensa, pero fue ovacionado en el evento y su presencia molestó a sectores del oficialismo y la oposición.

En el PC, la situación en Venezuela se ha convertido en un debate abierto que promete enfrentar a dos almas en el congreso partidista que comenzará este sábado, en donde se resolverán las posturas ideológicas de la tienda y los nuevos liderazgos de cara a los siguientes cuatro años.

Este jueves, Lautaro Carmona convocó a un punto de prensa para referirse a la situación, previo a que se conocieran los nuevos antecedentes del caso Ojeda. “Creo que el gobierno hace bien llamar para que aquí se esclarezca, se precise, el alcance de una formulación que yo encuentro, de verdad, no solo no va al fondo, sino que puede tener el riesgo de desviar la atención de lo principal”, complementando que lo principal “es la coordinación, la cooperación, entre los estados, entre sus aparatos de inteligencia, de policías”, para combatir el crimen organizado.

Al mismo tiempo, desde la Cámara el diputado Matías Ramírez (PC) manifestó que “en una investigación en curso con diligencias importantes pendientes se debe esperar el resultado de las mismas, eso no puede llevar a tomar decisiones diplomáticas apresuradas que, incluso, pueden perjudicar el resultado de esas diligencias”. En la misma línea fue su par, Nathalie Castillo, quien señaló que “esta es una materia exclusiva del Ejecutivo. Evaluar en el mérito de la investigación que lleva el Ministerio Público es lo que corresponde para tomar una decisión de estas características”.

“Hay una preocupación por los antecedentes por todos conocidos y es por lo mismo que me parece que las relaciones diplomáticas con Venezuela deben mantenerse. Me explico; hay temas pendientes que se deben resolver entre los países, siendo justamente uno de los más relevantes el relacionado a la seguridad y a la inmigración, por lo tanto esto tiene que avanzar y la única forma posible es a través del diálogo”, agregó la diputada María Candelaria Acevedo (PC).

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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