Economia
Hacienda revela detalles del recorte de gasto por US$ 600 millones para este año: mayores ajustes serán en personal y transferencias de capital
Este viernes, el Gobierno entregó nuevos detalles sobre el recorte Presupuestal de US$ 600 millones que prometió ejecutar en el marco de la negociación para despachar el tesoro de este año en el Congreso, en noviembre pasado.
En conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Mario Marcel, junto a la subsecretaria Heidi Berner, la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y el ministro y el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde y Macarena Lobos, respectivamente, brindaron los detalles del ajuste, considerando que el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el Legislativo establecía que la reducción debía materializarse mediante decretos presupuestarios a más tardar el primer diez días del año.
Por aquí, El crecimiento total del gasto público este año pasará del 2,7% considerado por el Tesoro original presentado al Congreso, al 2%. Esto implica un ajuste de $564.000 millones, cerca de US$600 millones.
Del total, Hay tres áreas (o subtítulos, como se conoce en la jerga presupuestaria) que concentrarán las pérdidas: el subtítulo 33 sobre transferencias de capital, el subtítulo 21 sobre gastos de personal y la partida del Tesoro Público.
Así, el gasto en transferencias de capital se reduce en más $ 145.000 millonesun 5% de descuento. En personal, en tanto, la pérdida es de $142.000 millonesun recorte del 2%, mientras en el Tesoro Público los menores recursos superan los $ 138.000 millones.
Luego, más atrás viene el subtítulo 22, que regula los gastos en bienes y servicios de consumo, con más de $96.000 millones menos, un ajuste del 5%, y luego el subtítulo 29 para la adquisición de activos no financieros, que se descuentan en $19.000 millones, también con un ajuste del 5%.
En cualquier caso, según lo acordado en el Congreso, Hay una serie de rubros de gasto que no estarán sujetos al recorte, como servicios de salud, Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, sistema escolar, concesiones de obras públicas y subsidios de vivienda.
TC declara inconstitucionales normas
Mientras tanto, en la conferencia se informó que El Tribunal Constitucional (TC) emitió este jueves un fallo en el que descarta la constitucionalidad de unas 13 normas que fueron aprobadas en el Presupuesto 2025 pese a la oposición del Ejecutivo en la tramitación en el Congreso.
La solicitud fue presentada por el presidente de la República, Gabriel Boric, junto a diputados y senadores oficialistas, donde se argumentó que algunos artículos fueron aprobados a propuesta de parlamentarios de oposición y que violaban algunos apartados de la Constitución, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para legislar en materias específicas, como los impuestos; y también porque las normas aprobadas se desviaron de las ideas principales del Presupuesto.
Entre las normas que no quedarán en la ley final están las que redujeron a $0 la valoración fiscal de las propiedades de los beneficiarios de la Pensión Universal Garantizada (PGU), que suspendió la vigencia de la Ley Lafkenche que regula durante 2025 el uso. del litoral por parte de los pueblos indígenas; y otros relacionados con la suspensión del Sistema de Admisión Escolar (SAE), por mencionar algunos.
Otras normas que aceptó el Tribunal Constitucional y que acordaron con el Ejecutivo, porque corresponde a un poder exclusivo del Gobierno y no de los parlamentarios, son las Ley de inmigración que, según lo aprobado por el Congreso, estableció que “Cualquier proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en situación migratoria irregular deberá ser aprobado previamente por ambas ramas del Congreso”.
En el salida de la Presidencia, se declaró inconstitucional un artículo que establecía que “El personal de apoyo de la Presidencia de la República, cualquiera que sea la naturaleza de su relación contractual o categoría profesional, técnica o administrativa, no podrá ser obligado a realizar jornadas de trabajo que pongan en riesgo su integridad física o psíquica.” así como otro referido al deber de envío de encuestas, estudios y encuestas de opinión por parte de la Presidencia de la República al Congreso.
En el Educación, se rechazó una indicación avalada por el Congreso que establecía que “los estudiantes que hayan sido sancionados por conductas violentas muy graves durante los dos últimos años de la educación secundaria, como agresiones de carácter sexual, agresiones que causen lesiones; uso, porte, posesión y posesión de armas o artefactos incendiarios, No tendrán derecho al beneficio de matrícula universitaria gratuita durante el año siguiente a su graduación”.
Otras normas aprobadas por la Asamblea Legislativa y que no pasaron el filtro de la TC se referían a la prohibición de publicidad durante el período de propaganda electoral, y prohibición de financiar gastos relacionados con la adquisición, prescripción o administración de medicamentos para el uso de terapia hormonal por parte del Ministerio de Salud.
