La Comisión de Hacienda del Senado realizó una sesión para analizar las implicaciones de la implementación del cobro del IVA a los servicios. En la oportunidad estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Conapyme y otros.
En la instancia, los expositores volvieron a mostrar los impactos que la entrada en vigencia de esta nueva ley podría generar en sus sectores. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mantuvo firme en la posición que ha mostrado hasta ahora, por lo que no ve margen para una modificación de este impuesto.
Ante el argumento presentado por los diferentes sectores de que la implementación de este impuesto afectaría a las pequeñas y medianas empresas, el titular de las finanzas públicas aclaró que “hay varias empresas que se nombran que no son precisamente pymes, y son precisamente esas empresas de donde proviene una parte importante de la colección”, dijo Marcel.
Marcel señaló que “La gran mayoría de las intervenciones se refieren al fondo y no a la forma de implementarlo, y en consonancia con esto, vemos que hay propuestas que apuntan a derogar la ley y otras a cambiar el sistema del IVA. Lo primero que hay que decir es que cuando el Congreso aprueba la ley y lo hace con aplicación diferida, no es para que se vuelva a discutir la ley, sino para que se adapte su implementación”.
El ministro subrayó que “me parece que la discusión está planteada en un plano que no es en el que estamos. Cuando tenemos que aplicar una ley, aunque sea en diferido, nos preocupamos de aplicarla de la mejor manera posible”.
Por ello, fue enfático al señalar que “No está en la agenda del gobierno derogar lo aprobado ni postergar el corazón de esta medida tributaria, por lo tanto, no podemos estar improvisando la política fiscal”.
Más sobre IVA sobre el Servicio
“Este impuesto es la medida más importante para financiar la PGU”, dijo Marcel. De hecho, este año los ingresos por este impuesto cubrirán cerca del 60% del total de los mayores gastos que significa la Pensión Universal Garantizada (PGU).
La estimación de esta medida se basa en el último informe de gasto tributario elaborado por el SII, donde se estima la pérdida de recaudación del IVA por servicios exentos o no gravados. Así, el monto asociado a esta medida se estima en $555.900 millones (en pesos de 2022).
Sin embargo, considerando que el aumento del IVA podría inducir un cambio en el comportamiento de los agentes, como consecuencia del incremento en el precio de los servicios sujetos a esta medida, se asume, como un supuesto conservador, que en el corto plazo el efecto sobre la recaudación corresponde al 80% de la cifra estimada y, asumiendo que estos ajustes se materializarían gradualmente en el tiempo, al 60% bajo el régimen.
Por lo tanto, Se estima una recaudación de $444.720 millones (en pesos de 2022) durante los primeros dos años de su entrada en vigencia y $333.540 millones (en pesos de 2022) bajo el régimen.
El gobierno, si se abriera a realizar modificaciones en el cobro del IVA al Servicio de Agua Potable Rural, queda exento del pago del IVA a los servicios. Para ello, enviará una factura durante enero.
En comisión, Senador Daniel Núñez (PC) solicitó convocar a una nueva sesión a los exministros de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Brione y Rodrigo Cerda, ya que esta propuesta fue votada y aprobada bajo la administración anterior.
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