En un punto de prensa del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a los mecanismos existentes para movilizar recursos en casos de catástrofe, las medidas que implementarán en el ámbito tributario y financiero respecto de los incendios que afectan a distintas zonas del país, y los antecedentes preliminares de la magnitud económica de los siniestros actuales.
El secretario de Estado recordó que se introdujeron una serie de modificaciones a la Ley de Presupuestos 2024 en base a los incendios y las inundaciones acontecidas el año pasado, y que permitirán enfrentar adecuadamente nuevos siniestros. En ese sentido, indicó que el Ministerio del Interior presidirá un comité que se conformará mañana para coordinar las ayudas tempranas a las personas damnificadas, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encargará de gestionar los planes y obras de reconstrucción.
También señaló que instituciones como los ministerios del Interior y Agricultura, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), están excluidas de recurrir a mecanismos competitivos para adjudicarse asignaciones presupuestarias y así facilitar la movilización de recursos. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas está facultado para intervenir infraestructura privada y cuenta con admisibilidad simplificada para la reconstrucción de inmuebles.
Además, la autoridad destacó la normativa que le permite a Senapred efectuar todas sus compras a través de una glosa con regularización posterior, es decir, la entidad no necesita autorización previa para efectuar compras de material y equipamiento ligados a la emergencia, y también recordó que los gobiernos regionales cuentan con una línea presupuestaria para tratar catástrofes.
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Medidas financieras y tributarias
En materia tributaria, el ministro Marcel informó que las donaciones provenientes del exterior están exentas de impuestos, gestión que está a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.
En cuanto a las obligaciones tributarias de particulares, el secretario de Hacienda anunció que las personas afectadas por el desastre tendrán una condonación automática de todos los recargos ligados a postergaciones de pagos. Asimismo, contarán con un mecanismo para informar pérdidas de inventario y para ajustar los avalúos de propiedades afectadas relacionadas con el pago del impuesto territorial, además de ampliaciones del plazo para declarar IVA, pagos provisionales mensuales y postergación del pago del impuesto territorial.
Por su parte, “BancoEstado activará inmediatamente todos los mecanismos de seguros y brindará apoyo comercial a personas y empresas, postergando los plazos de pagos de seis cuotas desde esta fecha para todos los créditos”, dijo. Con respecto a la implementación de ayudas económicas, particularmente aquellas relacionadas a compras de enseres y gastos de reconstrucción, el gobierno habilitará el Bolsillo Familiar Electrónico (BFM), aporte que se depositará directamente a las Cuentas RUT de los afectados.
Por otra parte, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) habilitó conocetuseguro.cl, sitio web a través del cual las personas damnificadas pueden consultar los seguros contratados asociados a sus comercios, empresas o viviendas.
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Balance económico de los daños
El ministro Marcel también se refirió a la magnitud de los daños que han provocado los incendios en la región de Valparaíso. Así, comparó las cifras actuales con los siniestros del año pasado, como los incendios forestales y las inundaciones provocadas por las lluvias en el centro y sur del país.
En ese sentido, informó que actualmente hay 3 mil viviendas dañadas, cifra superior a las 2.500 viviendas con pérdida total de los incendios de 2023 y las 2 mil viviendas totalmente dañadas de las inundaciones del pasado invierno. En total, estimó que los daños por destrucción de viviendas ascienden a cientos de millones de dólares.
Respecto del presupuesto disponible para cubrir los gastos ocasionados por la catástrofe, el secretario manifestó que “tenemos la capacidad suficiente para asignar los recursos que sean necesarios, tanto para atender la emergencia como para las ayudas posteriores y la reconstrucción, sin restricciones ni en lo cuantitativo ni en lo operacional”.
Finalmente, destacó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobaron donaciones de US$ 200 mil y US$ 250 mil, respectivamente, para atender la situación de emergencia en Chile y que, adicionalmente, el Estado activará el Fondo Nacional de Reconstrucción para que el sector privado pueda realizar aportes a los proyectos de reconstrucción una vez que se supere la catástrofe.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.