Se trata de una de las promesas más emblemáticas del gobierno plasmadas en el programa original de Apruebo Dignidad. Sin embargo, la apuesta no sólo ha causado el enfrentamiento interno entre el Socialismo Democrático y los sectores del ala izquierda de la coalición por la viabilidad financiera, el diseño y los beneficiarios de la medida, sino también ha obligado a una cuidadosa estrategia para bajar las expectativas en torno al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval de Estado (CAE) y crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

Luego de casi un año de que el Ministerio de Hacienda y de Educación comenzaran a estructurar la ingeniería financiera del proyecto, una de las debilidades del sistema actual creado durante el gobierno de Ricardo Lagos, el gobierno se comprometió este año a enviar la iniciativa luego de las Fiestas Patrias y antes de que el Presupuesto de La Nación ingrese el 30 de septiembre a tramitación legislativa.

Tanto en el gobierno como en la oposición existe coincidencia en que el sistema actual, que ha significado bajo riesgo y alta rentabilidad para el sistema bancario involucrado, y una pesada carga financiera para el Estado, debe modernizarse.

En medio de una espiral de deuda que se acumula año a año, el total de pasivos al cierre de 2023 llega a más de US$ 11.000 millones. El programa de gobierno de Apruebo Dignidad se comprometía a condonar universalmente la deuda del CAE, pero el proyecto que dará a conocer el gobierno estará lejos de concretar este anhelo.

El propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha puesto los bordes financieros para la propuesta y ha intentado bajar las expectativas. “La ayuda tendrá que ser a la escala de las posibilidades financieras del país y si hay que hacer un esfuerzo adicional, tiene que ser autocontenido, es decir, con recursos que se generen para ese propósito en particular”, ha dicho el secretario de Estado, quien fue el primero en poner el cerrojo a una condonación universal del CAE.

“No va a ser un gasto adicional para el Estado y no siendo un gasto adicional, tampoco les va a quitar espacio a otras prioridades”, añadió Marcel esta semana en El Mercurio, en lo que es una señal política a las presiones de la oposición, que ha pedido privilegiar otras demandas sociales.

Sin embargo, los bordes puestos por Hacienda también han friccionado la intención de parte de la coalición de dar una señal de universalidad en los beneficios del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y de condonación a los actuales morosos.

“Le vamos a ofrecer alternativas a todo el universo de personas que hoy día son deudores de crédito universitario y al mismo tiempo vamos a construir un sistema de financiamiento (…) tenemos la necesidad de equilibrar en nuestra propuesta tanto aquello que va a ayudar de manera muy concreta y precisa a quienes más lo necesitan, como también aquellos que han tenido trayectorias y comportamientos de pago correctos en el tiempo”, dijo la semana pasada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

Pese al hermetismo con que Educación y Hacienda han trabajado en el proyecto, ya existen líneas gruesas que serán incorporadas en el proyecto, como es sacar a la banca del financiamiento del nuevo sistema, y adoptar varios de los ejes contenidos en el proyecto de fin del CAE que envió el expresidente Sebastián Piñera y que hoy está en la Comisión de Educación del Congreso.

“Dicha iniciativa saca a la banca y radica en el Estado la administración del crédito, fija la tasa de interés en un 2%, establece una cuota máxima mensual de un 10% de la remuneración y la condonación luego de 15 años. Lo más probable es que la iniciativa del gobierno contendrá varios de estos aspectos, ofreciendo además alternativas para que los actuales deudores regularicen su situación. Tengo la convicción de que es necesaria una nueva modalidad de crédito, más conveniente para las familias y también para el Estado”, afirma el presidente del Senado e integrante de la Comisión de Educación del Senado, José García Ruminot.

Según diversos conocedores de la propuesta que hará el gobierno, el proyecto establecería incentivos a la repactación por parte de los morosos y, por consiguiente, condonaciones parciales del CAE centradas en los deudores de menores ingresos y a quienes han pagado regularmente. También una modernización del sistema de financiamiento a la educación superior que saca a la banca privada del negocio y que en régimen no involucrará mayores recursos para el Fisco de los que ya destina. Adicionalmente, establecería una suerte de impuesto contingente a los ingresos del deudor y un mecanismo de cobro mucho más eficiente y directo del que hoy existe.

En medio de los anuncios de condonación del CAE, más de 540 mil personas dejaron de pagarlo en 2023, con lo que la morosidad entre los egresados (con tres o más cuotas impagas) pasó en los últimos siete años del 29% al 54%, con el respectivo aumento de las garantías ejecutadas y una mayor “mochila” para el Fisco.

Para el diputado PS e integrante de la Comisión de Educación, Juan Santana, el proyecto debe ser una respuesta al problema que ha significado el CAE como carga económica para las familias y también debe proponer un nuevo método de financiamiento.

Santana repara que el problema del CAE no es, a su juicio, una política para privilegiados, como se ha querido instalar. “El 50% de quienes han optado por el CAE proviene de los dos primeros quintiles y, de quienes se encuentran en etapa de pago, un 26%, casi 230 mil personas, no alcanza más de $250 mil en sus ingresos. Siendo esta la realidad, lo que sigue es de toda lógica: el proyecto debe priorizar a los sectores más vulnerables que llevan esta pesada mochila en sus espaldas. Para dichos sectores debiese existir condonación, sin matices ni titubeos”, reclama el parlamentario, quien cree que esto también debe beneficiar a quienes ya han cumplido con su obligación y pago del crédito.

“Así, que el sistema considere su propia subsistencia, sin recurrir a recursos de privados que cobren intereses, por ejemplo, pero que al mismo tiempo les dé a los estudiantes un trato justo, que no se les obligue a pagar de más y que considere contingencias como la falta de empleabilidad o los ingresos recibidos al egresar, es algo que podríamos esperar de un sistema educativo distinto”, concluye el diputado.

Fuentes parlamentarias que conocen los ejes del proyecto confidencian que la idea es contactar a todos los deudores del CAE y ofrecerles una reprogramación de sus pasivos con la promesa de condonar intereses de la deuda, por ejemplo. “Si el deudor hoy paga, por ejemplo, $50 mil y no ha sido capaz de pagar regularmente, el Fisco le propondrá a la persona una cifra menor que sea viable de pagar. Le dirá: ‘Pague lo que usted pueda, pero pague’. Es ahí donde está la esperanza de obtener una recaudación que hoy no se está obteniendo. Se puede lograr el círculo virtuoso de que los que comienzan nuevamente a pagar su crédito terminen financiando el crédito de los nuevos estudiantes que ingresen a la educación superior”, explica la misma fuente, quien reconoce que hay conciencia en el gobierno de que hay una parte del actual stock de deuda que es casi incobrable.

Un parlamentario, que pidió el anonimato, también estima que el proyecto también debería proponer una fijación o regulación de aranceles de las instituciones educación superior, tal como hoy se hace con el sistema de gratuidad, aunque su implementación genera cuestionamientos por parte de las mismas universidades.

“Es difícil aplicar aranceles que sean parejos por carrera, porque las instituciones de educación superior tienen distintos énfasis y, por lo tanto, distintos costos. No es fácil resolver el tema. Sé que están pensando también disminuir el tiempo la duración de las carreras, porque eso también generaría un ahorro”, dice un parlamentario de oposición. Sin embargo, otros congresistas estiman como “improbable” que el gobierno incluya una disminución de las carreras en este proyecto, dada su complejidad de aplicación.

Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio, cree que el proyecto debe considerar una condonación con “un componente universal, en el sentido de beneficiar al universo completo de quienes hoy tienen deudas por estudiar” y estima como importante que la solución propuesta sea un alivio para quienes tienen bajos ingresos.

“Es importante que el proyecto ponga fin al CAE para nuevos estudiantes. Así, esperamos que se eliminen a los bancos privados del sistema de financiamiento de la educación superior”, complementa.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, piensa que el proyecto debería ser “neutro” desde el punto de vista fiscal y afirma que el diagnóstico para aplicar las medidas es crucial. “Lo clave no es la condición socioeconómica de la persona al momento de tomar el crédito, sino la que tiene al momento de comenzar a pagar. Tengo la impresión de que una parte importante de los que egresaron tienen una situación económica mejor que la que tenían al entrar a estudiar”, concluye el economista.

A pesar de los números que siguen poniendo a Evelyn Matthei en la cumbre de las preferencias presidenciales, Daniel Mansuy ve en la alcaldesa de Providencia una candidatura solitaria.

“¿Dónde están los mattheístas? ¿Quiénes son? No hay muchas respuestas a esa pregunta. Piñera tenía a los piñeristas, era transversal, porque había de todos los partidos. Ahora, la comparación es injusta, porque Piñera fue Presidente dos veces, y nadie espera que Matthei tenga el mismo capital político cuando todavía no ha ganado una elección presidencial. Pero tampoco veo un trabajo que se oriente en esa dirección, que sea visible”, dice.

Referente intelectual de la derecha, académico de la Universidad de los Andes e investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Mansuy ve con preocupación el estado actual de la oposición y es escéptico respecto de que este sector realmente tenga “hambre” de ganar una presidencial para la que debería estar bien posicionado. Y que eso le agrega más riesgo a las opciones de Matthei, cuyo enemigo interno -dice Mansuy- son los propios partidos de Chile Vamos.

¿La derecha ha encontrado el tono, tanto como conglomerado como fuerza opositora, después de que murió Piñera?

Creo que no. Obviamente, la muerte de Piñera produjo durante unos días y semanas esa sensación de ambiente especial, que está imbuido de una emoción muy fuerte. Pero después de eso, la derecha ha ido de tumbo en tumbo, y las derechas -lo digo en plural también- no han encontrado el tono, ni siquiera la manera de situar al Presidente Piñera. ¿Te acuerdas que en su minuto se habló de que la derecha se podría reconstruir a partir de la construcción del legado de Sebastián Piñera? Eso tampoco ha ocurrido. Pero no solo en ese plano, sino que en la manera de enfrentar al gobierno, de plantar banderas, de enfrentar los desafíos que tiene Chile, que al final es lo que los debería convocar. La derecha cumplió el último año un papel -después del partido de Chile- análogo al de la selección chilena. O sea, muy mal, pero realmente muy mal.

¿Por inactividad, falta de vocación de poder? ¿Sensación de que la elección está ganada?

Es sensación de que la elección está ganada, por un lado, pero sumado al hecho de que parece que no fuera tan grave perderla. Porque es evidente que en política nunca está nada ganado y que para la elección falta mucho tiempo y que, además, hay hitos entremedio, como la elección municipal, que te van a marcar la dinámica, pero es como si no…

Entonces, ¿es falta de vocación de poder?

Lo diría de otro modo: de hambre. No veo realmente ganas o entusiasmo por ir con todo a ganar esa elección. Para responder la pregunta más general, creo que falta articulación política en general. Lo que remite a una falta de liderazgo, obviamente. Si nos preguntan ¿en qué está la derecha hoy día? ¿Cuáles son sus dos temas? ¿Cuáles son sus liderazgos más visibles que estén poniendo esos temas? ¿Cobrándole cosas al gobierno? La verdad es que no hay. Y es verdad que hay una candidata, pero las candidatas necesitan coro. Y coro significa un grupo de parlamentarios, dirigentes, que estén sosteniendo esa candidatura. Y eso tampoco hay. No hay una articulación institucional que permita enfrentar con algo de optimismo lo que viene, sabiendo que lo importante es poder gobernar y lo difícil que es hacerlo, especialmente para la derecha.

¿Y cómo se condice esta falta de hambre con el hecho de que la ve confiada en sus opciones presidenciales? ¿No es un contrasentido?

Es que por un lado está confiada, pero equivocadamente confiada, porque pueden pasar muchas cosas, pero es una confianza que tampoco alimenta círculos virtuosos políticos. Hay una consolidación en torno a la candidatura que se ve más promisoria, que es la alcaldesa de Providencia, pero es una confianza que no da resultados políticos, no consolida equipos, no transmite seguridad. Aquí hay una confianza que está fundada en una cosa muy rara, que es como que “nos toca”.

Una cosa medio light…

Una cosa medio light y medio pendular, que te remite después al problema de gobernar. Si sólo vas a ganar porque te toca, o sea, porque más perdió la izquierda que ganó la derecha, después la pregunta es qué se hace el 11 de marzo del 2026. Y esa es la pregunta que debería inquietar más.

¿La derecha está preparada para las dos cosas? ¿Para ganar y para gobernar?

Mi sensación hoy día es que no está preparada ni para lo uno ni para lo otro. No está preparada para ganar, porque, como te decía antes, no tienen liderazgos políticos internos operando de cara a una candidatura exitosa, sino que lo veo todo más bien adormecido. Y para gobernar menos, porque esta es una verdad un poco dura, pero hay que decirla: no sé si la derecha ha sacado las lecciones de lo que fue el 18 de octubre y el fin del gobierno, y la última parte del gobierno de Sebastián Piñera.

¿Qué lecciones debería sacar de eso?

Dos tipos de lecciones. Una: ¿Por qué el país explotó el 18 de octubre? Yo condeno la violencia, pero hubo una dimensión social de la manifestación frente a la cual la derecha no puede guardar silencio. Y dos, creo que lo más duro para el gobierno de Sebastián Piñera no fue tanto el estallido social, sino la desafección de sus parlamentarios en el episodio de los retiros. Fue una derecha que, frente a unas circunstancias muy difíciles de crisis para su propio gobierno, dejó a su Presidente abandonado. ¿Qué te asegura a ti que en una crisis, en un futuro gobierno, la derecha no va a abandonar a su Presidente cuando siente que ya no le sirve? Uno de los hechos más graves de la historia política reciente chilena es que la derecha abandonó a su Presidente en el episodio de retiros. Lo dejó solo en el Parlamento, sin derecho a veto. Eso no se hace, simplemente. Entonces, ¿por qué la derecha lo hizo?

Ud. dice que la municipal va a marcar la dinámica política. Sin embargo, parece que se están poniendo el parche antes de la herida, porque la propia Evelyn Matthei ha dicho que la municipal no es un predictor.

Eso, tal como la frase de Guillermo Ramírez -que hace muy poco dijo que cualquier resultado que esté por arriba del piso bajo que tiene la derecha es un triunfo-, es un parche ante la herida. Están previendo un resultado que no va a ser tan bueno como el esperado, porque no se hizo el trabajo antes y están tratando de fijar un escenario que les permita decir: mire, no nos fue tan bien, pero igual nos fue bien. Pero la política no miente, y las caras de esa noche no nos van a engañar.

Si es que la izquierda mantiene la estantería con alguna alcaldía emblemática y una buena votación de Vodanovic, podría no tener caras tan largas esa noche. Y súmale otro factor, que es que la elección que mide a los partidos es la de concejales. Es probable que el Partido Republicano sea el partido más grande y que su caudal de votación sea igual al de todo Chile Vamos. Y, por tanto, se va a meter otro dato de presión, porque el Partido Republicano, si le va muy bien ese día, va a pasar por caja esa misma noche. Y, por tanto, el escenario político se puede reconfigurar.

¿Es muy anticipada la discusión presidencial que se instaló en la derecha?

Está bien anticipada, pero es natural, porque -salvo Rodolfo Carter- Chile Vamos no parece tener otros candidatos que quieran ir a competir. Evelyn Matthei ha querido mantener la distancia, en el sentido de que ha querido ser más alcaldesa que candidata. Pero los hechos a veces son más fuertes que las ganas. Lo que sí diría yo es que discutir de la primaria antes de la municipal es completamente descabellado. Porque probablemente la conclusión sea, después del resultado de la municipal, que es más interesante que haya una primaria competitiva, porque te lleva gente a votar, consolida una candidatura y da espacio.

En ese sentido, ¿le parece que la de Matthei es una candidatura que va sobreseguro? ¿Que está a firme?

No. Básicamente, por lo que decía antes: es una carrera larga. Y las carreras largas en política son muy peligrosas, porque pueden pasar muchas cosas entremedio. Matthei tiene muchas fortalezas, por cierto. Pero creo que ni siquiera ella piensa que es una candidatura segura. Ni internamente en Chile Vamos, ni después. Pueden pasar muchas cosas de aquí en adelante, sobre todo por lo siguiente. En Francia se suele decir que las elecciones presidenciales se juegan en torno a un tema, a un clivaje. Y que gana la elección el que logra poner el tema, el que logra rayar la cancha de la discusión. Hasta aquí la derecha no ha logrado poner temas relevantes en discusión, incluso en una coyuntura que alimenta sus ideas, como la seguridad y crecimiento.

En este escenario, ¿qué ideas representa Matthei hoy?

Ella tiene una personalidad y una identidad política claras, que todo el mundo conoce, que es parte de sus virtudes. Pero su candidatura no ha puesto ideas sobre la mesa. Lo que te dice su entorno es que están esperando la municipal y salir de la municipalidad. Es posible y legítimo, pero eso es arriesgado, porque si la municipal te cambia la dinámica, puede que sea muy tarde. Por no querer adelantarte mucho, también puedes llegar tarde.

¿Echa de menos que fuera más clara respecto de algunas ideas en esta etapa?

Yo lo puedo entender de parte de ella, no lo puedo entender de parte de la derecha. O sea, uno podría preparar el terreno, y eso significa, por ejemplo, que haya parlamentarios comprometidos con esa candidatura, fijando agenda. Porque hasta ahora se ve solo la candidatura, solitaria. Está conectada con los partidos, pero uno no ve un coro de gente trabajando para ese terreno.

En ese sentido, el 28 de octubre la alcaldesa no solo tendrá que plantear ideas, sino que también crear una articulación con los partidos.

Sí. Y todo esto en atención a la dinámica que nazca a partir de esa noche. Por eso yo creo que todas las estrategias políticas que son estáticas respecto del 28 de octubre son lecturas erradas. O que al menos habrán de ser corregidas. Porque esa noche van a pasar cosas que van a cambiar la dinámica y que te van a obligar a cambiar la estrategia.

¿Y la ve a ella con el liderazgo suficiente para hacer todo eso?

Es una buena pregunta. Yo creo que tiene las ganas y la experiencia para hacerlo. Pero creo que hoy Chile Vamos tiene problemas internos que hacen que esa pega sea muy difícil.

¿Chile Vamos es un lastre para la candidatura de Matthei?

Chile Vamos hoy día es un lastre, sin duda. O sea, hoy día el problema de la candidatura de Matthei se llama Chile Vamos. Son partidos desordenados, que tienen problemas, que no tienen demasiada unidad interna. Pero, al mismo tiempo, Matthei no puede hacer nada sin los partidos, porque no existe algo así como el mattheísmo. Algo a lo que recurría Piñera. Entonces, yo no dudo de su falta de liderazgo. Pero yo diría, ojo, este problema es grande. No veo a Chile Vamos consciente de la magnitud del desafío que viene, ni liderando una cosa que pueda proyectarse y que sirva para gobernar este país.

¿Cuánto le golpea a la derecha el “caso Audio” por la vinculación de Luis Hermosilla y Andrés Chadwick, y de ambos con el gobierno de Piñera? ¿Ve una postura clara respecto de esto?

Lo que pasa es que es muy difícil tenerla, porque no contamos con toda la información. Entonces, todo lo que uno diga hoy puede quedar mañana anulado, porque se filtró no sé qué conversación. Entonces, yo siento que mucha gente está esperando ver cómo decanta.

O pisando huevos, digamos.

Un poco pisando huevos. Exacto, porque esto puede ser largo. Dicho eso, sin perjuicio de que nuevas revelaciones podrían golpear a la izquierda, es evidente que hay un elefante en la habitación de la derecha y yo creo que ha sido equivocado el modo en que algunos dirigentes han enfrentado esto, porque -sin perjuicio de la presunción de inocencia y de que hay procesos en curso y sin perjuicio de que Andrés Chadwick no sea imputado de nada- esto no es un problema sólo jurídico, sino que también político, del que hay que hacerse cargo. Lo que más me extraña, lo digo con mucha responsabilidad, es el silencio de Andrés Chadwick, que es un dirigente político de primerísima línea, tanto por su papel en la historia de la UDI, como su papel de ministro del Interior en dos gobiernos sucesivos. Es raro que no haya una señal política de parte de él. A mí ese silencio me llama la atención políticamente, no jurídicamente.

¿Ese silencio perjudica a Chile Vamos?

Lo perjudica mucho, porque lo deja un poco de manos atadas. Le es muy difícil a la derecha actuar o decir algo después de ese silencio.

“El gobierno no va a tomar palco”. El lunes 9 -mientras el pleno extraordinario de la Corte Suprema abría un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, por los chats que revelaban favores mutuos con el penalista Luis Hermosilla-, La Moneda se concentró en dos comités políticos para tratar a fondo la crisis que estaba provocando el caso Audio en el Poder Judicial.

Ese día -a primera hora- el ministro Luis Cordero enfrentó ambas instancias con la decisión de no mirar el problema desde las tribunas y con una propuesta: enviar al Congreso la tan anhelada reforma al sistema de nombramiento de los jueces la primera quincena de octubre.

“La decisión fue tomar un rol. No quedarse en la pasividad, sino que encauzar, porque -por estos días- las instituciones están siendo las más afectadas”, dice una fuente de gobierno.

No era una postura en solitario ni de último minuto. La venía conversando desde hace rato con el Presidente Boric. Para La Moneda no era desconocida la decisión del ministro de hacer un cambio profundo al sistema de nombramientos del Poder Judicial, cosa que no había logrado ni Patricio Aylwin ni su ministro Francisco Cumplido a principios de los 90 -reforma de la que el secretario de Estado es un estudioso-.

Solo el año 97, en el gobierno de Eduardo Frei, se logró el sistema que rige hasta hoy y que se basa en la promoción de los integrantes de la Corte Suprema con la participación de los tres poderes del Estado. Pero desde esa fecha -hace 27 años- nadie lo ha podido cambiar. No lo hizo la administración Piñera con el ministro Hernán Larraín en 2021, ni menos los fallidos procesos constituyentes.

Las alarmas sobre la necesidad de dar un nuevo impulso se encendieron el año pasado, cuando el juez de garantía de Arica, Héctor Barraza, dio acceso a la identidad de testigos protegidos a la defensa de imputados que serían miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en esa región. Ahí, Cordero -por instrucción del Presidente- acusó al magistrado de posibles incumplimientos de deberes funcionarios y envió los antecedentes a la Corte Suprema, para que dirimiera las posibles sanciones. El juez, al final, resultó absuelto por la Corte de Apelaciones de esa ciudad.

El ministro -quien asumió en enero de 2023, tras la salida de Marcela Ríos– venía amplificando su postura en todas las tribunas. Pero, hasta ahora, sin piso.

De ahí que la crisis -con el caso Audio- se haya convertido en una inmejorable coyuntura para La Moneda, para reestructurar esa zona del Poder Judicial. Pero no solo eso. La decisión es hacerlo con un proyecto propio -a pesar de que hay una treintena de iniciativas dando vueltas-, para convertir a la administración Boric en la autora de esta inédita reforma. Esa sería su medalla.

Sobre esos cambios, Cordero iba a conversar el lunes -a las 9 de la mañana- con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, en una cita programada con anterioridad. Pero las revelaciones sobre Vivanco que se conocieron la noche del sábado tras la publicación de Ciper y la grave situación que se gatilló en dos frentes -el pleno de la Corte Suprema para ver el caso y el Congreso, por los anuncios de acusaciones constitucionales- cambiaron la agenda.

En el primer anillo del comité político -conformado por Carolina Tohá (Interior), Álvaro Elizalde (Segpres) y Camila Vallejo (Segegog)- no se oculta la preocupación por la profundidad de la crisis y su amplitud. Aunque tiene a su haber las lecciones que les dejó el caso Fundaciones.

Ese análisis fue el que se puso sobre la mesa en el comité político ampliado del lunes con los jefes de los partidos.

Ahí hubo concordancia en que las revelaciones no solo comprometen al Poder Judicial en su conjunto -en un momento clave en materia de seguridad, donde esas instituciones debieran contar con la mayor legitimidad para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia-, sino que golpea a la clase política en general en una suerte de “contaminación global”, si se adjunta el precedente del caso Convenios. Y, lo que es peor, en un año electoral.

“Estamos frente a una crisis que -si bien está claramente radicada en la derecha- impacta también a la clase política en su totalidad, y a instituciones tan relevantes como las de persecución criminal, en momentos en que tenemos prioridades en materia de seguridad. Por lo mismo, es clave salir de ella fortaleciendo a las instituciones, no debilitándolas. Y evitando acusaciones al voleo”, afirma el presidente del PPD, Jaime Quintana.

La mayor inquietud -según confiesan en Palacio- es el impacto en instituciones clave para la República, lo que obliga a tener una mirada más de Estado y menos de política coyuntural. De ahí que se haya optado por una fórmula para fortalecerlas: que la propia Corte Suprema sea la que adopte -en el caso de Vivanco y los otros jueces que están en la Comisión de Ética- las medidas y las sanciones que correspondan.

En este sentido fue bien valorado que Blanco -un ministro que hasta ahora había mantenido un bajo perfil en este tema- no solo haya citado el mismo domingo al pleno del máximo tribunal, sino que haya adelantado que se iba a tratar la situación de Vivanco, cosa que nunca había ocurrido.

“Con eso tomó el control de la situación”, dice una fuente de Palacio.

Esa actitud hizo que el Presidente -quien ha delegado este tema en su equipo- se desistiera de hacer uso de sus atribuciones constitucionales. Entre ellas, las tipificadas en el numeral 13 del artículo 32, que lo facultan para “velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial” y requerir de la Corte Suprema -si procede- que declare su mal comportamiento.

Y que tampoco echara mano a la establecida en el artículo 80 de la Constitución, que precisa que “la Corte Suprema, por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al Presidente de la República para su cumplimiento”.

La decisión del pleno permitió -según distintos análisis- que la crisis tomara un cauce por parte de la propia Corte Suprema.

A diferencia de lo sucedido el 17 de enero de 2003, con el acuerdo político transversal que se produjo entre el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira (UDI), para dar vuelta la página tras los escándalos provocados por los casos MOP-Gate y Coimas, la fórmula de la administración Boric no va por ese camino. Sí contempla enmiendas estructurales y puntuales. Entre ellas, el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y la regulación de los conflictos de interés.

“Desde el estallido del caso, la línea discursiva se ha mantenido invariable. Y apunta a la mejora de la legislación, al esclarecimiento total del caso Audio y a la aplicación de justicia y sanciones. En eso no se va a retroceder”, dice una fuente de gobierno.

La vía fue delineada por el propio Presidente el 15 de noviembre, un día después de que Ciper diera a conocer el contenido de la grabación, donde el abogado Luis Hermosilla -hasta ese minuto uno de los más prestigiados de la plaza- hablaba de supuestos pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en una reunión con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, y admitía que “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”.

Boric acababa de aterrizar en San Francisco (EE.UU.), donde iba a participar en un foro de la APEC, cuando marcó la línea a seguir con el siguiente posteó en su cuenta X: “Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda (…). Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”.

Y el 27 de agosto endureció su postura con un fuerte matiz político, cuando Hermosilla quedó recluido en la cárcel Santiago 1.

“Mandaron a prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Acá no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tienen que ser iguales para todos”, sentenció Boric, lo que desató una dura reacción de la defensa, advirtiendo que debían darse a conocer todos los chats que Hermosilla tuvo con fiscales y ministros.

La guerra estaba declarada.

Por eso, ese mismo día La Moneda ordenó un exhaustivo control interno. Envió a los ministros, subsecretarios y asesores una instrucción pidiéndoles revisar si habían tenido alguna comunicación por WhatsApp con Hermosilla.

Especial foco se puso en las comunicaciones que tuvo el jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, con Hermosilla, debido a que fue su representante legal en el caso Convenios entre fundaciones y reparticiones del Estado. El vínculo terminó en noviembre del año pasado, una vez que estalló el caso Audio.

No fue el único rastreo. El primero -más superficial- se hizo en noviembre del año pasado, cuando se filtró la grabación.

En La Moneda se asegura que no han tenido reportes de intercambios de mensajes entre ministros y el penalista. Pero que igual se mantiene atenta la mirada a los chats -hay un millón de páginas en total- que va a revelar la defensa, encabezada por Juan Pablo Hermosilla, en las próximas semanas.

Para una mayor inspección se crearon grupos de análisis para monitorear hallazgos y hacer frente a la contingencia.

En los partidos del oficialismo tampoco se observa viable un acuerdo de las características del 2003. Menos aún aparecer en una foto levantando las manos tras el logro de un consenso.

“La ciudadanía ya no está para ese tipo de acuerdos, que generan la sensación de que se está escondiendo la suciedad bajo la alfombra. Lo que se nos exige es un alto estándar de probidad y transparencia. Y ahí hay que actuar en dos direcciones: buscar justicia y verdad y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir, haciendo todas las modificaciones que sean necesarias”, afirma Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.

En el socialismo el análisis es similar. Su presidenta Paulina Vodanovic afirma que “la solución del avestruz aquí no cabe. No podemos repetir el bochorno de las clases de ética. Hay que buscar fórmulas para fortalecer la institucionalidad, partiendo por revisar el sistema de nombramientos, los conflictos de interés y los estándares en probidad y transparencia”.

En paralelo, el mayor temor de La Moneda es que el caso termine golpeando la agenda de gobierno y, con ello, reformas estrella para la administración Boric, como la previsional.

No solo por las rencillas entre oposición y oficialismo que han generado estas revelaciones, sino que también por el uso del tiempo legislativo en la tramitación y aprobación de las acusaciones constitucionales que se están levantando en contra de Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Mario Carroza y Sergio Muñoz, todos jueces de la Suprema, en medio de una campaña electoral, tal como lo advirtió el ministro Cordero.

Una encrucijada contra el tiempo que también afecta al máximo tribunal, que aspira a zanjar la situación que afecta a sus jueces antes que el Parlamento le gane la partida.