En una votación que marca un giro en la legislación penal portuguesa, el Parlamento aprobó este martes una enmienda al Código Penal que permitirá retirar la nacionalidad portuguesa a personas condenadas por delitos graves.
La propuesta, presentada por la coalición conservadora liderada por Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro luis montenegrofue apoyado por el CDS-Partido Popularel partido de extrema derecha Chega y formación liberal Iniciativa liberal.
Con 157 votos a favor y 64 en contrala norma logró una amplia mayoría -superior a los dos tercios de la Cámara- y autoriza a los magistrados a imponer la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria a quienes hayan sido condenados a pena de prisión efectiva de cuatro años o más.
Según el texto legal, la medida Sólo se aplicará en casos de personas con doble nacionalidad y que han adquirido a los portugueses en los últimos diez años. Con esto se busca evitar que alguien se encuentre en condición de apátrida.
“Toda persona condenada a la pérdida de la nacionalidad como pena accesoria (…) sólo podrá solicitar su recuperación diez años después de la extinción de sus antecedentes penales”, establece la nueva norma.
El cambio fue interpretado por sectores opositores como una concesión del PSD al partido de extrema derecha Chegaque buscaba que la pérdida de la nacionalidad era automático, duraría 20 años y no dependía de la decisión de un juez.
Posibles desafíos
Él Primer Ministro Luis Montenegro defendió la iniciativa tras la votación, destacando que era “aprobado por más del 70% de los diputadosy que refleja “la voluntad política del pueblo portugués”.
Preguntado sobre la posibilidad de que el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa o el Tribunal Constitucional bloquear la promulgación del decreto, el presidente respondió que su gobierno “Respetaremos cualquiera que sea tu decisión.“, aunque afirmó que existen “todas las razones para proceder a su promulgación”.
Montenegro también se refirió al papel de la extrema derecha en la aprobación de la ley, asegurando que su administración “se siente no sólo cómoda, sino obligada a legislar para resolver los problemas específicos de los ciudadanos, independientemente de los carteles o etiquetas del partido”.
Un cambio controvertido
La iniciativa ha generado polémica en el país. Él Partido Socialista (PS) -ahora en la oposición- advirtió que la reforma abre la puerta al uso discriminatorio de la pérdida de nacionalidadespecialmente contra los inmigrantes naturalizados.
Juristas y organizaciones de derechos humanos también han señalado que el endurecimiento de la legislación podría violar principios básicos del derecho internacional, que restringe la posibilidad de retirar la nacionalidad de forma punitiva.
Si lo promulga el presidente Marcelo Rebelo de SousaPortugal se sumaría a un pequeño grupo de países europeos -como Francia, el Reino Unido o Dinamarca- que permiten revocar la nacionalidad en casos de delitos gravesaunque la mayoría lo aplica principalmente en contextos de terrorismo o amenazas a la seguridad nacional.
Sin embargo, la nueva ley portuguesa extendería esa posibilidad a un espectro más amplio de delitosque ha reabierto el debate sobre los límites de las sanciones penales y la igualdad ante la ley de los ciudadanos naturalizados.