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Susana Jiménez: “Hay espacio para seguir perfeccionando el proyecto de ley”

Martina E. Galindez

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Las asociaciones empresariales se han mantenido atentas a la discusión de la reforma de las pensiones. Desde un inicio han mostrado una postura crítica hacia la idea original del gobierno y por ello ahora valoran el acuerdo político alcanzado en la Comisión de Trabajo del Senado con Chile Vamos. “Es importante haber mantenido el sistema después de que la izquierda y el gobierno se fueran con una propuesta muy refundacional”, dice la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez. Sin embargo, aunque apoya haber conseguido puntos de encuentro, plantea una serie de reparos al proyecto que espera se puedan incorporar en lo que queda de tramitación de la iniciativa.

Considerando cómo fueron las posiciones entre el gobierno y la oposición, ¿lo ve como un buen acuerdo?

-Valoro el esfuerzo que se hizo para llegar a un acuerdo porque, como todo acuerdo, hay que renunciar a muchas cosas y, por tanto, haber llegado a un acuerdo ya es un avance importante. Pero todavía hay posibles mejoras. Y eso es parte del proceso que aún queda.

En algún momento de la semana pasada la posibilidad de llegar a un acuerdo se puso tensa. Con lo conseguido ¿ve que todos ganan?

-Si cada uno se hubiera quedado en sus posiciones originales nunca hubiera habido un acuerdo. Entonces, aquí hubo una voluntad de llegar a un acuerdo que se manifiesta en que ambas posiciones renunciaron a su preferencia, lo que significa que para nadie es una propuesta perfecta y, por lo mismo, hay espacio para seguir perfeccionando la factura.

¿Cuáles son los puntos que destaca el empresariado?

-En primer lugar, resaltar que se llega a un acuerdo para aumentar la tasa de cotización, algo que es fundamental, porque no hay mejora de las pensiones si no es con más ahorro y que sea sostenible en el tiempo.

Lo segundo es que se fortalece el sistema de capitalización individual y con ello se profundiza el mercado de capitales. También, de alguna manera, es posible mantener la estructura actual del sistema, porque los problemas de las bajas pensiones tienen más que ver con buenos diseños de políticas públicas. Las administradoras de fondos de pensiones han logrado rentabilizar los ahorros de la gente, por eso es importante haber mantenido este sistema después de que la izquierda y el gobierno comenzaron con una propuesta muy refundacional. Lo otro positivo es que se ha acordado un aumento de la UGP con cierta gradualidad.

¿Y cuáles son los principales temas que considera que deben mejorarse?

-Un tema que personalmente me preocupa es la participación del Estado en el sistema de pensiones. El hecho de que se entreguen competencias al Instituto de Seguridad Social podría suponer un riesgo cuando también se aprueben las licitaciones. El comité técnico siempre apoyó las licitaciones, pero no acompañado de una entidad estatal. Aunque no estás involucrado con un inversionista estatal, eres un administrador de cuentas, y eso tiene el riesgo de comenzar a monopolizar esa parte de la industria y luego llevar a una participación aún mayor.

Respecto a la participación del Estado, ¿qué le preocupa?

-Me preocupa esa combinación de participación del Estado con licitación. Con lo que proponen pueden llegar a ser gestores muy importantes de administración de cuentas, porque ahí, el siguiente paso, es que también haya un inversionista público. Entonces se combinó lo que advirtió el comité técnico, que decía que actor público y licitación eran inconvenientes, ya que el actor público siempre podrá licitar apalancado en otros subsidios cruzados y terminar siendo un actor muy relevante en el mercado de capitales y que no es deseable.

¿Es mejor para usted no tener un actor público en ninguna instancia?

-No debería haber un actor público. Con todas las medidas que se están proponiendo y su mejora se podrá introducir más competencia en el sistema y crear más actores para incrementar el ahorro de las personas. Eso es lo que tenemos que buscar, porque me parece que detrás de esta idea hay más un objetivo político.

En su primera reacción, también advirtieron que, aunque están de acuerdo con la compensación entre hombres y mujeres, la propuesta implica un costo demasiado alto para el empleador, que no refleja el costo real de la compensación. ¿Qué quieres decir con esa afirmación?

-Si bien valoro que se busque un mecanismo de compensación para hombres y mujeres, se crea esta figura de un fondo en el que se hacen mayores aportes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, pero en un monto que supera con creces lo que se había discutido. Se había hablado del 0,5% y acabó sumándolo al seguro de invalidez, en el 2,5%. Hoy el seguro está en el 1,39% y, por tanto, estamos hablando de pasar del 0,5% al ​​1,12%. Hay un costo que paga el empleador que no está basado en los cálculos que se habían dado a conocer al público.

Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Y ese extra que no está fundamentado, ¿cuál podría ser el destino?

-No lo sé. Yo esperaría que esto se corrija en lo que queda del proceso, porque no está claro y eso es lo que se debe aclarar en la discusión.

Otra pregunta que plantearon fue si la gradualidad podría afectar al empleo. ¿No son suficientes 9 años?

-El tema de la gradualidad no tiene que ver sólo con si son 9 años más o menos. Aquí estamos hablando de un coste empresarial importante. Son 6 puntos por pensiones, más 2,5 puntos por seguros de invalidez y sobrevivencia, más este exceso de lo que cuesta la indemnización. Entonces, en un período de 9 años es bastante costoso y puede tener un impacto en el mercado laboral formal.

El Ministro de Hacienda dijo que la gradualidad se elevó de 6 a 9 años. ¿Qué sería óptimo para el PCC?

-Hay dos maneras de verlo. Uno, con la situación actual en la que tenemos una economía estancada, un mercado laboral debilitado, con altas tasas de desempleo, con alta informalidad, eso debería decirles, bueno, tal vez un plazo más largo, 12 años, hubiera sido mejor. , Por ejemplo.

La otra forma era haber establecido que la velocidad depende de esas variables de empleo y crecimiento, en el sentido de que el aumento del precio podría acelerarse en la medida en que el mercado laboral sea más fuerte, más dinámico y con mayor crecimiento económico. y frenarlo en la medida en que esas perspectivas no mejoren.

El gobierno dice que el aumento del aporte será a costa del empleador, pero economistas como Óscar Landerretche han señalado que quien paga es el que termina ganando menos y no es evidente que sea el empleador. ¿Cuál es tu análisis?

-Depende mucho del dinamismo de la economía. Si la economía continúa estancada, lo que probablemente termine sucediendo es que los ajustes salariales sean menores y el costo termine siendo compartido entre empleador y trabajador. Entonces, por supuesto, cualquier economista diría que a largo plazo es un costo compartido. Ahora, en el primer momento lo paga el empleador y por eso es tan importante la gradualidad, porque si le echas todo ese costo en poco tiempo al empleador, el ajuste puede que ya no sea a través de ajustes salariales menores, sino a través de menos contratación.

Otro aspecto que critican es la licitación de acciones de la cartera de los aportantes. ¿Por qué ve que la competencia no mejora?

-Nunca apoyamos la licitación de acciones. Primero, porque de alguna manera hay un tema de derechos de propiedad que se están viendo afectados, pero, además, una licitación lleva a que los postores tengan la comisión más baja como única variable incentivadora de la oferta, pero lo que no se ha dicho es que una comisión más baja resulta en un salario neto más alto para el trabajador, pero no en más ahorros para la jubilación. Y aquí la atención siempre debería haber estado en la rentabilidad. Esta propuesta tiene un fuerte impacto en las decisiones de inversión, que pueden generar menos rentabilidad.

¿Cómo hubiera sido el cambio para generar más habilidades?

-Si se quisieran más poderes se debería haber abordado el tema de las comisiones y cómo se estructuran. Por ejemplo, avanzar gradualmente hacia una comisión sobre el saldo, en lugar de sobre el flujo. Es decir, stocks en lugar de flujos. Y eventualmente ver la posibilidad de que entren nuevos participantes.

SUSANA JIMÉNEZ
Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

¿Los empresarios están más de acuerdo o en desacuerdo con esta reforma?

-En el mundo empresarial hay diversidad de opiniones. La decisión de llegar a un acuerdo es una decisión política. A nosotros lo que nos corresponde es alertar en aquellas cosas que se pueden mejorar porque para mí el acuerdo aún requiere un proceso de tramitación y donde estos puntos que hemos planteado son muy importantes que se amplíen y mejoren en los aspectos mencionados.

¿Con esta reforma cómo quedan las AFP dentro del sistema?

-Siguen siendo un actor relevante. Se introducen al sistema ciertas características que de alguna manera cambian el sistema actual basado en licitaciones, pero el aumento de los aportes va a la cuenta individual, por lo que siguen siendo un actor relevante y es importante que así sea, porque a lo largo de vez han demostrado que han gestionado y utilizado bien los ahorros de la gente. Sin embargo, el análisis final habrá que hacerlo en función de cómo se resuelvan algunos temas que he planteado, entre ellos, si vamos a terminar con un actor estatal y con una licitación, la perspectiva cambia.

El Fondo de Seguridad Social se registrará separadamente del Gobierno Central, y no se consolidará en el Tesoro Público, quedando como un pasivo contingente. ¿Qué opinas de esa fórmula?

-Hay que poner todas las salvaguardas para que este fondo sea sostenible en el tiempo. Primero, para que esos recursos regresen a los contribuyentes y también porque detrás de ello hay un eventual y muy probable aumento de la deuda pública. Entonces, lo que nos preocupa es la sostenibilidad fiscal.

¿No cree que el proyecto es fiscalmente sostenible?

-Si se miran los análisis financieros hay un costo mayor, por un lado, por lo que significa para el Tesoro en términos de mayores gastos por el aumento de la PGU, los mayores aportes de sus propios funcionarios. A esto se suma la creación de este fondo y el marco institucional. Todo esto son unos 3.000 millones de dólares de gasto, pero, además, se suman los menores ingresos recibidos, que rondan los 2.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que el régimen actual tiene un diferencial cercano a los 5 mil millones de dólares respecto al que existe hoy. Evidentemente, aquí hay un riesgo de sostenibilidad fiscal que tiene que estar muy bien calculado y muy bien registrado, porque más allá de que la contabilidad de este fondo sea como un pasivo contingente, lo que llaman debajo de la línea, no deja de ser un pasivo público. deuda. .

El financiamiento del PGU depende exclusivamente de los ingresos provenientes de la ley de cumplimiento tributario, lo cual ha sido ampliamente cuestionado. ¿Debería prestarse atención a esto en el debate legislativo?

-Es positivo que no sólo se haya gradual el aumento de la PGU, sino también una revisión quinquenal en la que participa el Consejo Fiscal Autónomo, precisamente tomando en cuenta las proyecciones fiscales. Eso es algo relevante a resaltar, porque si no se acordaba algo respecto del PGU siempre existía el riesgo de que, sobre todo en año electoral, partiéramos con propuestas populistas de aumentos futuros y le dejáramos el déficit fiscal a otro gobierno.

¿Qué le faltaba a esta reforma?

-El aumento de la edad de jubilación. Estamos llegando a un punto en el que tenemos la edad de jubilación más baja de la OCDE y una de las esperanzas de vida más altas. Por lo tanto, los chilenos al final serán quienes tendrán que financiar más años de jubilación en toda la OCDE. Un dato que refleja cómo se mueve el mundo: 23 de los 38 países de la OCDE planean aumentar su edad de jubilación o ya lo han hecho. Y en eso estamos rezagados. Es tan evidente que nos hemos quedado atrás en comparación con el resto del mundo al que miramos y con el que nos comparamos. Parece incomprensible que no fuera parte de esta reforma.

En la visión que presentó el PCC, ¿existe un consenso mayoritario entre los sindicatos del PCC?

-Hay matices, pero en términos generales esto es lo que hemos podido discutir entre nosotros de momento con las conversaciones que hemos tenido internamente.