Tras exponer en comisión revisora: directora de Mejor Niñez afirma que “no se sostienen los fundamentos” de la acusación contra Jackson

Una nueva sesión de la comisión encargada de revisar la pertinencia de la acusación constitucional contra el Ministro de Desarrollo Social, giorgio jackson tuvo lugar este lunes en la Cámara de Diputados.

Esta es la segunda sesión en la que los diputados integrantes -tres oficialistas y dos opositores- recibieron invitados que expusieron antecedentes y argumentos a favor y en contra de la calumnia presentada por el partido Republicano.

La semana pasada, el cuerpo legislativo escuchó la exsecretaria de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien acusó de “presiones” del gobierno para aprobar proyectos que ella no compartió cuando se desempeñaba como funcionaria de cartera, lo que desencadenó que los republicanos impulsaran acciones contra la militante de la Revolución Democrática (RD). “Fui víctima de una operación política de abuso, de abuso de poder.”, dijo Hidalgo en aquella oportunidad.

En la sesión del lunes, en tanto, la primera en intervenir fue la directora del Servicio Nacional para la Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia -o Mejor Infancia-, gabriela muñoz.

Y es que en el capítulo tercero de la acusación constitucional, los firmantes acusan a la Secretaría de Estado de dejar sin ejecución la Ley N° 21.302, que crea el servicio, por “no implementar en tiempo y forma en materia de atención a los niños gravemente vulnerados”. en tus derechos”.

Señalan, en concreto, una supuesta responsabilidad de Jackson por la invalidación de un concurso público de Mejor Niñez sobre programas de intervenciones de reparación ambulatoria, diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos y peritajes a favor de niños y adolescentes gravemente vulnerados. en sus derechos.

Ante este escenario, luego de terminar su exposición y retirarse de la sesión, la directora de Mejor Niñez asumió la responsabilidad de las decisiones que adopte el servicio -en alusión al cargo que ocupa-, incluido el proceso de nulidad del concurso público.

En ese contexto, afirmó que -a su juicio- no se sustentan los fundamentos contenidos en la acusación constitucional contra Jackson.

“Efectivamente, desde nuestro punto de vista, los fundamentos contra el Ministro Jackson no son compatibles.. Todas las responsabilidades de la competencia se ubican en la dirección del servicio que se descentraliza”, señaló Muñoz.

“Pero también para garantizar que la decisión del proceso de nulidad proteja la atención de todos los niños, niñas y adolescentes de los proyectos en todo Chile”, agregó.

Y además de insistir en que la atención está garantizada y mencionar que atienden a “120 mil niños y adolescentes”, reconoció que “el concurso dos, que es el concurso que aquí se reseña, en realidad tenía en su mayoría proyectos que se estaban desarrollando”. Sin embargo, señaló que “estos continuaron en todo el país”.

A continuación, Muñoz explicó que el proceso de nulidad de ofertas consiste en evaluar antecedentes, entre los que pueden existir alegaciones, para determinar si es necesario invalidar total o parcialmente la oferta.

“Mientras esto se desarrolla, lo que hacemos es dar continuidad, ya sea con organizaciones colaboradoras que estaban ejecutando los proyectos o con nuevos adjudicados, si era imposible, digamos, que las organizaciones que estaban desarrollando pudieran continuar. Lo garantizamos en el 100% de los proyectos”, remarcó.

Durante su presentación ante la comisión revisora, Muñoz fue enfática en expresar su responsabilidad frente a las decisiones adoptadas por Mejor Niñez.

“Este es un servicio descentralizado, por lo tanto todas las responsabilidades de las decisiones del servicio son mías.él declaró.

“Lo he dicho en todas las instancias, asumiendo el costo que esto puede significar y obviamente tomando las medidas disciplinarias que cualquier decisión de esta naturaleza contempla. También cuento con un equipo que se encarga de la gestión interna del servicio, pero las responsabilidades son mias”, remarcó la autoridad.

Luego comentó que luego de tomar la decisión de invalidar la licitación, “se lo comuniqué al ministro y a su equipo, y lo que hizo el ministro obviamente fue expresar su preocupación, preguntarme por qué pasó, cuáles fueron los errores que estoy teniendo”. a la vista, si puede haber delitos de por medio”, y aseguró que se trata de “errores administrativos de carácter técnico”.

“Obviamente estaba preocupado por la continuidad de la atención”, dijo y agregó que “lo que hizo el ministerio fue apoyar esta decisión ante los antecedentes que teníamos a la vista”.

En el libelo, los firmantes acusan que la invalidación, además de dejar a la deriva a los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en listas de espera, “agrava” esta situación, por la demora que implica iniciar un nuevo proceso.

Ante esto, la directora de Mejor Niñez, además de insistir en su responsabilidad en el proceso de invalidación, descartó que dicha acción incremente las listas de espera.

“Este inicio del proceso de invalidación no aumenta la lista de espera, sí retrasa la ejecución de 33 nuevos proyectos y garantiza la continuidad de la operación de los proyectos que venían atendiendo a más de 14.000 niños.explicó Muñoz.

Además, a la sesión de este lunes se invitó a distintos abogados a dar su visión desde el poder judicial sobre la difamación.

El primero en intervenir fue mortero de soledadquien indicó que se debe “revisar” la Constitución vigente, específicamente en su artículo 19, numeral 8 -que consagra “el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”- porque, a juicio del profesional, “entra en una coalición con las actividades económicas lícitas y el derecho a la propiedad.” “El Estado debe encontrar un equilibrio para que ambos derechos puedan coexistir”, aseguró.

Seguidamente, repasó la Ley N° 19.300, que establece las bases generales para la protección del medio ambiente, indicando que con este cuerpo legal “se quiso proteger la probidad administrativa”.

En esa línea, indicó Mortera, si hay “faltas en las que pueda haber una interferencia en las decisiones de recomendaciones técnicas, y una calificación pasa con meros argumentos políticos y que pueden afectar la probidad administrativa, podemos acudir a los tribunales de justicia”.

ricardo irarrazabalabogado experto en recursos naturales, fue otro de los invitados para exponer su visión de la persecución en materia jurídica.

Luego de dar cuenta de los principales lineamientos de la Ley N° 19.300, señaló que “sería bueno poder definir qué es un instructivo”, respecto a las presiones denunciadas por la ex Seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana.

El jurista afirmó que “el problema surge cuando la instrucción es gravable, y cuando el cargo es político -como el seremi-, la instrucción es política”.

En ese contexto, argumentó que “si un subsecretario destituye a un seremi por no ir a una comisión evaluadora, está bien. Lo que no corresponde es una desvinculación, basada en la lógica política, porque no se cumplió una decisión que fue impuesta por los superiores. Eso es lo que debe aclararse en esta comisión”.

El académico y exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo NamuncuraEn tanto, fue enfático en su discurso y lanzó duras críticas a la Cámara de Diputados.

En primer lugar, afirmó que “el documento acusatorio denota una carencia histórica muy importante y de comprensión de cómo ha sido la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en los últimos 32 años en que recuperamos la democracia, y exhorto a los firmantes para estudiarlo”.

A continuación, hizo una reflexión aún más severa, lanzando sus dardos hacia la Corporación en general, señalando que “la Cámara tiene una función fiscalizadora que tiene un valor importante, pero siempre y cuando la función cumpla en todos los sentidos”.

“Tras conocerse la conducta indecorosa e inaceptable de los parlamentarios en la cámara, el país aún desconoce las sanciones éticas necesarias. ¿Con qué autoridad moral podemos decirle a la nación que debe ser acusado un ministro -que está lejos de haber cumplido con sus deberes morales- si no nos compartimos con el mismo celo?”, espetó Namuncura.

La comisión, al término de la sesión de hoy -y tras casi ocho horas de intervenciones-, acordó continuar el debate el martes, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

En esa ocasión, se escuchará a los abogados domingo lovera, Miguel Ángel Valdivia Y Ximena Insunzaquien reemplazará a Ezio Costa.

Una vez finalizada la sesión de mañana, la secretaría elaborará un informe sobre la pertinencia de la acusación constitucional contra Jackson, que se votará el miércoles para ser enviado a la Cámara de Diputados. El documento, sí. no es vinculantesino una recomendación al pleno de la Corporación.