Álvaro Clarke y ley corta: “El cálculo de la Superintendencia de Salud adolece de un error”

¿Cómo se originó su propuesta?

A partir de un estudio que encargó la isapre Banmédica a un grupo de académicos de la Escuela de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile. En concreto, la propuesta la hicimos con David Díaz, José Luis Ruiz, Nicolás Martínez Alvear y Dieter Linneberg. Y es un estudio de Data Analysis donde se procesan miles de contratos con el fin de saber a cuánto ascendía la deuda. Así, reproducimos el cálculo de la Superintendencia de Salud y ahí nos dimos cuenta de un factor muy relevante.

¿Qué cosa? ¿Por eso terminan proponiendo otro cálculo?

En diciembre de 2019, cuando se establece la tabla única de factores, se indica que esta aplica hacia adelante, lo que trae un cambio importante en el mercado. Como ya no hay diferenciación entre sexos, caen los precios de los planes de mujeres y suben los de hombres, porque ellos están colaborando para financiar las primas de muchas prestaciones que solo eran carga de mujeres. Lo que ocurre en definitiva es que no diferencia entre hombre y mujer, entonces, obviamente el precio base sube, porque corresponde a uno mixto. Después viene el pronunciamiento de la Corte Suprema que dice que el precio final de todos los contratos de salud corresponde a la multiplicación del precio del valor base por la suma de factores del grupo familiar, aplicando para ello la tabla única de factores. Ahí ocurre un problema.

¿Cuál?

Lo que hace la Superintendencia de Salud es interpretar este mandato con el valor del precio base de los hombres. Cuando se implementó la tabla única no había precio base diferenciado, sino que había uno solo. Por ende, el único compatible es el mixto, y es que además, al usar el de hombres quedan afuera varias prestaciones que estaban en el precio base de las mujeres, como la prima de maternidad.

¿Qué implicancia tiene esto?

Aquí se da una situación muy compleja, porque las isapres habían hecho su parte del contrato. Por ejemplo, habían muchas beneficiarias de las aseguradoras que en ese periodo habían ido a la clínica y habían realizado todo el proceso que está relacionado a la maternidad y las aseguradoras le habían dado cobertura a todas esas prestaciones. Entonces, no se puede solicitar la devolución de esas prestaciones. Por eso el cálculo original de la superintendencia es más alto. Este es un ejemplo porque hay otros casos similares.

En resumen, ¿el cálculo que propone no incluye estas primas dentro del cálculo?

El fallo dice: hay que calcular el precio final de cada contrato multiplicando el valor del plan base correspondiente, por la suma de los factores del grupo familiar, aplicando para ello la tabla única de factores. Lo que decimos es que se utilice el precio base mixto, porque ahí sí se incluyen prestaciones que están en las primas de las mujeres.

Considerando que la deuda original era 1.400 millones de dólares y si se aplicara esta propuesta, ¿en cuánto quedaría?

El cálculo que se hizo en el trabajo fue hace un año y desde entonces la deuda ha crecido. En ese momento la deuda se reducía a 495 millones de dólares, similar al monto de la mutualización.

En las últimas semanas hay parlamentarios que están proponiendo que esta propuesta se incluya en la ley corta.

Tiene mucha lógica y es totalmente compatible con la aplicación de la tabla. Además le da continuidad lineal al sistema. Por eso, como equipo de trabajo la hemos presentado en distintas instancias y también se incluyó en el informe final elaborado por los expertos que convocó el Senado. Y tiene el espíritu de buscar solución a un problema que puede tener complicaciones grandes si no se resuelve de buena manera.

Desde el punto de vista económico y financiero, ¿qué implicancias podría tener que se utilice la fórmula que está ahora en el proyecto?

No parece una fórmula justa, en el sentido de que obliga a devolver primas que han tenido contraprestación efectiva, como es el caso de la maternidad. Si se aplica pueden ocurrir varias cosas, pero tal vez la más importante es que incrementa el riesgo de una crisis sistémica en el sector. Esta crisis financiera, que puede ser evitable, se puede transformar en una de salud. Es difícil medir la magnitud de ese riesgo porque no hay mucha información, pero es un factor que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hay fundadas dudas de que es el método de cálculo correcto.

¿Con su propuesta se podría reducir este riesgo?

Evidentemente se disminuye el riesgo, porque los montos bajan y bajan porque se reconocen que no se puede solicitar devolver primas que han sido entregadas. Además, aplicando este método, quedaría la sensación de que se resolvió de manera justa, en el sentido de que las isapres tendrán una cantidad importante de dinero, pero es lo que corresponde.

¿Es necesario tener otra fórmula de cálculo?

El cálculo de la Superintendencia de Salud adolece de un error y es que implica devolver todas las primas que tuvieron una contraprestación efectiva. Entonces, en ese caso la pregunta que surge es quién financia esas prestaciones que se realizaron.

¿Se ha reunido últimamente con alguna autoridad a raíz de esto?

No. Las reuniones que tuvimos fueron en instancias regulares, como en las comisiones de Salud.

¿Tampoco algún llamado durante los últimos meses?

No.

¿Y de los parlamentarios?

Algunos, pero no ahora, sino que cuando presentamos el estudio.

¿Quiénes?

Prefiero no entrar a especificar, pero fue bien transversal.