Este jueves arranca formalmente el trabajo de la comisión mixta para destrabar la ley corta de isapres, oportunidad a la que se llegó luego de que no hubiera acuerdo en los trámites anteriores tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En esta instancia, uno Un nudo clave que tendrá que destrabarse es cómo se deben calcular los cobros en exceso que las aseguradoras deben devolver a los afiliados, uno de los puntos que generan más discordia, especialmente porque los parlamentarios de oposición advierten que con la fórmula actual, el sistema enfrenta riesgos.
En ese contexto, los legisladores opositores insistirán con una propuesta conocida como el método de la FEN (encargada por la isapre Banmédica y realizada por expertos que son académicos de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile), que ya se analizó durante la discusión en la Comisión de Salud del Senado. Y ahora, ya con la mutualización -que reducía la deuda de las isapres- descartada, es uno de los pocos mecanismos que se mantienen con vida. O que al menos no se han descartado del todo. Eso sí, tanto los parlamentarios oficialistas como el Ejecutivo han descartado esta opción, pues consideran que no es viable.
Con todo eso como contexto, Álvaro Clarke, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Casa de Bello y quien guió la elaboración del mentadoestudio, explica a La Tercera que la propuesta sí es una opción viable para incluir en el proyecto de ley. Además, el exsuperintendente de Valores y Seguros durante el gobierno de Ricardo Lagos y exsubsecretario de Hacienda con Eduardo Frei, alerta que el mecanismo que actualmente incluye la norma podría tener implicancias graves, como una crisis financiera y sanitaria.
¿Cómo se originó su propuesta?
A partir de un estudio que encargó la isapre Banmédica a un grupo de académicos de la Escuela de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile. En concreto, la propuesta la hicimos con David Díaz, José Luis Ruiz, Nicolás Martínez Alvear y Dieter Linneberg. Y es un estudio de Data Analysis donde se procesan miles de contratos con el fin de saber a cuánto ascendía la deuda. Así, reproducimos el cálculo de la Superintendencia de Salud y ahí nos dimos cuenta de un factor muy relevante.
¿Qué cosa? ¿Por eso terminan proponiendo otro cálculo?
En diciembre de 2019, cuando se establece la tabla única de factores, se indica que esta aplica hacia adelante, lo que trae un cambio importante en el mercado. Como ya no hay diferenciación entre sexos, caen los precios de los planes de mujeres y suben los de hombres, porque ellos están colaborando para financiar las primas de muchas prestaciones que solo eran carga de mujeres. Lo que ocurre en definitiva es que no diferencia entre hombre y mujer, entonces, obviamente el precio base sube, porque corresponde a uno mixto. Después viene el pronunciamiento de la Corte Suprema que dice que el precio final de todos los contratos de salud corresponde a la multiplicación del precio del valor base por la suma de factores del grupo familiar, aplicando para ello la tabla única de factores. Ahí ocurre un problema.
¿Cuál?
Lo que hace la Superintendencia de Salud es interpretar este mandato con el valor del precio base de los hombres. Cuando se implementó la tabla única no había precio base diferenciado, sino que había uno solo. Por ende, el único compatible es el mixto, y es que además, al usar el de hombres quedan afuera varias prestaciones que estaban en el precio base de las mujeres, como la prima de maternidad.
¿Qué implicancia tiene esto?
Aquí se da una situación muy compleja, porque las isapres habían hecho su parte del contrato. Por ejemplo, habían muchas beneficiarias de las aseguradoras que en ese periodo habían ido a la clínica y habían realizado todo el proceso que está relacionado a la maternidad y las aseguradoras le habían dado cobertura a todas esas prestaciones. Entonces, no se puede solicitar la devolución de esas prestaciones. Por eso el cálculo original de la superintendencia es más alto. Este es un ejemplo porque hay otros casos similares.
En resumen, ¿el cálculo que propone no incluye estas primas dentro del cálculo?
El fallo dice: hay que calcular el precio final de cada contrato multiplicando el valor del plan base correspondiente, por la suma de los factores del grupo familiar, aplicando para ello la tabla única de factores. Lo que decimos es que se utilice el precio base mixto, porque ahí sí se incluyen prestaciones que están en las primas de las mujeres.
Considerando que la deuda original era 1.400 millones de dólares y si se aplicara esta propuesta, ¿en cuánto quedaría?
El cálculo que se hizo en el trabajo fue hace un año y desde entonces la deuda ha crecido. En ese momento la deuda se reducía a 495 millones de dólares, similar al monto de la mutualización.
En las últimas semanas hay parlamentarios que están proponiendo que esta propuesta se incluya en la ley corta.
Tiene mucha lógica y es totalmente compatible con la aplicación de la tabla. Además le da continuidad lineal al sistema. Por eso, como equipo de trabajo la hemos presentado en distintas instancias y también se incluyó en el informe final elaborado por los expertos que convocó el Senado. Y tiene el espíritu de buscar solución a un problema que puede tener complicaciones grandes si no se resuelve de buena manera.
Desde el punto de vista económico y financiero, ¿qué implicancias podría tener que se utilice la fórmula que está ahora en el proyecto?
No parece una fórmula justa, en el sentido de que obliga a devolver primas que han tenido contraprestación efectiva, como es el caso de la maternidad. Si se aplica pueden ocurrir varias cosas, pero tal vez la más importante es que incrementa el riesgo de una crisis sistémica en el sector. Esta crisis financiera, que puede ser evitable, se puede transformar en una de salud. Es difícil medir la magnitud de ese riesgo porque no hay mucha información, pero es un factor que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hay fundadas dudas de que es el método de cálculo correcto.
¿Con su propuesta se podría reducir este riesgo?
Evidentemente se disminuye el riesgo, porque los montos bajan y bajan porque se reconocen que no se puede solicitar devolver primas que han sido entregadas. Además, aplicando este método, quedaría la sensación de que se resolvió de manera justa, en el sentido de que las isapres tendrán una cantidad importante de dinero, pero es lo que corresponde.
¿Es necesario tener otra fórmula de cálculo?
El cálculo de la Superintendencia de Salud adolece de un error y es que implica devolver todas las primas que tuvieron una contraprestación efectiva. Entonces, en ese caso la pregunta que surge es quién financia esas prestaciones que se realizaron.
¿Se ha reunido últimamente con alguna autoridad a raíz de esto?
No. Las reuniones que tuvimos fueron en instancias regulares, como en las comisiones de Salud.
¿Tampoco algún llamado durante los últimos meses?
No.
¿Y de los parlamentarios?
Algunos, pero no ahora, sino que cuando presentamos el estudio.
¿Quiénes?
Prefiero no entrar a especificar, pero fue bien transversal.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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