Gaetano Canio Corbo Lioi será el nuevo presidente de Agrosuper, la mayor compañía de carne de ave y cerdo y uno de los mayores grupo alimentarios del país.
Más conocido por su segundo nombre, Canio Corbo, quien el próximo 25 de mayo cumple 89 años, será quien reemplazará en el cargo al fundador de Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, fallecido el pasado 30 de enero.
La elección de Corbo se produce luego de que el pasado martes, la junta ordinaria de accionistas de la empresa decidiera reducir el número de directores de 10 a 9, eliminando el puesto que ocupaba su fundador.
Corbo es ingeniero civil, director de Agrosuper desde el 2010 y su última elección había sido en 2020. Hermano del expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, Canio es también miembro del directorio de Empresas AquaChile S.A., el brazo salmonero de Agrosuper, y de Empresas Santa Carolina (propiedad de la familia Larraín) y presidente de Inmobiliaria Manquehue (de la familia Rabat).
Fuentes cercanas a la empresa pensaban que quien tomaría el liderazgo de la mesa sería la mano derecha histórica de Vial, José Guzmán, quien fuera gerente general y vicepresidente del grupo. Agrosuper, además, es controlado en un 98% por la sociedad Promotora Doñihue Limitada, cuyo gerente general es Guzmán. Pero como señal de continuidad, Guzmán se mantendrá en la vicepresidencia.
“Reconociendo su contribución durante los periodos anteriores y conocimiento del negocio y la compañía, se ha decidido renovar a los actuales miembros del directorio privilegiando la continuidad de quienes han sido parte del gobierno corporativo de la empresa durante los últimos años”, explicó el martes la empresa en el hecho esencial donde informó de la decisión de su junta de accionistas de mantener a los mismos directores que venían del periodo anterior y sólo reducir el número de miembros de la mesa.
José Guzmán, vicepresidente de Agrosuper.
El directorio de Agrosuper para los próximos tres años queda integrado por los hijos del fundador María del Pilar Vial Concha, María José Vial Concha y Gonzalo Vial Concha, su yerno Andrés Vial Sánchez (esposo de su hija mayor María Cristina), su histórico colaborador Carlos José Guzmán Vial, acompañados de Verónica Edwards Guzmán (también directora de Icare, CMPC Tissue y Ripley Corp), Canio Corbo Lioi (también presidente de Empresas Pizarreño e Inmobiliaria Manquehue), Antonio Tuset Jorratt (exdirector de Banmédica y Eléctrica Pehuenche) y Juan Claro González (expresidente de la Sofofa y de la CPC, y hoy presidente de Embotelladora Andina y Energía Coyanco).
En abril de 2020, el directorio había crecido de seis a diez integrantes, ocasión en que las tres hijas mayores de Gonzalo Vial comenzaron a tener representación directa en Agrosuper. En esa oportunidad debutaron en la mesa María del Pilar (63) y María José Vial Concha (62). Por la mayor, María Cristina (65), entró su marido, Andrés Vial. Y en octubre del año pasado se produjo el ingreso de Gonzalo (61), su hijo menor y el único hombre.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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