En estos días han surgido columnas de opinión y crónicas sobre los devastadores efectos del estallido social de octubre de 2019 que acabamos de recordar. Entre estos efectos, más allá de la violencia y destrucción sin precedentes en nuestro país, cabe destacar dos procesos constituyentes fallidos, el primero de los cuales puso en jaque la estabilidad y el desarrollo que habíamos disfrutado en 29 años de democracia.
Más allá de la consideración de que las constituciones no pueden entregarse al capricho de gobernantes personalistas y autoritarios, ni a grupos temporales que dicen tener la auténtica representación del pueblo, hay que convenir en que el pacto social de convivencia debe equilibrar la tradición, el presente y una visión constructiva del futuro.
El proceso constituyente de los años 2021 y 2022, materializado en los debates y la propuesta de la Convención Constitucional, renunció a la tradición constitucional chilena, desdibujó el presente y pretendió condenarnos a un futuro que socavó el Estado de derecho y el ideal de una sana y fortalecida convivencia.
De hecho, el intento de dar forma a un proyecto contraidentitario asociado con un Estado plurinacional no podría estar más alejado del espíritu nacional.
Lo mismo puede decirse de la propuesta de jibarizar el Congreso Nacional, transformando el Senado en una cámara de las regiones que anuló su papel de contrapeso a la Cámara de Diputados. Asimismo, el desmantelamiento del sistema de justicia, obligado a convivir con la justicia indígena, generó una gran incertidumbre.
No podemos olvidar la obsesión por transformar al Tribunal Constitucional en un mero receptáculo del legislador sin posibilidad real de controlarlo, ya que debía presumir que sus actuaciones eran constitucionales.
Pero el 4 de septiembre de 2022 el pueblo chileno dio una gran lección: ejerció su derecho a la democracia acudiendo a las urnas para rechazar, por el 62% de los votos, un proyecto que nos condenaba a la oscuridad constitucional. Así, el derecho a seguir viviendo en una democracia con controles adecuados para proteger eficazmente los derechos de individuos y grupos siguió siendo una realidad.
Pero el derecho a la democracia no sólo se ejerció en las urnas, es decir en un sentido procesal, sino también desde un punto de vista sustantivo. Y el rechazo categórico al proyecto de Convención Constitucional significó la reafirmación del diseño institucional contemplado en la actual Carta Fundamental basado en el principio de separación de funciones del Estado con controles recíprocos y con órganos constitucionalmente autónomos que no bailan al compás de quienes ejercen el poder. Las recientes actuaciones de la Contraloría General de la República son prueba de ello.
Chile es, entonces, un Estado que puede mostrar con orgullo el ejercicio del derecho a la democracia que la Carta Democrática Interamericana asegura a los pueblos de América y que permite la convivencia armoniosa entre orden y libertad.
Por Marisol PeñaCentro de Justicia Constitucional UDD