Convención Constitucional en recta final: el pleno vota este sábado el último informe de la Comisión de Medio Ambiente

en su totalidad Recta final para que la Convención Constituyente entregue la propuesta final de la nueva Constitucióneste sábado, a partir de las 10:00 horas, el Pleno votará el último informe de segunda propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.

Esto, luego de la votación el pasado 7 de mayo del informe de los bloques de Bienes Naturales Comunes, Modelo Económico y Derecho Humano a un Medio Ambiente Saludable, donde los 17 artículos que fueron rechazados recibirán hoy una nueva oportunidad para ser incluidos en el borrador del texto constitucional.

Entre las normas que se debatirán hoy se encuentran lass asuntos mineros; estatuto constitucional de las aguas, marítimo, glaciares, criosfera, atmósfera, aire y cielos; modelo económico; y derechos humanos ambientales.

Las normas que durante esta jornada alcancen el quórum de 2/3 -103 votos-, se sumarían a las 29 que ya han recibido el visto bueno para pasar a la redacción de la nueva Carta Magna.

regulaciones mineras

Una de las normas más controvertidas de la Comisión fue el artículo 27, rechazado por el Pleno, que establecía que “el Estado desarrollará exclusivamente la actividad minera sobre hidrocarburos en estado líquido o gaseoso, litio y tierras raras. En el caso del cobre, el Estado explorará y explotará por sí mismo, pudiendo hacerlo en asocio con los particulares, salvaguardando siempre la participación mayoritaria del Estado”.

En su lugar, la Comisión aprobó una indicación que reemplaza este artículo, que define que las actividades mineras, tales como exploración, explotación o uso, deben ser autorizadas por los títulos administrativos definidos por la ley, mientras que sus beneficiarios estarían obligados a realizar las actividades respectivas.

agrega eso “Los títulos otorgados al amparo de la vigencia de esta Constitución serán temporales y sujetarán las actividades a que se refieren a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente señaladas.”.

La norma establece que estos títulos serán entregados mediante un procedimiento transparente e informado al público, por un organismo autónomo creado por ley.

“No habrá bienes sobre ellos, pero darán a sus beneficiarios los derechos y obligaciones que establezca la ley y el título respectivo”, agrega el artículo.

Sin embargo, por indicaciones de las constituyentes Ivanna Olivares y María Rivera, aún existe la posibilidad de que se apruebe la nacionalización de la minería.

Asimismo, hoy se votará un indicativo para sustituir el artículo 24 sobre zonas de exclusión de actividad minera, por el siguiente: “Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que establezca la ley por razones de protección hidrográfica y las demás que ésta declare.”, ya que el original también añadía las “áreas de origen de las cuencas hidrográficas”.

Sistema económico y política fiscal

En el bloque Modelo Económico, la Comisión reemplazó el artículo 38, sobre gasto público, por el siguiente: “El gasto público se orientará a asegurar la satisfacción de los derechos consagrados en esta Constitución, y al correcto funcionamiento de los organismos públicos que establecen la Constitución y las leyes”.

El artículo original también añadía que “El gasto público debe basarse en los principios de legalidad, responsabilidad fiscal, progresividad y no regresividad de los derechos sociales, transparencia, participación y control”.

En tanto, se aprobó la indicación para sustituir el artículo 40 sobre derechos del consumidor. En cambio, la nueva norma indica que “El Estado debe regular los procedimientos efectivos para la adecuada defensa y reparación de los derechos de los consumidores reconocidos por la ley”.

Consejo de Cuenca

Dentro del Estatuto Constitucional de Aguas, la única norma que fue rechazada la semana pasada por el pleno fue el artículo 5, relativo a la creación de un Consejo de Cuenca. Al respecto, la Comisión propuso sustituir la norma por la siguiente: “El Estado debe promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y el saneamiento, especialmente en las zonas y territorios rurales y extremos, de conformidad con la ley”.