El mensaje del contralor a los constituyentes: “La expectativa ciudadana y la certeza jurídica exigen que la nueva Constitución entre en vigencia en un plazo razonable”

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, viajó a Antofagastahacer una amplia exposición ante la comisión de Normas Transitorias de la Convención Constituyente, donde afirmó que “Las expectativas ciudadanas y la seguridad jurídica exigen que la nueva Constitución entre en vigor en un plazo razonable”.

Afirmó que para ello será necesario dictar una serie de normas legales que inciden en la administración del Estado, y adelantó que “De no ser promulgadas estas normas, sería plausible sostener que las normas legales y reglamentarias actualmente vigentes podrían adolecer de inconstitucionalidad sobrevenida o resultar inaplicables como consecuencia de la nueva realidad jurídica”.

Para evitar lo anterior, sugirió dos alternativas: la primera, encomendar al Congreso la expedición de las leyes que se requieran, dentro del plazo establecido en las disposiciones transitorias que la comisión proponga al Pleno.

Y la segunda tiene por objeto otorgar al Presidente de la República la facultad de dictar decretos con fuerza de ley adecuada (DFLA) de determinadas normas básicas de la administración del Estado en un plazo acotado, sujetándolo a límites y controles reforzados fijados por la Comisión de Normas Transitorias en régimen transitorio.

La DFLA debe limitarse a regular lo esencial para la adecuación a la nueva Constitución, excluyendo la creación de nuevos órganos o de órganos que no tengan un antecedente anterior a la Constitución.

Las leyes que deben ser objeto de adecuación son, según Bermúdez, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, los estatutos administrativos, la Ley de Bases de las Contrataciones Públicas, la Ley de probidad de la función pública y prevención de conflictos de interés, la Ley de Acceso a la Información Pública, las leyes de los órganos de la Administración del Estado y las leyes sobre administración financiera.